El Gobierno convirtió a Yacimientos Carboníferos Río Turbio en sociedad anónima y otros 60 organismos podrían seguir el mismo camino

Tras hacerlo con el Banco Nación, el Gobierno dispuso la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima y otros 60 organismos podrían seguir el mismo camino. La medida fue publicada en el Boletín Oficial el lunes a la medianoche en el decreto 115/25.

Con esto, la empresa nacional ubicada en Santa Cruz está un paso más cerca de ser privatizada, algo que está contemplado en la Ley Bases. YCRT es una de las nueve empresas –el Gobierno había propuesto 41– que quedaron en la lista de privatizables.

Si bien el paso de YCRT de sociedad del Estado en sociedad anónima es uno más en la larga lista que tiene el Gobierno, desde Balcarce 50 hubo recaudos especiales con el gobierno provincial, que encabeza Claudio Vidal. El santacruceño tiene buena sintonía con la jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, y su administración fue informada previamente sobre el decreto que se publica este lunes, según explicaron fuentes de la Casa Rosada.

YCRT es un ícono del kirchnerismo en Santa Cruz y también eje de fuertes controversias por su funcionamiento deficitario y las inversiones millonarias que recibió durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Su caso tiene poco que ver con el Banco Nación, cuya transformación fue comunicada sorpresivamente por el Gobierno en medio de un raid de anuncios que buscaron quitar el foco de atención sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

En diciembre se conoció un informe lapidario de la Sindicatura General de la Nación sobre el funcionamiento de YCRT. Al cierre del tercer trimestre de 2024, YCRT tuvo un resultado económico negativo de $8728 millones pese a haber recibido fondos nacionales por $53.837 millones. Según la SIGEN, su déficit operativo fue de $62.565 millones en los primeros nueve meses del año. Según estimaciones del Gobierno, el déficit final de 2024 se ubicará entre los 80 y 100 millones de dólares. En 2023 había sido de 140 millones de dólares.

La planta de YCRT tiene unos 2100 empleados, en gran medida administrativos. La ciudad de Río Turbio vive alrededor del funcionamiento del yacimiento y de la Central Termoeléctrica, en la que el kirchnerismo invirtió sumas millonarias y por las que enfrentó varias denuncias en tiempos de la administración macrista.

En 2004, en el lugar fallecieron 14 mineros al quedar atrapados cuando se produjo un derrumbe seguido de incendio.

Desde octubre del año pasado, el interventor de YCRT es Pablo Sebastián Gordillo Arriagada, exgerente general de Servicios Públicos Sociedad del Estado en esa provincia y hombre de confianza del gobernador Vidal. Su llegada al cargo se produjo luego de que el presidente Javier Milei echara a Thierry Decoud, en el marco de una investigación por presunto “pedido de coimas”.

La denuncia contra Decoud había sido presentada por el gobierno de Santa Cruz, tras un presunto pedido de coimas de dos intermediarios entre la minera y la empresa Tegi Limited, que estaba en negociaciones para comprar carbón.

El Gobierno hizo saber que hay interesados en comprar la mina y deslizó que las ofertas por adquirirla rondan los US$400 millones. Hace un mes, sin embargo, la firma intentó subastar a través del Banco Ciudad 30.000 toneladas de carbón, pero la operación se cayó por falta de oferentes.

A principio de febrero, fuentes gremiales aseguraron que ya hay acopiadas 45.000 toneladas en el Puerto de Punta Loyola, listas para ser comercializadas, y culpan a las diferentes intervenciones por no haber concretado negocios. Desde la Junta Interna de ATE Punta Loyola han remarcado la postura de defensa irrestricta de la empresa “en manos de los trabajadores”, y señalaron a través de un comunicado que “2024 fue un año de ajuste y vaciamiento”. Y completaron: “Hoy el ajuste está potenciado por el intento privatizador”.

Tras el fracaso de la subasta, el interventor Gordillo Arriagada aseguró en diálogo con la prensa que la decisión del gobierno nacional era convertir a la empresa en una sociedad anónima. “En YCRT, la idea es una privatización parcial, con una figura que mantenga la mayoría accionaria en manos del Estado, pero con participación de los gremios y los trabajadores”, detalló el mes pasado.

El interventor le presentó al gobernador Vidal una propuesta de reactivación de la usina de 240 MW, que tiene como principal estrategia la posibilidad de generar energía a requerimiento de la provincia. Mientras tanto, desde el gremio como desde los sectores kirchneristas se oponen a la privatización de YCRT.

Según pudo reconstruir LA NACION, el Gobierno tiene bajo análisis otras 60 empresas que podrían seguir el mismo camino del Banco Nación e YCRT. No solo hay empresas públicas que pasarían de sociedad del Estado a sociedades anónimas, sino también otras “unidades productivas” o “unidades de negocios”, incluso dentro de una misma empresa pública, o “intercompañías”, que podrían seguir ese curso y estar más cerca de pasar a manos privadas o cerrarse. Otra opción es que las adquieran las provincias.

El área de privatizaciones quedó a cargo de Diego Chaher, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.

Para la administración libertaria, los pases a sociedades anónimas son sinónimo de “saneamiento” y “orden”, e implican “balances de inventarios, administraciones más responsables, estándares de transparencia y saneamiento de déficits, así como rendir cuentas ante la Inspección General de Justicia (IGJ)”. Según definió una fuente al tanto de los pormenores, tiene que ver con “normalizar el estatus jurídico de empresas públicas que en muchos casos tenían grises”. También la puesta a punto necesaria para que, eventualmente, esas empresas salgan a la venta.

En las filas libertarias se muestran convencidos de que el déficit que muchas veces generan parte de las empresas públicas “impacta” en las arcas del Estado y “no acompañan los esfuerzos que se están haciendo para bajar la inflación”.

El Gobierno mantiene la idea de avanzar con las privatizaciones incluso de aquellas empresas que quedaron afuera de la Ley Bases. Mencionan los casos de Tandanor y el Correo Argentino, Enarsa, AySA, Intercargo y Sofse.

“Privatizar no es castigar”, dicen en las filas del Poder Ejecutivo, y agregan: “Los privados no son malos. Hay que terminar con esa visión. Lo que tiene que haber son buenas administraciones”.

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