Los motivos detrás del giro del gobierno de Milei frente a las causas de corrupción kirchnerista

El Gobierno anunció que volverá a ser querellante en causas de corrupción, en un giro en la política que había insinuado al inicio de la gestión, cuando argumentaba que no era función de la Oficina Anticorrupción litigar contra exfuncionarios del kirchnerismo denunciados en la Justicia.

El anuncio del cambio lo expresó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien también dijo que “se está asumiendo” ese papel en las causas. “Se retiraron durante el otro gobierno [los querellantes]; ahora están asumiendo el rol de querellante en varias causas”, sostuvo el titular de la cartera en una entrevista con Radio Mitre.

Fuentes de la Oficina Anticorrupción aclararon a LA NACION que se presentarán tanto en las causas que se tramitan actualmente en la Justicia como en aquellas que se inicien en el futuro y se vinculen con hechos de corrupción “sin distinción de ideologías ni de los nombres que aparezcan involucrados”. Desde el Gobierno también señalaron que la decisión no abarca generalizadamente a todas las causas de corrupción, sino que la Oficina Anticorrupción usará “un principio objetivo de racionalidad basado en criterios de repercusión institucional, social y económico. ministerio”.

En el inicio de la gestión, la postura prescindente del Gobierno de Javier Milei de impulsar como querellante los casos de corrupción alimentó la idea de que se iban a abandonar las denuncias contra el kirchnerismo a cambio de tener un mayor apoyo legislativo y político que facilite la gobernabilidad.

Sin embargo, tras los fracasos de la ley ómnibus y la pelea en el Senado con el kirchnerismo, el presidente Javier MIlei volvió a cargar las tintas contra Cristina Kirchner, y la consideró el 19 de febrero pasado en LN+ como la “jefa de la banda” por las causas de corrupción que enfrenta. Hasta entonces, Milei evitaba críticas directas a la expresidenta.

El endurecimiento del discurso oficial contra el kirchnerismo coincide con el giro en la política anticorrupción. Desde la OA y el ministerio de Justicia evitaron explicaciones sobre el cambio. Tampoco se aclaró si se va a extender ese criterio a la tarea que realiza la Unidad de Información Financiera (UIF), que investiga casos de lavado de dinero de la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico.

La Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad Información Financiera (UIF) se habían retirado en 2020 y 2021 como querellantes de un total de 32 causas, entre ellas “Los Sauces” y “Hotesur”, donde se investigan los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia de la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y donde la exmandataria está involucrada por presuntos delitos de cuando fue presidenta, entre 2007 y 2015. Esa cifra también incluye la causa de los “cuadernos de las coimas” donde se investiga una red de recaudación de sobornos donde empresarios pagaban coimas para mantener sus contratos y el dinero era recibido por funcionarios para terminar en los bolsillos de políticos del más alto nivel) y casos contra Julio De Vido, José López, Aníbal Fernández y César Milani.

Además, a mediados de 2022, la OA decidió no acusar a la entonces vicepresidenta por la causa Vialidad, que estaba detrás de la corrupción en la obra pública en Santa Cruz.

La mayoría de los expedientes en cuestión, en total 21 de 32, habían sido ordenados por la oficina durante el gobierno de Mauricio Macri; entonces la titular era Laura Alonso.

Cuando el Estado se pone en rol de querellante actúa como acusador en la investigación, en paralelo con la fiscalía. En ese marco, tiene acceso al expediente y puede proponer medidas de prueba como así también recurrir decisiones judiciales.

Tal como publicó LA NACION, poco después de asumir en el gabinete de Javier Milei, Cúneo Libarona decidió que la Oficina Anticorrupción, donde designó a Alejandro Melik, un abogado cercano suyo y de máxima confianza, no fuera querellante en casos de corrupción. También había marcado que la UIF no iba a tener facultad para impulsar las causas como víctima. Sin embargo, las declaraciones de este viernes parecen revelar un cambio de rumbo.

A días de asumir, el ministro había declarado en una entrevista: “Alejandro Melik -titular actual de la OA- no va a utilizarla con fines políticos. Le quitamos la potestad de querellar, para eso están los fiscales; y la UIF, lo mismo. Viola el principio de igualdad de armas. Las OA fue usada como un arma de guerra en todas las batallas, como la UIF y la AFI”.

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