El Gobierno confirmó que buscará la reelección de Sbattella, pese a la polémica

A pesar de las denuncias y críticas que acumuló durante su gestión, el Gobierno postuló ayer al actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, para que continúe otros cuatro años al frente del organismo que debe combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en todo el país.

La decisión se explicitó a través de una solicitada que el Ministerio de Justicia publicó ayer en los diarios Página 12, Tiempo Argentino y BAE, con una breve síntesis del currículum de Sbattella, así como del economista Germán Saller, el candidato a asumir como vicepresidente de la UIF.

La postulación de Sbattella para presidir la UIF por un segundo mandato, que LA NACION anticipó este domingo, amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto a la Casa Rosada, que deberá publicar sus antecedentes por tres días, para luego abrir una ventana de quince días para recibir eventuales notas de apoyo o impugnaciones.

El diputado por el Frente Renovador, Adrián Pérez, anticipó ayer que impugnará el pliego de Sbattella, algo que el senador radical Ernesto Sanz ya dejó claro que podría provocarle otro dolor de cabeza a la presidenta Cristina Kirchner.

"Si la Presidenta cumple, como corresponde, con la ley, se expondrá a un nuevo caso Reposo -agravado en esta oportunidad por la experiencia previa-, debido a que Sbattella ya demostró su incompetencia al frente de la UIF", afirmó Sanz el viernes pasado.

Ante esa polémica en ciernes, sin embargo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, optó ayer por esquivar una definición sobre Sbattella o el interés del Gobierno por extender su mandato hasta la mitad de la próxima presidencia. "No tengo ningún comentario que realizar", fue todo lo que replicó Capitanich ayer durante su habitual conferencia de prensa.

Desde que asumió al frente de la UIF en febrero de 2010, Sbattella procuró potenciar al organismo. Para eso, logró una reforma de la ley antilavado, la dotó de nuevas facultades, impulsó las primeras inspecciones y sanciones, y mejoró la evaluación del país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otros logros.

Sin embargo, Sbattella también acumuló críticas y denuncias. Entre otros motivos, por la presunta protección que habría dado a distintos funcionarios y aliados del Gobierno, como Amado Boudou, Lázaro Báez, Sergio Schoklender, el banquero Jorge Brito o Hugo Moyano, entre otros. Incluso, con el supuesto "cajoneo" de reportes de operaciones sospechosas (ROS) durante años.

Al mismo tiempo, Sbattella también renovó la planta de personal de la UIF, de la que retiró a varios expertos y analistas, a los que reemplazó con militantes políticos, allegados e incluso familiares -lo que admitió el funcionario tras una publicación de LA NACION en septiembre de 2012-, al tiempo que impartió supuestas órdenes para perseguir a enemigos del Gobierno, como el Grupo Clarín, entre otros.

Su polémica actuación derivó en la radicación de por lo menos cuatro denuncias penales por el posible incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento agravado por omisión de denuncia y violación de secretos.

La última de esas denuncias derivó, el viernes pasado, en una orden de presentación del juez federal Claudio Bonadio, para que la unidad antilavado le entregara distintos documentos con la advertencia de allanar en el acto si se resistía a aportar esa información. Pero no fue necesario ya que la UIF aportó copias digitales de lo requerido.

La renovación de mandatos y nombres dentro de la UIF, sin embargo, se extenderá más allá de Sbattella. Entre otros motivos, porque también deberá renovarse al Consejo Asesor del organismo, en el que la ley impone que deberían figurar representantes del Banco Central, la AFIP, la Comisión de Valores, los ministerios del Interior, Justicia y Economía, y la Sedronar.