El Gobierno eleva la tensión con las provincias y advierte que ajustará “por otro lado” si no sale la ley ómnibus

El día después de la postergación, con discusiones incluidas y en principio para el próximo martes, de la sesión prevista en la Cámara de Diputados para el tratamiento de la ley ómnibus, el gobierno de Javier Milei decidió tensar aún más el vínculo con los gobernadores, renuentes a apoyar la suba de retenciones a la soja y sus derivados, y a la vez vitales para que el proyecto pueda ser aprobado y girado al Senado.

“Tienen que entender que la cosa va en serio. Si no votan las retenciones, se van a socializar los costos del ajuste”, explicaron cerca del Presidente tras una reunión de gabinete en la Casa Rosada.

Sin maquillar su molestia, Milei definió la creación, a través de un pedido del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona al procurador Eduardo Casal, de una fiscalía especial para investigar “la corrupción de los funcionarios públicos” pasados y actuales, según explicitó el portavoz Manuel Adorni en conferencia de prensa.

Incluso, en un momento de la charla con sus ministros, el Presidente habría amenazado con “no dar un solo peso” a los gobernadores provinciales, según confirmaron a este diario fuentes con acceso a lo conversado puertas adentro de la reunión.

Durante la conferencia, Adorni agregó que la investigación abarcará a “a funcionarios nacionales, provinciales y legislativos”, un modo directo de tensar la cuerda con los mandatarios provinciales, en especial los pertenecientes a Juntos por el Cambio, que se resisten a avalar la suba de los derechos de exportación, que pasa del 12 al 15 por ciento en el caso de la soja. El mensaje, que por lo bajo algunos tomaron como una amenaza, también llegó al Congreso.

“Todo lo que ingrese de esas investigaciones va a volver a la gente”, afirmaron en Balcarce 50, aunque supeditaron la efectiva creación de la fiscalía a la aprobación o no de la ley ómnibus, que tiene en el aumento de las retenciones uno de sus principales escollos, además del fin de la fórmula de movilidad jubilatoria y los poderes especiales que otorga al Presidente. El proyecto de fiscalía es, a la vez, un guiño a los sectores del electorado que pedían mayor atención en estas causas al ministro de Justicia.

“El ministro de Justicia va a sugerir en lo inmediato al procurador Eduardo Casal la creación de una fiscalía especializada que se ocupe de investigar la corrupción de funcionarios públicos, especialmente a los que contempla la figura de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados”, anunció el portavoz al ahondar sobre esta iniciativa de la Casa Rosada, que deberá conseguir aprobación judicial e incluye, a simple vista, facultades que hoy tienen la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que depende del Ministerio Público Fiscal.

El organismo tiene como objetivo como “la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional” , según reza en la página web oficial, sin involucrarse en funcionarios provinciales ni legisladores.

“Incluirá a los funcionarios nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Vamos a recuperar todos los bienes producto del delito. Nunca el delito puede producir beneficio”, agregó el vocero.

Intercambios

No se trata, por cierto, de la primera advertencia del Presidente a los mandatarios. Horas atrás, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, había adelantado que de no aprobarse el proyecto haría una fina revisión de las transferencias a las provincias. Adorni precisó, además, que esa revisión abarcaría las partidas “una por una, y sin contemplaciones”.

A su vez, el ministro del Interior y uno de los interlocutores de los gobernadores, Guillermo Francos, defendió a Caputo. “Algunos tomaron lo de ayer como una amenaza a los gobernadores, se generó ahí una polémica. Por ahí lo tomaron de esa manera equivocadamente. Lo que dice el ministro de Economía es: ‘Si yo no tengo esta ley que me permita generar cambios, no solamente en los temas impositivos, sino en toda la actividad desregulatoria que permita ingresos de capitales a la Argentina, y por ende también nuevos ingresos al Estado nacional y a los provinciales, vamos a sufrir más porque tenemos que cortar muchos más gastos”, detalló el titular de la cartera política.

La declaración salió al cruce de diputados de JxC como Rodrigo de Loredo y Miguel Pichetto, que definieron como “aprietes” las palabras del ministro de Economía. Desde Interior, de todos modos, pusieron paños fríos y aseguraron que se trata de “una tensión lógica, tomando en cuenta lo que se está discutiendo”.

Confiaron en conseguir número suficiente para aprobar la ley en la Cámara de Diputados y en sumar no sólo el apoyo de los gobernadores de Juntos por el Cambio -creen que Córdoba y Santa Fe no tienen tanto consenso interno- sino además algunos del PJ. Auguraban que “habrá más gobernadores” que seguirán los pasos del tucumano Osvaldo Jaldo, cuyos diputados apoyaron el dictamen del oficialismo y de alejaron del que propuso Unión por la Patria.

En tren de hacer memoria, cerca del Presidente recordaban que, durante el gobierno de Mauricio Macri, “el ajuste lo hizo Nación y los gobernadores no. Ellos reeligieron, y Macri no. Eso no va a volver a pasar”, detallaron, a tono con el enojo presidencial.

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