El Gobierno denunció a la jueza Andrade por liberar a los detenidos y pedirá su destitución

A través del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, el gobierno de Javier Milei denunció hoy por partida doble a la jueza porteña Karina Andrade, cuestionada por su decisión de liberar a más de cien detenidos por su participación en los graves incidentes ocurridos durante la marcha por los jubilados frente al Congreso, el miércoles pasado.

A través de un escrito firmado por su director nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial, Fernando Soto, Bullrich hizo efectiva en la mañana del lunes una denuncia contra la jueza por prevaricato, además de encubrimiento al delito de sedición y omisión de sus deberes de funcionaria pública, ante la Justicia Federal de Comodoro Py.

La denuncia la recibió la jueza María Romilda Servini, que este año trabaja con Eduardo Taiano como fiscal.

Habrá una segunda presentación, esta vez ante el Consejo de la Magistratura porteño, en la que pedirá la destitución lisa y llana de la magistrada, a la que acusa de graves irregularidades en el procedimiento que siguió a la detención de acusados por los desmanes y disturbios (quema de vehículos policiales, agresiones a uniformados con piedras y otros objetos contundentes, entre otros hechos) que pudieron verse en las adyacencias de la Plaza de los dos Congresos y las calles cercanas al parlamento nacional.

Según evaluaron ante LA NACION fuentes cercanas a la ministra, la jueza “tergiversó todo el proceso” tomando la decisión de liberar a 114 detenidos sin esperar los tiempos procesales que se otorga al fiscal para presentar las pruebas que incriminen a los acusados. “Se amparó en el derecho al reclamo social y a las garantías constitucionales, pero resolvió sobre la cuestión de fondo sin haber visto un papel. Muchos de los detenidos tenían antecedentes penales”, explicaron altas fuentes del ministerio.

Para Bullrich, además, la jueza Andrade fue “funcional a la sedición” de los manifestantes violentos, ya que –aseguran en su equipo– “no vio los papeles, pero sí vio por televisión que rompían autos y tiraban proyectiles. Los liberó por cuestiones políticas, y por eso la denunciamos también por encubrimiento”, agregaron las fuentes.

Según el sistema procesal acusatorio vigente en la Justicia porteña, quien decide es el fiscal, que también debe acercarle la prueba al juez, que oficia como un árbitro con la defensa. En este caso, la fiscalía llevó como prueba sólo las actas de detención elaborada por la Policía, sin consignar los lugares de detención, ni los motivos.

Aquí aparece una disidencia: Andrade afirma que, al no tener pruebas, decidió liberar a los detenidos en la madrugada del jueves 13. Para el Gobierno, “es el fiscal el que decide, acá no interviene la jueza, los detenidos no están a su disposición”. Por eso, consideran que la magistrada, de 42 años, “se apuró” al otorgar la libertad de los detenidos, y por eso exige que la investiguen penalmente.

Continuidad

Las dos denuncias son la continuidad de la presentación que, el viernes, hizo el mismo ministerio, y que recayó en el juzgado número 11, bajo la jurisdicción del fiscal federal Franco Picardi. En aquel caso, la acusación se centró en lo que el oficialismo definió como “grupos organizados de barrabravas” de más de una veintena de clubes de fútbol de primera y segunda división, a quienes acusó de los delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada.

La denuncia también apuntó contra dos intendentes del PJ, Fernando Espinoza, de la Matanza, y Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y contra Leandro Capriotti, un referente del gremio de los gastronómicos que lidera Luis Barrionuevo y que es hijo de Armando Capriotti, exdirigente de Chacarita Juniors. A las pocas horas, Picardi le solicitó al Ministerio de Seguridad “registros, documentaciones e información” que sustenten sus acusaciones.

En aquella denuncia, el Ministerio de Seguridad había aclarado que se encontraba “evaluando” la presentación de una denuncia penal contra Andrade por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionario público y que también pediría investigar el caso en el Consejo de la Magistratura.

“Se advierte un grave incumplimiento a las normas procesales penales en vigencia (arts. 182 y 183 del Código Procesal Penal de la Ciudad -Ley nro. 2303-, Ley Local de Reiterancia -Ley nro. 6729- y Ley Nacional de Reiterancia -Ley nro. 27.785, entre otras normativas en vigencia), decidiendo hechos graves dispuso la libertad por ‘WhatsApp’ de más de 100 detenidos sin haber siquiera accedido a las actuaciones, sin haber controlado la prueba y sin haber verificado la existencia de antecedentes penales de los detenidos”, dice el escrito presentado el vienes.

Y agrega que varios de esos “frondosos antecedentes” se centraban en “lesiones, atentado a la autoridad, amenazas agravadas, tenencia de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y robos agravados, entre otros delitos)”, que según la argumentación del Gobierno no fueron tenidos en cuenta por la jueza Andrade.

Andrade es abogada especialista en derecho penal, egresada de la Facultad de Derecho de la UBA y con un posgrado en Derecho Penal en la Universidad Di Tella, además de una Especialización en Magistratura. Fue miembro de la Asociación Pensamiento Penal, organización de abogados y profesionales que proponen acciones concretas sobre la cuestión penal y los derechos humanos.

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