El Gobierno intenta correr la agenda judicial de la escena electoral y priorizar los "temas de la gente"
LA NACIONMaia Jastreblansky
Con el kirchnerismo presuroso por introducir cambios en la Corte Suprema y los sectores más radicalizados del oficialismo clamando por una "solución política" a los presos por causas de corrupción, el Gobierno encara el año electoral con otras prioridades. "Pandemia e inflación, la agenda de la gente", resumió a LA NACION un funcionario de trato diario con Alberto Fernández.
Las diferentes velocidades que pretenden imprimir la Casa Rosada y el kirchnerismo en materia judicial ya parecen un signo distintivo del mandato de Fernández. En los bloques del Frente de Todos en el Congreso esperan que el Poder Ejecutivo avance con un proyecto de ley para crear un "tribunal intermedio de arbitrariedad" que desagote buena parte de los casos que hoy tramita la Corte Suprema. Esa solución, a priori, es bien vista en el campamento kirchnerista, que sabe que los casos de corrupción recaerán, tarde o temprano, en el máximo tribunal. Pero distintos asesores del Presidente aseguraron que hasta ahora no hay nadie trabajando concretamente en la confección de esa iniciativa.
La propuesta del tribunal intermedio fue la que más le interesó a Fernández de todas las que leyó en el informe de 900 páginas que elaboraron los once juristas del Consejo Consultivo. Pero hasta ahora no hubo avances. "La cuestión judicial le importa mucho a Alberto. Pero hoy lo urgente es la agenda de la salud, la producción y los precios. Tiempo al tiempo", dijo a LA NACION un importante colaborador oficial.
Para descifrar la hoja de ruta que espera Cristina Kirchner para el año electoral, el kirchnerismo se guía por el discurso que pronunció la vicepresidenta en La Plata en diciembre. Cristina habló de "repensar" en el sistema de salud y de la necesidad de "alinear los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas". Pero también le dedicó largos pasajes al lawfare, dijo que "disciplina a los políticos para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer" y exhortó a los funcionarios a que "no tengan miedo".
"Todo es prioridad. Lo de la Justicia es importante encararlo, trabajarlo y ejecutarlo. Y el Presidente ha dicho en reiteradas oportunidades que va a mandar proyectos a partir de las recomendaciones que propuso la comisión de expertos. Lo estamos esperando para tratarlo", dijo un colaborador que orbita el Instituto Patria.
Lo que sí ansían, tanto en el Gobierno como en el kirchnerismo, es que el Congreso sancione la leyes de reforma judicial (que diluye el poder de Comodoro Py) y del Ministerio Público Fiscal (que relaja las mayorías para la elección del Procurador General), que están empantanados en Diputados desde hace meses. El titular de la Cámara baja, Sergio Massa, transmitió a fin de año que su intención era buscar los consensos necesarios en enero para sacar a ambos proyectos en las sesiones extraordinarias de febrero.
Cerca de Massa, no obstante, ahora reconocen que el tratamiento está "verde", y que no están los votos. Además, según dejaron trascender fuentes del Frente Renovador, en una reunión que Massa mantuvo con el Presidente la semana pasada se convino avanzar con una "agenda más de centro", focalizada en los proyectos económicos menos espinosos.
Todo puede cambiar si, producto de las fricciones internas en la coalición de gobierno, hay una decisión política de avanzar con la agenda judicial a como dé lugar.
Debate por el indulto
Las disyuntivas sobre la oportunidad de la cuestión judicial asoman cuando los sectores más extremos del oficialismo radicalizaron la presión pública para buscar una "solución política" a la situación del exvicepresidente Amado Boudou y de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala. Todos emergentes de la ansiedad que generan las causas de corrupción kirchnerista que están en trámite.
En el caso de Sala -que advirtió que "viviendo en un gobierno nacional y popular, no se puede seguir así"- hubo un puñado de funcionarios del gabinete que se sumaron a la carta abierta para pedir por su liberación."Alberto no opinó de eso, dio libertad", aseguró un funcionario que suscribió el escrito.
Según pudo reconstruir LA NACION, sin embargo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero le transmitió a uno de los firmantes que no le gustó que la carta hablara de "presos políticos", cuando quien gobierna es Fernández. Tampoco cayó bien en la Casa Rosada la imagen de las decenas de bolsas de residuos frente a los tribunales durante la marcha de la Tupac Amaru.
El Presidente, en tanto, ya rechazó la vía del indulto. Dejó en claro que no le tiene simpatía a esa figura, al calificarla como una "rémora monárquica". "Nadie niega que hay procesos judiciales mal hechos. Pero la solución tiene que ser judicial, no política. Sino iríamos en contra de todo lo que Alberto quiere para la Justicia", dijo a LA NACION un alto funcionario que conversa con Fernández de estos temas.
Otro asesor presidencial acotó: "Hasta que no se salga de manera razonable de la pandemia, es de esperar que no surjan proyectos nuevos que generen confrontación". Y agregó: "No puede haber necedad respecto a la oportunidad".
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