El Gobierno eliminó otros tres fondos fiduciarios por “irregularidades”
A través del Decreto 6/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo disolvió el del Servicio Universal, el fondo para la Vivienda Social y el Prodaf con la intención de continuar en la reducción de gastos del Estado y tras detectar anomalías en sus manejos
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LA NACION
En el marco de una de las iniciativas que definieron su primer año de gobierno, el presidente Javier Milei anunció la disolución de tres nuevos fondos fiduciarios: el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf). La medida, publicada este lunes en el Decreto 6/2025 en el Boletín Oficial, forma parte de la estrategia gubernamental para achicar el Estado y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Según los fundamentos del decreto, los tres fondos no habían cumplido con los objetivos para los cuales fueron creados o presentaban deficiencias significativas en su administración. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) destacó irregularidades como proyectos sin justificación adecuada, falta de rendiciones de cuentas y ausencia de prórrogas formales para su continuidad, tras la realización de una auditoría.
En el caso del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, se detectaron obras culminadas sin rendiciones finales y proyectos rescindidos sin devolución de fondos.
Esta no es la primera vez que la administración Milei toma medidas de este tipo. En noviembre de 2024, el Gobierno dispuso, a través del Decreto 1048/2024, la eliminación de otros fondos fiduciarios, como el Fondo para el Desarrollo de Capital Emprendedor (Fondce) y el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, entre otros. En aquella ocasión, el ministro de Economía, Luis Caputo, justificó las decisiones aludiendo a “incumplimiento de objetivos” y “administración costosa para el Estado”. Algo que también hizo en enero y febrero del año pasado.
En ese sentido, el Decreto 6/2025 -firmado por Milei, Caputo y Gerardo Werthein- también destaca que, pese a la disolución de estos fondos, se mantendrán vigentes ciertas obligaciones para garantizar la administración adecuada del proceso de liquidación. Este proceso se regirá por normativas establecidas en el Decreto 695/2024 y la Resolución 796/2024 del Ministerio de Economía.
El Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado por la Ley 27.078, estaba destinado al desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Sin embargo, auditorías recientes de la SIGEN revelaron que varios programas asociados a este fondo carecían de instrumentos que justificaran su continuidad o de registros que validaran el cumplimiento de sus objetivos.
Por su parte, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, instituido bajo la Ley 27.341, tenía como propósito principal financiar programas de vivienda social e infraestructura básica. Sin embargo, el Gobierno señaló que las auditorías expusieron deficiencias en la devolución de sumas aportadas para obras rescindidas y falta de documentación en proyectos ejecutados.
El Prodaf, en tanto, fue creado para facilitar el acceso al crédito en el marco del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. El decreto afirma que este fideicomiso ya cumplió con sus metas, motivo por el cual se justificó su disolución.
La eliminación de fondos fiduciarios se convirtió en una de las principales herramientas de la administración Milei para implementar su plan económico. Desde los primeros meses de 2024, el Gobierno adaptó la legislación para facilitar estas disoluciones, buscando reasignar recursos a sectores considerados prioritarios y reducir lo que denominan “cajas políticas”.
Las medidas generaron reacciones mixtas en el ámbito político y social. Mientras que sectores afines al Gobierno destacan la “transparencia” y “eficiencia” promovidas, opositores y analistas cuestionan el impacto de estas decisiones en programas sensibles, como vivienda social y telecomunicaciones.
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