El Gobierno denunció a Mauricio Macri por el supuesto contrabando de armamento a Bolivia
Hizo una presentación en la justicia en lo penal económico que firmaron los ministros Martín Soria (Justicia) y Sabina Frederic (Seguridad) y Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP
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LA NACION
El Gobierno denunció al expresidente Mauricio Macri por un supuesto “envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia” durante 2019. Hizo una presentación en la justicia en lo penal económico con las firmas de los ministros Martín Soria (Justicia) y Sabina Frederic (Seguridad), y de titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
La denuncia sostiene que Macri “puso material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”. Se trata de hechos que tanto Macri como sus funcionarios negaron. Dijeron que, por el contrario, habían colaborado con Evo Morales y que protegieron en la embajada argentina a algunos de sus funcionarios.
La acusación surgió de la cancillería de Bolivia, que la semana pasada dio a conocer una carta, fechada en 2019, en la que el entonces comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara, le agradeció la “colaboración” a quien era el embajador argentino durante el gobierno de Macri y le comunicó que había recibido una lista de armamentos que definió como “material bélico”. Tanto Terceros Lara como el exembajador niegan ahora que esa carta haya existido.
Además de Macri, la lista de los denunciados incluye a sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad), Jorge Faurie (Relaciones Exteriores) y Oscar Aguad (Defensa); al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García y a otros cinco exfuncionarios: Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la Anmac), Gerardo José Otero (exdirector de la Gendarmería Nacional), Rubén Carlos Yavorski (excomandante mayor director de Logística de la Gendarmería) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería), todos ellos en funciones en el momento del supuesto envío del armamento.
Según la denuncia, el gobierno de Macri fue responsable de la “adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero” de material bélico.
Los delitos a los que hace mención la denuncia incluyen contrabando agravado, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
La denuncia sostiene que los hechos ”salieron a la luz” gracias al descubrimiento de la carta que Terceros Lara envió a la embajada argentina, que, según los denunciantes, “evidencia la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas provenientes del gobierno argentino”.
La presentación relata que como consecuencia de ese hallazgo, se inició “una serie de investigaciones administrativas por parte del actual gobierno nacional” que “recolectó información y documentación que corrobora el envío del material”. De acuerdo con la denuncia, los entonces funcionarios pretendieron encubrir el envío “bajo la necesidad de proteger la embajada argentina”, cuando el material fue desviado “hacia las fuerzas armadas bolivianas”. De acuerdo con la presentación del Gobierno, el material desviado incluiría “70.000 municiones antitumulto”, “granadas” y “gases lacrimógenos”.
“No se trata de cualquier tipo de contrabando -afirma la denuncia-, sino de uno que tuvo como fin reforzar la capacidad de acción de fuerzas armadas que se habían levantado sediciosamente en armas contra un gobierno constitucional y contra el pueblo boliviano.”
Según Macri, “todo es mentira” y por eso “los propios protagonistas locales, tanto el exembajador argentino Normando Álvarez García como el excomandante general de la Fuerza Aérea boliviana desmintieron la denuncia de conspiración y la autenticidad de la prueba que se presenta con apariencia documental”.
Ahora, la denuncia deberá ser sorteada y se determinará así qué juzgado y qué fiscalía intervendrán.
LA NACION
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