Milei anunció que vetará la ley de financiamiento universitario que aprobó esta madrugada el Congreso

Con el argumento de reducir el déficit fiscal, el presidente Javier Milei vetará de manera total la ley que recompone el presupuesto de las universidades nacionales y que fue sancionada en la madrugada por el Senado de la Nación con más de los dos tercios de los votos. “Veto total”, reforzó el Presidente en su cuenta de la red social X (exTwitter). Se tratará del segundo veto desde que el líder libertario accedió a la Casa Rosada, el 10 de diciembre pasado.

Por la mañana, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, había dicho que el tema estaba en análisis y evitó dar una definición.Lejos de la prudencia de Adorni, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había adelantado casi de inmediato al término de la votación que habría veto presidencial. “Se viene el veto”, anticipó en las redes sociales. Unas horas después el propio Milei confirmó la medida para anular la ley votada en el Congreso. Esto sumará tensión a la reunión de mañana, cuando Milei asistirá al recinto de la Cámara de Diputados a presentar el presupuesto nacional 2025.

La ley que sancionó el Senado establece la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado. Hacia el futuro, el mismo mecanismo deberá aplicarse de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las 60 casas de altos estudios de todo el país. Para Milei, atentaría contra la reducción del déficit fiscal.

Una vez recibida la oficialización de la ley por parte del Congreso, el Gobierno tiene 10 días hábiles para torcer la decisión parlamentaria, un punto sobre el que hacían alusión ayer cerca del Presidente. En Balcarce 50 sostenían que el tema universitario es, más allá de lo presupuestario se trata de una pulseada “política”. Apuntaban a que el tema “ya se había hablado y había acuerdo con los rectores y esto (por la ley) modifica eso”. De las gestiones con los rectores habían participado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell. También participó Álvarez de las conversaciones.

En el Gobierno agregaron ayer que no los condiciona la advertencia del sector universitario respecto de una nueva y multitudinaria marcha como la que se registró a fines de abril pasado. “Si quieren marchar, que vuelvan a marchar”, dijo un funcionario libertario, en tono desafiante. La oposición, que no solo adherirá e impulsará la eventual movilización, estaría dispuesta a avanzar con una sesión especial para desafiar al veto de Milei (ver aparte).

El segundo veto

El veto será el segundo en la era libertaria, luego de que hace dos semanas el mandatario firmara el último 30 de agosto la ley de movilidad jubilatoria, que otorgaba una recomposición del 8,1% a los haberes por lo que fue la devaluación de diciembre, además de implementar un nuevo esquema de ajuste.

En el caso del presupuesto universitario, todo indica que la decisión presidencial podría acarrear, efectivamente, un duro revés en las calles para la administración libertaria por aplicar una medida de ese calibre en un tema que motivó, a fines de abril último, una masiva marcha en contra de la resistencia del Poder Ejecutivo a financiar las casas de altos estudios.

La ley de financiamiento educativo fue sancionada por un mosaico de fuerzas políticas de la oposición en la que confluyeron radicales, kirchneristas, fuerzas provinciales y otros bloques menores, que impusieron su criterio por 57 votos a favor, tan sólo 10 en contra y una abstención.

Según los defensores del proyecto, el costo fiscal de la norma es de apenas el 0,14% del producto bruto interno (PBI). En números, serían unos $780.000 millones de pesos. El oficialismo acusó a la oposición de hacer demagogia con un tema tan sensible como la educación, amén de destacar que la iniciativa no establece la fuente de financiamiento de la mayor erogación que implicará para el presupuesto nacional. Tal vez Milei se refiera al tema en el Congreso, adonde asistirá pasado mañana, a las 21, para presentar la ley de presupuesto.

La ley sancionada prevé la realización de auditorías sobre la ejecución de los fondos universitarios, las que estarán en manos de la Auditoría General de la Nación. La cláusula fue introducida en Diputados por impulso de la UCR en respuesta a la denuncia del Gobierno, repetida por el oficialismo en el Senado, acerca de una supuesta opacidad en el manejo de los fondos por parte de las universidades.

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