El Gobierno congela la ofensiva contra la Corte, pese a la presión kirchnerista
En la Casa Rosada descartaron impulsar cambios en la integración del tribunal, más allá de las críticas en los discursos; reconocen que carecen de apoyo para avanzar en el Congreso y que las divisiones internas se lo impiden
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En la antesala del año legislativo, el oficialismo no tiene previsto anunciar el 1º de marzo un proyecto para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia, reciente destinataria de duras críticas y embates, según reconstruyó LA NACION de fuentes oficiales. Pese a las permanentes declaraciones públicas provenientes del kirchnerismo en contra del funcionamiento del Poder Judicial, y después de la marcha del 1° de febrero, en la que los sectores más duros del Frente de Todos pidieron la renuncia de los ministros del máximo tribunal, no habrá una iniciativa consecuente con esos reclamos.
Los embates al funcionamiento de la Corte Suprema quedarán en el plano verbal. A lo sumo, reconocieron fuentes del Gobierno que intervienen en los temas judiciales, se buscará abordar en el Congreso la aplicación del artículo 280 para el rechazo de recursos por parte del máximo tribunal.
Aunque en las filas partidarias del Frente de Todos hay quienes sostienen que mientras se agravan las fricciones por los temas económicos las cuestiones judiciales “unifican a todos”, kirchneristas y albertistas no proyectan el mismo horizonte en los temas de índole institucional.
Algunos funcionarios se remiten al frustrado intento de aprobar en el Congreso la reforma judicial, a la fallida intención de nombrar al juez Daniel Rafecas procurador general de la Nación y a la posterior iniciativa para modificar las vías institucionales para elegir al jefe de los fiscales, también sin éxito.
Cerca de Alberto Fernández consideran que cualquier movimiento que él haga en ese sentido será insuficiente. “Algunos quieren que entremos a la Corte Suprema con hachas, Alberto no va a hacer eso”, dijo un funcionario. Y agregó: “No estamos en el mejor momento de consonancia política en el Frente de Todos. ¿Cómo vamos a plantear el cambio de la composición de la Corte? Si no se pudo votar el pliego de Rafecas...”.
“El pliego de Rafecas, ¿quién lo frenó? En materia institucional, el Gobierno hizo todo lo que tenía que hacer para mejorar el funcionamiento de la Justicia”, se quejó otro funcionario con despacho en la Casa Rosada. Cerca de Fernández todavía mastican bronca por no haber logrado que el Senado, a cargo de Cristina Kirchner, tratara el pliego de Rafecas.
En la cartera de Justicia reconocen que hay proyectos escritos, pero advierten que no es el momento para impulsarlos. Y no se refieren al consenso que debe alcanzar el oficialismo con la oposición, sino a las internas de la coalición gobernante. “Máximo [Kirchner] tomó una decisión, qué lástima, pero ya quedó en evidencia”, criticó un vocero oficial.
Una de las iniciativas que sí están en carpeta está relacionada con el artículo 280 del Código Civil y Comercial, con el fin de que la Corte Suprema de Justicia deba fundamentar la ausencia de cuestión federal para rechazar determinados recursos.
La redefinición del 280 –repetidamente cuestionado por la vicepresidenta Cristina Kirchner– estuvo bajo estudio de la comisión de expertos convocada por Fernández en 2020 para analizar el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
La marcha del 1-F
Aunque en los días previos Alberto Fernández la había respaldado como una “manifestación ciudadana”, la protesta contra los jueces de la Corte Suprema que el martes pasado aglutinó a sindicalistas y a dirigentes del kirchnerismo duro finalmente no contó con la presencia de ministros del gabinete nacional.
“Si Alberto no avalaba el reclamo, surgía otro conflicto hacia adentro. En esa relación de poleas constante quizás el Gobierno mensuró que era más duro para Alberto pronunciarse en contra de la marcha. Iba a tener a los sectores del kirchnerismo puteando, entonces dijo que le parecía bien”, dijo otro funcionario afín al Presidente. Y buscó despegarse: “No hay que creer que la estrategia política ni judicial del Gobierno está en manos de Luis D’Elía o Juan Ramos Padilla”. Se refería así a los principales impulsores de la manifestación.
Al respecto, también, un funcionario que suele ser muy crítico del máximo tribunal se quejó: “[Los medios] Titulan con que Luis D’Elía participa de la estrategia judicial del Gobierno, pero no tiene nada que ver”.
Luis D’Elía, sin embargo, visitó al Presidente en la Casa Rosada el 29 de diciembre pasado, y semanas después del encuentro, le agradeció a Fernández vía Twitter “todo lo realizado en favor de los presos políticos”. El kirchnerismo utiliza el término “presos políticos” para referirse a exfuncionarios o dirigentes detenidos por causas de corrupción.
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