El Gobierno desregula el servicio de rampa en aeropuertos y permite que la PSA descargue valijas: buscan romper el monopolio de Intercargo

El conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos no para de escalar. La gestión de Javier Milei tomó nuevas medidas para romper el monopolio de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa y valijas. El Presidente pidió ir a fondo luego de la medida de fuerza que el miércoles causó que unos 2000 pasajeros no pudieran abordar y ni descender de los aviones durante tres horas en Aeroparque. Ahora, avanzó en la desregulación del servicio para promover que nuevos jugadores –sean compañías aéreas, o no– puedan operar los servicios en tierra. Y se permitió que, en casos de huelga, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pueda intervenir en la descarga de equipaje.

Es un proceso que comenzó con el decreto de “cielos abiertos” que en julio impulsó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que hasta acá no logró que otros proveedores pudieran disputarle el mercado a Intercargo. Todo mientras se busca acelerar el proceso de salida del Estado de la compañía, que figura en la lista de “privatizables” en la Ley Bases.

Por la tarde, Sturzenegger; el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hicieron un anuncio conjunto en la Casa Rosada, encabezados por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Se va a desregular el servicio de rampas en aeropuertos para abrir el juego a nuevas empresas y terminar con el monopolio de Intercargo. Se va a habilitar a las fuerzas de seguridad a explotar en casos de emergencia y de manera excepcional los servicios de rampa. Ningún terrorista sindical podrá de tomar de rehén a un pasajero. Es el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora”, dijo Adorni

El problema que tiene la gestión de Milei es que actualmente no solo Aerolíneas Argentinas sino también otras compañías aéreas dependen completamente de Intercargo para el servicio de handling en los aeropuertos. El decreto 599/2024 de “cielos abiertos” habilitó que se abriera el mercado de los servicios en tierra. Luego, en septiembre, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dictó la resolución 326 por la que habilitó las compañías aéreas pudieran brindar el servicios de rampa.

Pero no se logró una mayor competitividad. Ahora el Gobierno anunció que cualquier persona jurídica puede prestar estos servicios en todos los aeropuertos del país para competir con Intercargo. “Es un paso más en la desregulación del transporte. El servicio de rampa era un cepo para que nuevas compañías puedan venir a prestar servicios en la Argentina. El problema hoy no es tanto habilitar nuevas rutas, sino los servicios de rampas”, dijo Mogetta.

Por su parte, el titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, Diego Chaher, tiene en carpeta un proyecto para privatizar Intercargo, bajo un modelo de concesión, el mismo que se prevé para otras empresas del transporte. El funcionario mantuvo en las últimas horas distintas reuniones para avanzar en esta materia, siguiendo instrucciones de la Casa Rosada.

Respecto al conflicto actual, Bullrich anunció que ya dio instrucciones a las fuerzas de seguridad para intervenir en los aviones. “Estoy instruyendo a la PSA a descargar el equipaje que está en las bodegas mientras dure la excepción por la huelga de Intercargo”, anunció la ministra.

El conflicto

Más temprano, el Gobierno decidió desvincular a 15 empleados de Intercargo a raíz de la sorpresiva medida de fuerza en el Aeroparque Jorge Newbery que afectó a varios vuelos y pasajeros este miércoles. Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X. “No vamos a permitir estos mecanismos de extorsión”, dijo. En Casa Rosada dijeron que se vieron afectados “2000 pasajeros de 10 aviones”.

“Identificamos a 15 de los que provocaron la tortura que vivieron el miércoles los pasajeros y ya están despedidos. Se acabó la Argentina donde era gratis joder a la gente”, sentenció luego Mogetta.

Este miércoles, los pasajeros fueron sorprendidos por una medida de fuerza sin aviso de Intercargo, la empresa cuyo gremio lidera Edgardo Llano. Las operaciones de Aeroparque se vieron afectadas por la ausencia de despacho y retiro de equipaje y el descenso de los aviones de todas las compañías que operaban en el lugar, salvo Aerolíneas Argentinas.

Flybondi informó que producto de la “sorpresiva asamblea gremial de los trabajadores de la empresa Intercargo en Aeroparque”, la compañía tuvo que cancelar ocho vuelos –lo cual afectó a más de 1340 pasajeros– y demorar otros cuatro vuelos en los que se preveía que iban a viajar 649 pasajeros. A raíz de esto, la lowcost ayer trasladó el resto de sus operaciones al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En el caso de JetSmart, debieron cancelar 18 vuelos –14 domésticos y cuatro internacionales– y reprogramar 16 vuelos, con un total cercano a 6000 pasajeros afectados hasta las 18 de ayer. Por otro lado, Latam registró varias demoras.

El gremio decidió ir a huelga por el despido de un empleado de la empresa estatal que –aseguró el Gobierno– “abandonó su puesto de trabajo, causando demoras en el retiro de equipaje de cientos de pasajeros y dificultando la actividad aeroportuaria”.

Bullrich presentó una denuncia penal contra miembros de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y de Intercargo por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo, que recayó en el juzgado de Julián Ercolini. En la denuncia destacaron que la medida afectó a un total de diez vuelos de los cuales seis, con 900 personas a bordo, se encontraban en las pistas de Aeroparque. También impactó en Ezeiza: se afectaron vuelos con 1300 personas a bordo.

La advertencia de Bullrich y el ultimátum a los gremios

Por otro lado, Bullrich volvió a arremeter contra el gremialismo aeronáutico este jueves y advirtió sobre medidas “más drásticas” contra Intercargo y Aerolíneas Argentinas. Dijo que esta es la primera vez que pasa una situación de estas características y que fue el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien la llamó para contarle y pedirle que en conjunto solucionaran de alguna forma el tema. “Vivimos una situación inédita, nunca vista, tanto es así que tuvimos 18 personas que tuvieron que ir a la unidad médica, a las ambulancias -las que teníamos y que tuvimos que conseguir de urgencia-; personas con temblor, sofocamiento, convulsiones; una persona con hipertensión; una embarazada de 22 semanas con una situación de nervios muy grande; personas con leucemia que entraron en crisis nerviosa”, describió la ministra en LN+.

“Fue una situación muy dura y la PSA hizo un trabajo excepcional, bajando a más de 1500 personas. Cuando 500 todavía seguían en los aviones, ahí se dio cuenta el personal de Intercargo que esto no le iba a salir gratis y empezó a movilizar las rampas. Llegó la Prefectura a Aeroparque y la Gendarmería a Ezeiza a dar apoyo a la situación, para que no destruyan o intenten entrar a la pista los trabajadores. Por supuesto, no podíamos hacer subir a los pasajeros, pero sí bajarlos. Por primera vez nos pusimos enfrente y logramos demostrar que no nos van a pasar por arriba, vamos a liberar a la gente de esta tortura permanente a la que es sometida en aeropuertos, haciendo asambleas repentinas y arruinándoles la vida a miles y miles de personas”, dijo la ministra, quien prometió terminar con los “piquetes aéreos”.

En tanto, el Gobierno dio un ultimátum a los gremios que operan dentro de Aerolíneas Argentinas, sobre todo a la APA, APLA y la Asociación Argentinas de Aeronavegantes. Tal como publicó LA NACION, desde la Casa Rosada tomaron la decisión de instar a los sindicatos a presentar una propuesta que contemple la operatividad sin conflictos de la empresa estatal. En caso contrario, avanzará con un plan preventivo de crisis. En principio, la reunión entre las partes será este viernes a las 14.

El proceso preventivo de crisis, de avanzar, disminuye las chances de los gremios de tomar acciones concretas y acota el despliegue de los jefes sindicales. En definitiva, puede derivar en un cierre de la empresa, aunque justamente por esa misma razón puede jugar a favor del Gobierno para limar las posibilidades de los que se sientan a la mesa a negociar, en este caso, las paritarias.

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