El Gobierno dijo que el operativo de seguridad del 20D costó $60 millones y que se los cobrará a las organizaciones
El vocero presidencial anunció que desde que se activó la línea 134 recibió un total de 16.150 llamadas, de las cuales 1200 se relacionan con el delito de extorsión
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En medio de otra jornada de protestas sociales, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este viernes durante su habitual conferencia de prensa que el Gobierno facturará 60 millones de pesos a las organizaciones sociales por el costo del operativo de la marcha del 20 de diciembre. “Vamos a intimarlas para que se hagan cargo del gasto”, adelantó el funcionario.
“En línea con la reducción de los gastos de la política y del gasto público, nos llena de satisfacción que se haya entendido que llegó el tiempo del ciudadano o que quedó atrás el tiempo del privilegio político”, expresó el portavoz de Javier Milei al comienzo de la conferencia de prensa, tras anticipar el informe del Ministerio de Seguridad con los primeros resultados del operativo.
Tras ello, Adorni confirmó que el Gobierno denunció a 32 dirigentes sociales por el delito de extorsión al Estado en el manejo de planes sociales. “La denuncia ha recaído en el tribunal del doctor Casanello y en la fiscalía de Gerardo Pollicita”, aseveró.
“El total de denuncias que recibió la línea 134, canal que hemos utilizado para que de manera anónima quienes se sentían extorsionados puedan hacérnoslo saber, fue de 16.150, de las cuales hay 1200 que tenían o que encuadran dentro de la tipología señalada; o sea que se podía relacionar con el delito de extorsión”, precisó el vocero.
“Hasta el momento, hay 32 personas denunciadas en la línea 134 con el detalle de quiénes son y en qué organización operan”, detalló Adorni, al tiempo que adelantó que se dictó la resolución para establecer los parámetros de los costos del operativo de seguridad de la marcha.
“Vamos a intimar a las organizaciones sociales para que se hagan cargo del gasto del operativo porque no le corresponde a la ciudadanía”, siguió en relación al dispositivo de seguridad desplegado este miércoles. “Hay una estimación que ronda los 60 millones de pesos y por supuesto esta será la factura que les pasaremos”, sostuvo el funcionario libertario.
En ese sentido, el portavoz precisó que en el marco de la aplicación del protocolo de orden público “se identificaron 14 organizaciones sociales que estuvieron involucradas” en la protesta del miércoles.
Aumentos de prepagas
Ante la consulta de la prensa, Adorni sostuvo que los aumentos en las cuotas de los planes de medicina prepaga que anunciaron empresas del sector representan “un acercamiento a un sinceramiento de valores”, luego de la “discrecionalidad” en los precios “impuestos por el gobierno anterior”
“El sistema de salud en general y las prepagas en particular se encuentran en una situación crítica en virtud de esta discrecionalidad en los valores, derivados de los incrementos administrados en la gestión del expresidente Alberto Fernández”, apuntó.
Las declaraciones del portavoz se dieron a conocer un día después de que el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, señalara que el sistema de medicina prepaga, como venía funcionando, “iba a chocar contra una montaña”. En ese sentido, expresó su apoyo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incluye modificaciones a la operatoria de este sector, y recordó que en enero entrará en vigencia un aumento de entre 40% y 50% para los afiliados de prepagas.
”Los costos iban por el ascensor y las actualizaciones (de las cuotas) por la escalera, lo que generaba un deterioro descomunal”, señaló el empresario en diálogo con Radio con Vos, luego de asegurar que la fórmula de ajuste de las cuotas “fue armada para una inflación del 3% mensual y no para una del 25% o 30%” como sucede en la actualidad.
Si bien manifestó no estar “contento en tomar estas medidas”, indicó que la industria farmacéutica “viene con aumentos del 100% o 120% en los medicamentos”. A continuación el directivo calculó que la cuota debió haber aumentado en el año un 137% para no quedar rezagada con la suba de costos.
YPF
Por su parte, Adorni reiteró que “la Argentina va a cumplir con sus compromisos y va a respetar sus contratos siempre”, en referencia al fallo de la Justicia de Nueva York que obliga al país a pagar US$16.100 millones por la estatización de YPF, a partir de la demanda presentada por el fondo Burford Capital. ”La Argentina va a cumplir con sus compromisos y va a respetar sus contratos siempre, y siempre va a respetar la decisión de la Justicia en todo orden y bajo toda circunstancia, por eso estamos analizando los caminos”, indicó.
Lo hizo poco después de que la jueza Loretta Prezka, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dispusiera este jueves por la noche que no le concederá a la Argentina la prórroga de 30 días que había solicitado para presentar garantías en el juicio por la estatización.
“Estamos analizando las alternativas y por supuesto entendemos que es parte de un gran desborde que estamos tratando con prioridad para que los argentinos estemos lo menos afectados posible ante un desmanejo que hubo en varios aspectos de la vida económica”, dijo Adorni. ”Uno de ellos es el desmanejo de YPF”, continuó el portavoz y agregó: “Estamos viendo las consecuencias de este colosal monto del que todos los argentinos tendremos que hacernos cargo”.
Informe
Finalizada la conferencia de prensa, el Ministerio de Seguridad difundió datos del operativo del 20 de diciembre en el que ahondó sobre lo adelantado por el vocero.
De acuerdo a la cartera de Seguridad, la línea 134 recibió 15.900 llamados y se separaron 1100 denuncias en donde los ciudadanos explican los mecanismos de extorsión empleados por las organizaciones “tales como pedido de dinero cada vez que cobran el plan; multas que llegan a los 8000 pesos a quienes no concurren a los cortes de rutas por ellos convocados; y amenaza de dar de baja el plan si no se prestan a la concurrencia a estos eventos”.
Además, el ministerio que conduce Patricia Bullrich anunció que se desarrolla por estas horas el proceso de identificación de las personas que cortaron la vía pública y que al momento ya hay 35. “Aún faltan verificar varias de las cámaras. Sin embargo, el pequeño número de infractores demuestra el éxito del operativo desplegado”, destacó el texto.
“Aún se desarrolla el procedimiento de cruce con las bases de datos para verificar quiénes poseían un plan social a fin de proceder de acuerdo con las normas del Ministerio de Capital Humano”, se precisó en el informe.
Por último, en el informe se enumeraron a 14 organizaciones sociales con el fin de ser inscriptas en un registro, entre las que figura el Movimiento Evita, desde donde negaron sus asistencia en la marcha.
A continuación, las 14 organizaciones mencionadas en el informe:
- Polo Obrero
- Corriente Clasista y Combativa
- Movimiento Evita
- La William Cooke
- MTR 12 de abril
- CUBA MTR
- Libres del Sur
- Darío Santillán
- La Dignidad
- El FOL
- Barrios de Pie
- Torres
- MTE
- Movimiento Patria Justa
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