El Gobierno emitió un veto parcial técnico en la ley de financiamiento de las campañas

El Gobierno promulgó la nueva ley de financiamiento de las campañas políticas, la norma que les permitirá a las empresas donar fondos a los candidatos presidenciales de este año, con una "salvedad", una corrección oficial a la ley, de tipo técnico, que busca eliminar una de las restricciones que fijó la norma para los aportantes.

Según el decreto 388/2019, publicado hoy en el Boletín Oficial, la corrección "no altera el espíritu ni la unidad del proyecto de ley" sancionado por el Congreso.

En el artículo quinto, el texto de la ley de financiamiento político marca -entre otras restricciones- que los partidos políticos no podrán aceptar aportes o donaciones de personas humanas o jurídicas que se encuentren "imputadas en un proceso penal en trámite por cualquiera de las conductas previstas en la ley penal tributaria vigente" o que "sean sujetos demandados de un proceso en trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación por reclamo de deuda impositiva". El Gobierno corrigió el tramo vinculado al Tribunal Fiscal de la Nación.

El argumento que esgrimieron en el Gobierno para emitir la "observación" es de tipo técnico. "El Tribunal Fiscal de la Nación es un organismo que recibe reclamos de los contribuyentes contra resoluciones dictadas por la AFIP. El contribuyente no es el demandado sino el que demanda si cree que no le corresponde pagar un impuesto", explicaron en la Dirección Nacional Electoral. Un funcionario de Casa Rosada que participó de la decisión oficial explicó: "Si el espíritu de la ley era prohibir que los evasores sean aportantes, fue un error apuntar al Tribunal Fiscal de la Nación".

El párrafo de la ley ya había hecho ruido entre los funcionarios durante el trámite parlamentario. Pero en el Gobierno no quisieron empiojar aún más un debate que se dilató durante toda la primera parte del año por la negociación del articulado con el PJ y por los reparos que había planteado la Coalición Cívica, socia de Cambiemos, que siempre rechazó la habilitación de los aportes empresarios.

Así, sin margen para repararlo a tiempo y cuando se cumplen diez días hábiles desde la sanción en el Congreso, se llegó a la instancia de la promulgación de la ley y en la Casa Rosada entendieron que la única salida era el veto parcial.

Reglamentación

La semana que viene, en tanto, el Gobierno procederá a la reglamentación de la ley de financiamiento político. La norma estipula que cada empresa puede donar hasta un 2% del total de gastos autorizados para la campaña, mismo límite que rige para los aportes personales. Además, se prohíben las donaciones en efectivo, por lo que todos los recursos deberán estar bancarizados. Permitirá sincerar una parte de los fondos que históricamente los recaudadores de los partidos políticos recolectaron en negro para financiar el proselitismo.

Según pudo conocer LA NACION, entre otros puntos a ser reglamentados, el Gobierno le pedirá al Banco Central que emita una resolución para que exista una "identificación fehaciente" de aquellos aportantes que realicen depósitos en efectivo en las cuentas bancarias de los partidos. Es porque esa modalidad de aporte no permite realizar una trazabilidad como si lo hace una transferencia bancaria.

Además, en el Gobierno esperan con la reglamentación agilizar los trámites y evitar pasos burocráticos para que los partidos puedan abrir sus cuentas bancarias en el corto plazo. Una vez que se inscriban los frentes electorales y las listas de candidatos, tanto en el oficialismo como en la oposición necesitarán apurarse para pasar la gorra entre los privados.

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