El Gobierno busca reactivar la reforma judicial por el caso de los chats filtrados y el viaje de jueces al sur

“Impúdico”. “Promiscuo”. “Escandaloso”. Los calificativos se suceden en el oficialismo para ahondar en el impacto que generó la difusión de una serie de comunicaciones vía chat que se le adjudican a un grupo de funcionarios porteños y judiciales, junto con empresarios de medios, en el marco del suscitado por el viaje que hicieron en octubre pasado a Lago Escondido, Bariloche. En el Frente de Todos cerraron filas en el albertismo y cristianismo, al igual que hicieron ante la condena a Cristina Kirchner. Consideran que la investigación por lo sucedido debe ser una “bisagra” en los manejos de la justicia.

Por cadena nacional, Alberto Fernández instruyó el lunes pasado una denuncia contra el grupo de viajeros y cerca suyo no descartan que retome la agenda judicial con la que llegó en diciembre de 2019. En ese sentido admiten que lo más probable es que se busque incentivar a que se traten los proyectos que ya fueron enviados en sus respectivos momentos, en diálogo con los jefes de bloque en el Congreso. Lo consideran algo “probable”, aunque la situación actual del Parlamento y sus tiempos, no vislumbran novedades en lo inmediato. Diputados, por ejemplo, podría no sesionar más hasta 2023. Al tiempo que aseguran que si aparece un proyecto o iniciativa en el tema que sea interesante, también están dispuestos a apoyarla. En el oficialismo ven una oportunidad concreta. Detallan que la “indignación es total porque si bien todos sabíamos cosas que pasaban en la justicia, esto ya es impúdico”.

Entre los proyectos que el Poder Ejecutivo impulsó y envió al Congreso, pero en los que no tuvo éxito, están el tratamiento del pliego del juez federal Daniel Rafecas para cubrir el cargo de Procurador General de la Nación, vacante desde 2017; la reforma del Ministerio Público Fiscal y la Reforma Judicial, enviada en julio de 2020. También la posibilidad de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema, uno de los últimos temas en tratarse.

En las filas del kirchnerismo duro el enojo con lo sucedido también es total. Enmarcan el viaje en la “persecución a Cristina Kirchner” por parte de la “mafia judicial” y aluden a las fotos que trascendieron en las últimas horas sobre el grupo que viajó al sur para sostener que deben ser investigados todos los involucrados. “Eso no lo pueden objetar como producto de un hackeo, es material de una cámara de seguridad de una dependencia pública”, ejemplifican sobre las fotografías tomadas en el aeropuerto de Bariloche.

En tanto que si bien consideran “correcto” lo que hizo Fernández el lunes pasado al dar una cadena nacional para hablar de lo sucedido y comunicar las medidas que dispuso, las posibilidades de que esas medidas tengan éxito, es “relativa”. En esa línea apuntan responsabilidades al Consejo de la Magistratura -órgano encargado de la sanción, designación y posible remoción de jueces junto con la administración del Poder Judicial- por “inacción” en el tema y lo consideran “paralizado”.

Desde la Justicia responden que la situación en el organismo está dada porque “la política judicializó al extremo” el escenario con la designación de miembros. “La Corte no entra en la dinámica de otros poderes”, afirman al tiempo que ironizan con una respuesta directa al corazón del kirchnerismo: “no todo se soluciona con un tweet. Hay normas, hay leyes, está la Constitución Nacional”.

Las críticas del kirchnerismo no se quedan solo en la justicia y también apuntan a la oposición en el Congreso por la “falta de apertura al diálogo y su decisión de no hacer lugar a debatir todos los temas”. Expresan en esa línea que en el Senado -que depende de la propia Kirchner- “todo lo que llegó en materia judicial se lo trató rápidamente y se le dio media sanción, pero después quedó parado en Diputados por la oposición. Ni siquiera da la posibilidad de abrir al debate”, apuntan.

En esa línea, aseguran que incluso “pese” a la posición de la oposición, en caso de que llegara una nueva propuesta sobre el tema tanto por parte del Ejecutivo como de otro sector estarían abiertos a tratarla rápidamente. “No pueden seguir pasando cosas como estas. Es una barbaridad y dañan a la justicia que es la institución ya más dañada de todas”, recalcan.

El enojo del kirchnerismo con la justicia es total. Engloban en las acusaciones la de “persecución” para Kirchner y van desde lo que sucedió a comienzos de año con el apedreamiento de su despacho en el Senado al intento de homicidio en la puerta de su casa y finalmente la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida que le fue dada este martes, en el marco del juicio conocido como “vialidad”. “Es todo extremadamente complejo”, sintetizan con enojo y agregan que las recientes imágenes de los jueces con empresarios demuestran que “teníamos razón”, en referencia a las acusaciones de una “persecución judicial” contra la exmandataria.

Desde el Palacio de Justicia arrojan una definición en ese sentido: “el kirchnerismo no paga psicólogos, porque la culpa siempre es del otro”.

Medidas y una agenda inconclusa

Fernández instruyó al ministro de Justicia, Martín Soria, para que avance con la denuncia penal contra los presuntos involcurados,algo que ya se hizo la semana pasada. Además, le pidió al bloque de legisladores porteños del Frente de Todos que active un juicio político contra Marcelo D’Alessando, ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta; y Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires.

Al tiempo que pidió que se investigue el hecho en el Consejo de la Magistratura, donde ya estaba denunciado, y que sea impulsado por el representante del Ejecutivo en ese organismo, Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza del ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y hombre de las filas de La Cámpora.

Con su discurso, el Presidente apuntó contra Julián Ercolini, juez federal que además de Vialidad, instruyó contra Cristina Kirchner los casos Hotesur y Los Sauces; Pablo Yadarola (juez penal económico); Carlos Mahiques (camarista de Casación); Pablo Cayssials (juez en lo contencioso administrativo federal); Juan Bautista Mahiques (jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires); Marcelo D’Alessandro (ministro de Seguridad porteño); Jorge Rendo y Pablo Casey(directivos del Grupo Clarín); Tomás Reinke (asesor de comunicación), y Leo Bergot (exfuncionario de inteligencia).

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