El Gobierno busca nuevos interlocutores en su renovada pulseada con el campo
LA NACIONJaime Rosemberg
Sin decirlo en público, en el gobierno de Alberto Fernández creen que la Mesa de Enlace de entidades rurales, protagonista de aquella rebelión contra la resolución 125 que jaqueó a la entonces flamante presidenta Cristina Kirchner, ha perdido relevancia como interlocutora entre la Casa Rosada y el campo.
"Es un lugar de queja y reclamo constante, no hacen aportes y lo que les damos nunca es suficiente", afirma una alta fuente del Gobierno, al tanto de las conversaciones entre el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y la dirigencia de la Sociedad Rural, CRA, Coninagro y la Federación Agraria, quienes tampoco ocultan su malestar ante un Gobierno que, aclaran, "nos recibe y nos escucha, pero da vueltas y no resuelve las cuestiones de fondo".
La decisión del Banco Central, que el martes endureció aún más el cepo al dólar- un activo que el Gobierno necesita como el agua para salir de la crisis y que el campo aporta a través de las exportaciones agrícolas, sobre todo la soja-fue el más reciente motivo de tensión con las entidades rurales, aunque la desconfianza mutua reconoce antecedentes para ambas partes desde diciembre pasado.
Mientras tanto, y con el guiño de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la Casa Rosada impulsa el reconocimiento del flamante Consejo Agroindustrial (CAA), conformado por más de 40 entidades del sector, que incluye a varios referentes cercanos al kirchnerismo y al que, salvo la SRA y sin demasiado entusiasmo, también se sumaron las entidades centrales, temerosas de que esa "nueva alianza" los saque definitivamente de la cancha.
"Con la Mesa de Enlace generamos un espacio para escuchar sus reclamos, y ese espacio ha servido para resolver muchas de las problemáticas que ha tenido la parte del sector representada por las entidades", afirmó el ministro Basterra a LA NACION. Cerca del ministro, formoseño y exfuncionario de Gildo Insfrán, explican que hablar de "la parte" del sector no es casualidad. "La agricultura familiar representa a casi 200.000 pequeños productores, la Mesa de Enlace a 60.000 medianos y grandes", precisa un funcionario inmerso en la discusión.
Los argumentos, claro, son disímiles. Desde el Gobierno creen que han sido veloces en habilitar la actividad del sector aún en pandemia; que armó una mesa de seguridad con la ministra Sabina Frederic ante los ataques a silobolsas, y que resolvió por medio de protocolos los conflictos entre provincias que se impedían la circulación de camiones con producción agrícola.
"Sostuvimos la producción intentando que la gente no se enferme, y resolvimos cada uno de los conflictos. Hoy hay récord de venta de tractores y cosechadoras para la próxima cosecha. Pero ellos se quejan porque sus bases les piden que confronten, lo único que tienen en común es el pedido de baja de retenciones a la soja", afirmó otro funcionario.
La visión de las entidades es bastante distinta. "El diálogo con el Gobierno es fluido pero estéril, falta marcar un rumbo claro y medida como la del dólar no ayudan a pensar en un mejor futuro", afirma a LA NACION el titular de Federación Agraria, Carlos Achetoni. El dirigente mendocino afirma que Basterra "es prácticamente nuestro único interlocutor" y que hay un "prejuicio ideológico" detrás de los ataques a silobolsas, aun sin culpar al Gobierno.
Basterra coincide con el titular de CRA, Jorge Chemes, en aclarar que la rentabilidad del sector está lejos de ser la ideal. "El productor está en el límite de la rentabilidad, le quedan $58 por dólar sacando las retenciones. Se sigue viendo al campo como generador de impuestos en lugar de bajar las retenciones para favorecer la producción", afirmó a este diario el exdiputado radical.
La Mesa de Enlace le planteó días atrás a Basterra su incomodidad por los beneficios para la agricultura familiar por $12.000 millones, otorgados por decreto la semana pasada y del que son beneficiarios-aducen-movimientos sociales cercanos al kirchnerismo.
"Es muy triste que se enojen porque ayudamos a los más chicos", retrucan desde la Casa Rosada. Y elogian al flamante Consejo, comandado por los productores de aceite y harina de soja, y que hace dos meses llevó su propuesta de fomento de las exportaciones a la vicepresidenta, quien los recibió, con rostro triunfante, en su despacho del Senado.
El presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de Industria Aceitera y exagregado agrícola ante la UE durante el kirchnerismo y Roberto Domenech (Procesadoras Avícolas) sobresalen en la nueva entidad, que también se reunió de forma virtual con el Presidente y el gabinete económico.
"Representan sectores distintos, pero hacen propuestas", los elogian en varios despachos oficiales.
Desde el sector sospechan que, además de intentar desplazar a la Mesa de Enlace como interlocutor, la entidad-aún sin personería jurídica ni oficinas-intenta obtener la baja de tres puntos de retenciones a la "soja industrializada", que beneficiaría a las empresas dedicadas a la exportación de esos productos.
Los denominados autoconvocados se oponen a esos beneficios, y criticaron a los miembros de la Mesa de Enlace que integran el Consejo.
¿Las diferencias desembocarán en conflicto abierto? "No hay ánimos de movilización, pero queremos respuestas", dice Chemes. "El conflicto está en estado latente, no hay crédito ni fondos para la emergencia. Y tanto el grande como el chico pagan 33 por ciento de retenciones", se queja Achetoni, en referencia a las retenciones segmentadas según volumen, que el Gobierno dispuso en marzo pero que aún no implementó.
"No falta voluntad para segmentar, falta plata", se atajan cerca del ministro Basterra, paciente equilibrista en un conflicto que, se prevé, tendrá nuevos capítulos.
Por Jaime Rosemberg
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