El Gobierno definió un “tarifario” y proveedores para hacer encuestas y focus groups en el año electoral
En una licitación pública, vinculó a 15 empresas para que presten servicios en 2025; comenzarán en junio, en el inicio de la campaña; afirman que es un esquema “a prueba de sobreprecios”
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LA NACION
El Gobierno, con la firma de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y del canciller Gerardo Werthein, contrató a 15 consultoras para realizar sondeos de opinión pública, call centers para encuestas, focus groups y entrevistas en profundidad en vísperas del año electoral. Justamente, entrará en vigencia el 17 de junio de 2025. En la Casa Rosada afirmaron que se trata de “una práctica habitual de todos los gobiernos del mundo”.
La administración libertaria podrá pagar, con este formato, más de $4 millones por cada encuesta. El lunes se publicó en el Boletín Oficial la adjudicación de una licitación pública en la que se suscribieron las empresas ganadoras a un acuerdo marco para realizar ese tipo de trabajos por un lapso de seis meses, prorrogables por otros seis. El presupuesto asignado dependerá de la cantidad de servicios que soliciten durante ese tiempo.
La licitación menciona como objeto de compra Realización de Estudios de Monitoreo de la Gestión y Opinión Pública, un título llamativo dado que el presidente Javier Milei dijo múltiples veces que no se guía por esta clase de sondeos para tomar decisiones.
“Yo no puedo hacer política económica y política mirando la opinión pública. Yo tengo que hacer lo que está bien, lo que hay que hacer. Es decir, por esa por esa forma de mirar la opinión pública, de si las encuestas dicen o si la gente dice o lo que fuera llevamos 123 o 124 años de decadencia”, declaró Milei el pasado 20 de octubre. “Si yo hubiera hecho caso a las encuestas, yo sería socialista, porque cuando yo empecé a ir a televisión -la gente parece que se olvida- yo enfrentaba 15 personas a uno; yo era el único que defendía las ideas de la libertad. Yo estaba más solo que Adán en el día de la madre”, añadió.
Frente a la consulta de LA NACION, desde el área de prensa de la Presidencia, a cargo del vocero presidencial Manuel Adorni, explicaron: “Son un instrumento útil para conocer la satisfacción social con respecto a la performance del gobierno en sus distintas áreas de gestión y sobre políticas públicas particulares. Es una práctica habitual de todos los gobiernos del mundo”.
El acuerdo contempla 66 tipos de estudios, para los que cada empresa competidora ofreció precios unitarios distintos. El acuerdo marco contempla a los proveedores a los que cada área de gobierno puede contratar. No se establece, en esta instancia, una compra efectiva sino que eventualmente cada oficina no precisará hacer una licitación por separado. También explicaron a este medio que las sucesivas adquisiciones que se hagan serán publicadas en el portal oficial con los montos invertidos.
Los servicios contemplados incluyen encuestas telefónicas con distintas modalidades, encuestas presenciales en hogares, encuestas online, grupos focales, comunidades de WhatsApp y entrevistas en profundidad, todos con diferentes cantidades de personas con las que realizar el estudio, y en distintas zonas del país. Los valores unitarios varían entre los $20.000 hasta más de $4 millones.
La Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 999-0009-LPU24 se adjudicó a las siguientes firmas, es decir que se podrán contratar solo a ellas: Julio Francisco Antonio Aurelio S.A., Isonomía Consultores S.A., The Power of Data S.A., Trespuntozero S.A., Unistat Consulting S.A., Demos Consulting S.R.L., Ereno S.R.L., Analía Graciela del Franco, Opinaia S.A., 2R Consultoría S.R.L., Tinargen S.A., Barda Comunicación S.R.L., Nucleo Marketing S.R.L., Previ S.R.L., María Florencia Filadoro, Gustavo Córdoba y Asociados, y Luis Costa & Asoc. S.R.L.
Los que quedaron afuera
Hay cinco firmas que se presentaron pero no resultaron adjudicadas para ninguna encuesta: Universidad Nacional de Tres de Febrero, Voices Research and Consultancy S.A., Management & Fit S.A., MFG Consultores S.A. y Taquion S.A.
“Cada proveedor postulante oferta sus precios para los distintos productos establecidos en el pliego. Luego, son seleccionados según si cumplen con las competencias técnicas estipuladas en el pliego y si sus precios están cerca del promedio del total de los oferentes. Es mejor que una contratación individual porque garantiza que el Estado no podrá contratar a ningún proveedor que esté por encima del promedio de precios de mercado. O sea: es un esquema a prueba de sobreprecios”, explicaron desde la oficina de prensa. Y especificaron: cada área contratará con sus recursos.
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