La AFI denunció a medios y periodistas
Agustín Rossi presentó una denuncia contra los diarios que revelaron la existencia de una “mesa militar”
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LA NACION
El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, presentó una denuncia penal contra periodistas y medios que, según él, revelaron información secreta cuando informaron sobre las sospechas de la existencia de una “mesa militar” a disposición del Gobierno. La denuncia fue sorteada y le tocó al juzgado federal 6, que momentáneamente está a cargo del juez Sebastián Ramos. El fiscal del caso será Carlos Rivolo.
“Estamos denunciando a Joaquín Morales Solá, Daniel Santoro, al diario Clarín y LA NACION por publicar nombres de agentes de inteligencia”, adelantó anoche Rossi en declaraciones a C5N. Esta mañana ingresó la presentación en la justicia federal porteña. Los delitos de los que acusa a los denunciados, según la pagina web del Poder Judicial, son la “revelación de secretos políticos y militares” en las dos versiones que prevé el Código Penal para esa figura, dolosa y culposa.
El responsable de la AFI cuestionó la supuesta difusión de nombres de agentes de Inteligencia, la presunta divulgación de la estructura y las funciones del organismo, y también la publicación de partes de la carta que él mismo le envió a la Comisión Bicameral de Inteligencia.
Joaquín Morales Solá, que escribió la primera nota sobre el tema en LA NACION, contó que un pedido de informes de la oposición en la Comisión Bicameral de Inteligencia nombraba al militar Marcelo Granitto y a dos civiles: Ramiro Gómez Riera y Roberto Adrián Román.
Un dato llamativo de la denuncia de Rossi es que él mismo había dicho, en un diálogo con LA NACION posterior a la nota de Morales Solá, que Granitto no trabajaba en la AFI, “ni como contratado ni en planta permanente ni como personal de gabinete”.
En cuanto a Gómez Riera y Román, Rossi confirmó que el primero cumple funciones de asesor en el organismo, mientras que el segundo ocupa el cargo de secretario de Planificación de Inteligencia Nacional. “Román es historiador, es de Rosario, y milita conmigo hace veinte años”, afirmó Rossi, que dijo incluso: “No es ningún secreto, si hasta integró mi equipo para el área de Seguridad cuando pugné por ser candidato a gobernador de Santa Fe. Entró conmigo, es un funcionario político y se irá conmigo el 10 de diciembre”. Sobre el otro nombrado, sostuvo: “En cuanto a Gómez Riera, sí, antes trabajó en la dirección de Inteligencia Estratégica Militar, sí. ¿Y?”.
El pedido de informes de legisladores de Juntos por el Cambio hizo alusión a una “mesa militar” que funcionaría dentro de la AFI y que integraría, dijeron, un grupo de militares liderados por el teniente general retirado César Milani, exjefe del Ejército, que habría hecho espionaje prohibido.
Para la oposición, este grupo estaría dedicado a “la obtención y análisis de información respecto de militares en actividad y/o retirados”, y, además, tendría un enlace con empresas de telefonía para acceder a los registros de llamadas y mensajes de WhatsApp. Si bien Rossi negó la existencia a través de una carta a la Comisión Bicameral, la respuesta no conformó a la oposición, que reclamó más datos.
Este martes, Rossi justificó su ofensiva contra periodistas y medios. “Se trata de cumplir o no cumplir la ley. Cuando alguien infringe la ley hay que hacer la denuncia en la Justicia”, dijo. Además, el funcionario aseveró que la obligación de mantener el secreto respecto de las comunicaciones de la Comisión Bicameral de Inteligencia “también la tiene el periodista”.
Rossi insistió en su argumento y consignó que, como responsable de la AFI, debe “velar por el cumplimiento de la ley de Inteligencia” y proteger a los miembros del organismo.
“Pinchadura” de teléfonos y Lago Escondido
La sospecha de la oposición es que la “mesa militar” habría tenido relación con las filtraciones de teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, quien este martes pidió licencia.
La oposición había reclamado que se informara si esa “mesa militar” era el enlace con las empresas de telefonía celular Movistar, Personal y Claro para obtener información de clientes de esas compañías. Y también preguntó si la agencia oficial de inteligencia ha detectado una “sustitución operativa de la tarjeta SIM de teléfonos celulares para acceder a la información del teléfono de un usuario”.
Como publicó LA NACION, Rossi negó todas las acusaciones en la respuesta que envió a la Comisión el primer día hábil posterior a Navidad. Replicó que no existe área alguna o “mesa militar” en la AFI que se aboque a buscar y analizar información sobre militares.
Después de la respuesta, los legisladores Cristian Ritondo, Alfredo Cornejo, Ignacio Torres, Daniel Kroneberger y Miguel Ángel Bazze insistieron con un nuevo pedido de información e hicieron hincapié en la eventual participación de cuatro militares retirados que habrían sido contratados como “personal civil de inteligencia”. Indicaron que podrían reportar a la AFI o alguna otra fuerza, como la Policía Federal o Gendarmería.
Los diputados y senadores opositores pidieron, además, precisiones sobre “la modalidad de contratación” de esos militares, “en qué organismo inteligencia revistan, desde qué fecha prestan servicios y cuáles han sido sus funciones y tareas a la fecha”.
El repudio de Adepa
La denuncia presentada por Rossi generó un inmediato repudio de la Asociación de Entidades de Empresas Periodísticas de la Argentina (Adepa) por considerarlo una persecución. “@Adepargentina rechaza de modo enérgico la denuncia penal promovida por el titular de la AFI contra los periodistas J. Morales Solá, Daniel Santoro y los diarios Clarín y La Nación por la difusión de un pedido de informes efectuado por legisladores nacionales”, señala en el inicio de un hilo de Twitter.
Y después agrega: “La utilización del sistema penal como forma de persecución a periodistas y medios por la difusión de información estatal, no es concebible en un sistema democrático, respetuoso de los derechos humanos y de las garantías consagradas en el Pacto de San José de Costa Rica”.
También la titular de la Fundación Led, Silvana Giudici, se expresó con críticas a la medida. “Denunciar a periodistas por informar sobre un asunto de interés público basado en hackeos ilegales intenta tapar el accionar de la AFI y el supuesto rol de Milani. El acceso a la información pública es un derecho superior a la norma que invoca Rossi”, expresó.
LA NACION
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