El Gobierno detectó múltiples irregularidades tras una auditoría a la gestión de Alberto Fernández
LA NACION accedió al “escáner del Estado” que ordenó Milei: compras multimillonarias de infusiones, galpones intrusados, problemas con el 144 y falta de chequeo de que se terminen las casas
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Javier Milei buscó no repetir una omisión en el arranque de la gestión de la que se arrepintió Mauricio Macri: puso, más que su antecesor, blanco sobre negro respecto al estado del Estado. El vocero Manuel Adorni, en sus regulares conferencias de prensa, comunica los descubrimientos del día respecto de gastos innecesarios, irregularidades en el desenvolvimiento público o denuncias penales hechas contra exfuncionarios. Esa información se desprende de los análisis que realiza cada área a medida que pasan las semanas e indagan más profundo.
El Presidente, apenas asumió, le ordenó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que haga una evaluación mediante el decreto 126/2023. LA NACION accedió a las 101 auditorías resultantes, que reúnen más de 1500 páginas de información sobre la gestión anterior, entre 2022 y 2023.
Los informes realizados hasta el momento se concentraron sobre la administración centralizada, es decir, ministerios, secretarias y ciertos organismos dependientes, como la Anses. En ellos se hace un repaso de puntos relevantes, como cantidad de empleados, deudas pendientes, salarios promedio y contrataciones más caras, y finalizan con un repaso sobre las irregularidades más relevantes. Mediante otras decisiones oficiales se ordenaron estudios similares sobre las empresas públicas y otros entes independientes. Estarán listos en las próximas semanas, de acuerdo a fuentes conocedoras de la tarea.
Las debilidades detectadas en cada dependencia incluyen incompatibilidades de funcionarios, retiros en efectivo, problemas en arqueos de tesorerías, gastos “que no se correspondían con la misión” de las áreas, ausencia de procesos de control y pagos de subsidios por duplicado, entre otras. LA NACION reunió 10 datos llamativos de los cientos que encontró en estos documentos.
1. Compras de yerba multimillonarias
Las auditorías pusieron en evidencia las compras y contrataciones más onerosas del último tiempo. Así es como, en el top 10 del Ministerio de Desarrollo Social, figura la yerba mate como principal alimento adquirido en el 2023 (cuatro de las 10 mayores compras del año pasado se dedicaron a la infusión). Es en lo que más gastó esa dependencia, por un total de $21.054.878.400. Hubo, además, tres compras de leche en polvo (un producto más significativo en cuanto a su aporte nutricional) por 9500 millones de pesos, una de frutos secos por 3129 millones de pesos y cerca de US$8 millones destinados a comprar minibuses.
Fuentes cercanas a la gestión de la exministra de Desarrollos Social Victoria Tolosa Paz, dijeron a LA NACION: “La yerba es un producto básico para los comedores, porque en desayunos y meriendas se sirve mate cocido con leche, como también te con leche”
2. Gabriela Cerruti con más empleados
Entre los puntos analizados estuvo la evolución del personal. El año pasado regía una prohibición para contratar empleados nuevos. Eso no detuvo a Gabriela Cerruti, que hizo avanzar la planta un 18% en la Secretaría de Comunicación, un alza que se explica por un aumento del 34% de los empleados en la categoría planta permanente y un 50% de suba sobre el personal contratado en general. En total, se sumaron 52 personas. Es una excepción entre otras áreas estatales que cumplieron en no hacer crecer la cantidad de incorporaciones, aunque continuaron promulgando los pases para dar estabilidad laboral. LA NACION consultó a Cerruti antes de la publicación de esta nota, pero hasta anoche no había obtenido respuesta. Hoy, ella se comunicó y justificó el incremento alegando que su secretaría había “absorbido la Subsecretaría de Contenidos”.
3. Problemas en el 144
Los análisis también evaluaron la eficiencia o cumplimiento de los objetivos de los programas del Estado. En el ex-Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género, la principal crítica que hicieron estuvo vinculada a la línea 144, de violencia de género, que estaba encargada de atender y dar seguimiento a las denuncias. Solo habría cumplido la primera mitad de esa tarea, según la auditoría, que advirtió por una “ineficiencia en las acciones implementadas para el seguimiento y supervisión de los llamados recibidos en la Dirección Nacional de Asistencia”.
4. Sin visitas a las obras
Sobre el ex-Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, encargado, entre otras cosas, de la construcción de viviendas, la auditoría dijo que no consta que se hayan realizado visitas del personal del entonces ministerio a cada obra con posterioridad a la recepción de los informes de prefactibilidad. Agregó que esta situación “podría determinar que se realicen transferencias de montos que no coincidan con los trabajos a ejecutar, como así también, establecer la existencia de defectos o vicios ocultos no detectados anteriormente en los trabajos ya realizados”.
5. Arte millonario
Una de las curiosidades que la auditoría reveló sobre el patrimonio estatal es la valorización del arte que yace en posesión de Cancillería, en el Palacio San Martín, embajadas y otras dependencias. El total asciende a US$19.240.875,66, de las cuales las obras que están en la Argentina suman unos US$15 millones, mientras que fuera del país el Estado posee obras de arte por unos US$4 millones.
6. Galpones intrusados
En la auditoría a la Jefatura de Gabinete de Ministro, el Gobierno detectó la falta de medidas seguridad en los galpones ubicados en la calle Benjamín Juan Lavaisse 1194 para prevenir el ingreso de intrusos y, “por consiguiente, evitar la sustracción de los bienes alojados en los mencionados galpones”. También advirtieron falta de elementos de seguridad, por ejemplo, extinguidores de incendio. Este espacio, cerca del complejo naval industrial argentino, fue desafectado en 2021 para el Servicio Geológico Minero en favor de Jefatura, para que se use como depósito de bienes públicos, área administrativa y espacio vehicular.
Otro dato relevante sobre la Jefatura de Gabinete: se verificó una deuda en infracciones de tránsito que, en 2023, ascendió a $62.287.367,7. Se trata de unos $778.592 en promedio por auto si se toma en cuenta que el área tiene en su poder 80 vehículos.
7. Juicios en Salud
En el Ministerio de Salud se detectaron falencias en la administración del stock de medicamentos, insumos decomisados y a decomisar. “Falta de una adecuada supervisión del proceso de almacenamiento, lo cual no permite contar con una correcta información para la toma de decisiones”, destacaron. Por otra parte, la cartera tiene 1267 juicios pendientes, en su mayoría amparos o daños y perjuicios por incumplimientos de prestaciones, y dos aeronaves rotas.
8. Fideicomiso con el laboratorio Richmond
Una de las grandes interrogantes sobre los gastos de la gestión anterior son los relativos a la pandemia, a la compra de vacunas y otros insumos para la pandemia. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses fue aportante a un fideicomiso con los laboratorios Richmond para la instalación y puesta en marcha de una planta para la producción de vacunas, entre otras, las establecidas contra el coronavirus, por un total de $5.953.756.500.
Marcelo Figueiras, presidente de la empresa, comentó al respecto: “En el fideicomiso público y abierto que se hizo intervinieron muchas provincias, bancos privados y estatales y muchísimas empresas e individuos que consideran que esto es un tema estratégico. Y no fallamos porque estamos ya lanzando distintos tipos de proyectos productivos y mucho mejor preparados para un futuro problema si lo hubiera”.
9. Fondo de Garantía de Sustentabilidad
A la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se le hizo otra crítica: destacaron que por lo menos un 5% de las inversiones del fondo deberían dedicarse a proyectos productivos o de infraestructura, pero se dedicaba el 4,5%. “Situación que se observa desde junio de 2019″, dijeron.
10. “Logros”, el video de $111 millones
A mediados del año pasado, ya apartado de toda posibilidad de buscar una candidatura y marginado por sus socios del Frente de Todos, Alberto Fernández publicó un video de un minuto 55 segundos en el que buscaba destacar los “logros” de su gestión. La campaña para ese video dedicado al expresidente costó $111.320.000, algo así como un casi un millón de pesos por segundo ($968.000), según el registro de la Secretaría de Comunicación y Prensa.
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