El gobierno de Axel Kicillof acusa a ocho intendentes opositores de trabarle un plan clave
Municipios de Juntos por el Cambio se niegan a que en sus distritos la provincia reparta cunas y kits para recién nacidos; denuncian que es una medida “electoralista”
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La gestión bonaerense de Axel Kicillof y ocho municipios gobernados por intendentes de Juntos por el Cambio se enfrentan por la implementación del Plan Qunita, un programa que el mandatario kirchnerista muestra como una de sus medidas de mayor impacto. Los intendentes de San Isidro (Gustavo Posse), San Miguel (Jaime Méndez), Junín (Pablo Petrecca), General Viamonte (Franco Flexas), Rojas (Román Bouvier), Capitán Sarmiento (Javier Iguacel), Bahía Blanca (Héctor Gay), y Vicente López (Soledad Martínez), no firmaron el convenio de adhesión y el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, los criticó al considerar que no se suman por “cuestiones políticas”. En los distritos, los argumentos para rechazarlo van desde la caracterización de “electoralista” del programa hasta la afirmación de que ya están cubiertos con sus propias estructuras locales.
El Plan Qunita, que fue judicializado en una causa que se cerró en 2021 por inexistencia de delito, está destinado a madres “con cobertura pública exclusiva de salud y que perciban la Asignación por Embarazo”, según se define en los convenios que firman el gobierno de Kicillof y las municipalidades que adhieren. Se entrega “un kit con un moisés” y elementos para “la promoción del sueño seguro, la lactancia humana y el desarrollo infantil”. La producción de los kits está a cargo de detenidos en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Kreplak identificó a los municipios que no se sumaron. “Hay ocho municipios que, por cuestiones políticas, no quieren firmar el Qunita”, reprochó en un acto en el que se anunció la universalización del plan. “Han decidido que no quieren participar porque es kirchnerista, es político”, agregó.
Desde el Ministerio de Salud provincial indicaron a LA NACION que “el sentido del programa es crear una red con los centros de salud de los municipios” y aseguraron que a las municipalidades “no se les exige personal, recursos ni presupuesto”.
“Hay una intención política. En Vicente López, la decisión la toma Jorge Macri; en San Isidro, Gustavo Posse; en Bahía Blanca, Héctor Gay, un distrito con el que tuvimos problemas, como tuvimos también con Junín”, criticaron en la cartera de salud provincial.
Al explicar por qué su municipio no se sumó al plan, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, no ocultó su fastidio. “El ministro tiene desconocimiento. El municipio de Junín no tiene hospitales municipales, todas las mujeres embarazadas tienen a sus hijos en el hospital provincial y ahí tienen el Qunita”, aseveró. “Tenemos obstetricia en los centros de atención primaria de la salud y programas de acompañamiento a la mujer embarazada. Este plan tuvo irregularidades y es electoralista. En casi cuatro años de gobierno, la Provincia nunca tuvo ánimo de cooperación, no pudimos ni administrar las vacunas. Kicillof vino el miércoles a Junín y no fuimos notificados”, criticó Petrecca.
Franco Flexas, intendente de General Viamonte, afirmó a LA NACION que el programa exige “requisitos difíciles de cumplir con los recursos humanos”. Y profundizó: “Nos cuesta conseguir pediatras. Algunos puntos, como las guardias activas, son de difícil cumplimiento”. Flexas se refiere a las condiciones que establecen las “Directrices para la adecuación de Centros Obstétricos y Neonatales garantes de derechos en la Provincia de Buenos Aires”, que se piden cumplir en los convenios de adhesión, aunque también en ellos se aclara que, si el cumplimiento de esos requisitos es parcial, los municipios podrán adherir al plan “mediante la elaboración de un plan de trabajo” para “alcanzar el cumplimiento de las condiciones”. En General Viamonte hay un hospital municipal, el Eugenio Bargas, que, según el intendente, “absorbió toda la demanda” del distrito tras la quiebra de una clínica privada.
Los requisitos exigidos por la Provincia fueron también un punto que destacó el intendente de Capitán Sarmiento, Iguacel. “No hay una mirada política, tomamos todo lo que sea bueno para la gente. El convenio incluía obligaciones de cuidado para los niños que debe otorgar la Provincia. A cambio de la cunita de cartón, obligan a cumplir cuestiones que debe cubrir la Provincia”, destacó Iguacel, en diálogo con LA NACION. “Acá hay pleno empleo y la gente se puede comprar su cuna. Nuestro hospital municipal [San Carlos] recibe un 50% de pacientes de otros distritos, como Carmen de Areco, que tiene un hospital provincial que funciona muy mal”, completó el jefe comunal.
Rojas es otro de los distritos apuntados por el gobierno de Kicillof. “Nuestro municipio no se adhirió, pero no fue por razones políticas. No adherimos porque es una necesidad que tenemos cubierta, nuestro Servicio de Neonatología y Obstetricia [del Hospital Municipal Saturnino Unzué] es una referencia en la región sanitaria”, aseguró Nicolás Scardino, secretario de Gobierno de Rojas.
En el municipio de San Isidro plantearon que el Qunita es “un programa electoralista que tuvo una pésima implementación”. Señalaron que “hay un desconocimiento total por parte de la Provincia de lo que hacen los intendentes” y subrayaron: “Muchos de estos programas ya los implementamos y con mejores resultados. A diferencia de otros municipios, tenemos un hospital maternoinfantil”.
Fuentes municipales de San Miguel aseguraron que cuentan con cobertura. “No estamos de acuerdo con los términos del convenio que nos querían hacer firmar, por eso no lo hicimos. Además, se trata de prestaciones que ya atendemos con recursos propios”, respondieron a la consulta de LA NACION.
En el municipio de Bahía Blanca negaron motivaciones políticas. “Las mismas cosas que se pueden utilizar del Plan Qunita, las venimos instrumentando desde las unidades sanitarias. Estaba acordado, lo que pasa es que ahora se tiran cosas por la época política. El hospital municipal no tiene maternidad, la maternidad está en el hospital provincial”, puntualizaron.
Hace cuatro años, cuando María Eugenia Vidal era gobernadora y se agitaba la campaña electoral, la problemática que se produce con el Plan Qunita se evidenció con otro programa estrella, aunque con los espacios políticos en papeles opuestos. Vidal reprochaba que 14 municipios peronistas no se habían adherido al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) provincial, y reclamaba “que la política o la campaña no dejen a un vecino esperando con una urgencia”.
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