El Gobierno eliminó cinco fondos fiduciarios tras “debilidades” encontradas en auditorías de la Sigen

El Gobierno anunció, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial este martes a la madrugada, la disolución de cinco fondos fiduciarios tras nuevas auditorías de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). De esta manera se acumulan nueve fideicomisos eliminados por el Ejecutivo este año, mientras que uno fue traspasado al ala del Ministerio de Economía.

A través del Decreto 1048/2024 se dispuso la eliminación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (Fondce), el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, el Programa de Inversiones Estratégicas, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, y el Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero (Proicsa). El documento lleva la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda aludió esta mañana a la disolución de “cajas políticas” y aseguró que los cierres estuvieron motivados por “incumplimiento de objetivos; ausencia de controles confiables; administración costosa para el Estado; y discrecionalidad en los créditos o financiamientos otorgados”.

En los considerandos del texto, se estableció que el Fondce tiene “debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, y en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”. También se consideró que sus bienes deben ser destinados al otorgamiento de préstamos a emprendimientos e instituciones de capital emprendedor para el apoyo a proyectos de emprendedores.

Con relación al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, se aludió a las auditorías de la Sigen, que marcó que hay “debilidades importantes respecto del desenvolvimiento del referido Fondo, así como demoras en la rendición de cuentas por parte del Fiduciario y en la contratación de auditores externos para la auditoría de los Estados Contables de los Ejercicios 2021, 2022 y 2023 y falta de una gestión activa de recupero de fondos en mora”.

En el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, en tanto, se encontraron “irregularidades en la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva“.

En relación con el Programa de Inversiones Estratégicas, sus bienes no fueron integrados al fideicomiso, por lo que el Gobierno evaluó que no hay motivos que justifiquen su permanencia ante la falta de funcionamiento.

“En tanto al Proicsa, se ha completado el proceso de otorgamiento de la totalidad de las asistencias crediticias que resultaron elegibles de conformidad al Contrato de Préstamo celebrado con la Corporación Andina de Fomento (CAF)”, distinguió el Gobierno.

“Resulta oportuna la disolución de los citados fondos fiduciarios en el contexto económico actual, con el fin de propender a la mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos”, justificaron en el decreto.

El último fondo en ser disuelto había sido uno de Capital Social, 20 días atrás, el cual estaba vigente desde su creación en el año 1997. En este sentido, afirmaron que una auditoría realizada por la Sigen en 2024 destacó fallas en la rendición de cuentas, falta de control, y deficiencias en los registros y auditorías del FFCS.

También se eliminaron el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria, el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, mientras que se terminó el traspaso del Fondo de Integración Socio Urbana, que administraba los movimientos sociales, al Ministerio de Economía.

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