El Gobierno busca legitimar el protocolo en el nuevo Código Penal
LA NACIONJaime Rosemberg
Ni las críticas de aliados como Elisa Carrió , ni las de organismos internacionales de derechos humanos , ni mucho menos las del kirchnerismo o la izquierda parecen suficientes. El gobierno de Mauricio Macri decidió reforzar la puesta en marcha del protocolo del Ministerio de Seguridad que faculta a las fuerzas federales a disparar a delincuentes en fuga en determinados casos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , defendió en distintos medios de comunicación la herramienta que "brinda certidumbre y saca de indefensión a las fuerzas de seguridad". Más allá del debate parlamentario que propuso Carrió-que en el Gobierno califican de inviable- la Casa Rosada apuesta a "reforzar" el alcance y la legitimidad de la reglamentación con la inclusión, en el proyecto de reforma del Código Penal, de una modificación en el articulado con la inclusión de la "legítima defensa" en las causales de inimputabilidad para los miembros de las fuerzas de seguridad.
"Ahora damos la discusión mediática, y en marzo la daremos en el Parlamento, cuando se debatan las modificaciones al Código", afirmaron desde el Gobierno. La propia Bullrich dejó trascender que está dispuesta a escuchar la voz del Congreso, pero sin modificar ni un ápice su defensa de las nuevas órdenes para los uniformados. "Los reglamentos siempre fueron eso, reglamentos. Nunca leyes", afirma la ministra a sus colaboradores y a los funcionarios que la consultaron por la iniciativa de la líder de la CC-ARI, que pidió discutir la reglamentación, oficializada horas después de que el último mandatario extranjero abandonara el país luego de participar del G-20 .
El artículo 34 del nuevo proyecto de Código Penal que el Gobierno presentará en el próximo ciclo legislativo prevé agregar al listado de no punibles "a los miembros de las fuerzas de seguridad que actuasen en cumplimiento del deber y utilizando sus armas de forma reglamentaria". Para la ministra Bullrich, la inclusión de la palabra "reglamentaria" alude, sin dobles lecturas, al reglamento en cuestión.
"El parlamento es libre de discutir lo que quiera. La ley madre es el Código Penal y los reglamentos son internos", definió la ministra, con el expreso aval del propio presidente, Mauricio Macri, horas antes de la partida del primer mandatario hacia su fin de semana de descanso en Chapelco.
La apuesta a la figura de "legítima defensa" complementaría, según afirman en el Ministerio de Seguridad, y reforzaría el alcance del reglamento, aunque el mensaje oficial es que la autorización para abatir a un delincuente se da en casos muy específicos. "Hay mucha fantasía alrededor del protocolo. En ningún lado dice que se puede disparar por la espalda, salvo en los casos en los que alguien comete un crimen o genera heridas mortales en una víctima y sale corriendo con esa arma", afirmó otra alta fuente del Ministerio de Seguridad.
Consultas previas
Bullrich y sus subordinados, Eugenio Burzaco y Gerardo Milman, charlaron sobre el reglamento con las fuerzas de seguridad y juristas de peso, que avalaron-afirman en Seguridad- sus argumentaciones antes de la publicación de la norma en el Boletín Oficial. "Lo importante es que el gendarme o policía que lleva un arma esté capacitado para decidir lo mejor en el momento de la crisis. No se sentían defendidos ni protegidos, esta norma les da certidumbre", agregó otro funcionario que defiende la medida.
En el Gobierno también creen que otro de los debates que se vienen es el del uso de armas"intermedias" de disuasión, como las Taser que Burzaco intentó, sin éxito, incorporar al gobierno porteño durante la gestión de Macri. "Tiene que haber algo intermedio entre una pistola y un bastón, se las usa en distintas partes del mundo y son muy útiles", afirmó un funcionario con años de experiencia en materia de seguridad.
En lo inmediato, los operadores políticos del oficialismo ven tres grupos definidos de reacciones en los gobernadores en relación con el nuevo protocolo impulsado por Bullrich. "Algunos lo van a implementar, como ya lo reconocieron la ciudad de Buenos Aires y Salta; otros van a tratar de ignorarlo y un tercer grupo lo va a usar, pero para pegarnos", razonó el dirigente, con pertenencia en el macrismo.
Funcionarios y futuros candidatos creen que la inclusión del debate sobre el uso de armas de fuego en la represión traerá beneficios a un Gobierno golpeado por las tormentas financieras que se desataron en abril y parecieron amainar en las últimas semanas. "En la campaña del año que viene no vamos a poder hablar de economía porque no tenemos nada para mostrar. Nos quedan dos temas: la lucha anticorrupción y la institucionalidad, por un lado, y la seguridad por el otro", confesó a LA NACION uno de los dirigentes que ya piensa en la campaña electoral permanente que se dará en todo 2019.
En el haber, el dirigente oficialista suma la "lucha contra el narcotráfico ", uno de los tres objetivos iniciales del gobierno de Cambiemos, y en el que "se pueden mostrar resultados", más allá de las críticas que Bullrich recibió -también- de Carrió en ese punto. Macri -agregan desde el gabinete- aumentó de manera exponencial su presencia en actos vinculados con la seguridad y la pelea contra los narcos, "porque ahí tenemos éxito", según evaluó un alto funcionario.
Más allá del innegable impacto electoral de la medida, la propia Bullrich mantiene un sugestivo silencio cuando la consultan sobre una eventual candidatura a vicepresidenta de Macri el año próximo, apalancada en el éxito del operativo de seguridad del G-20 y el respaldo de buena parte de la población (y los votantes de Cambiemos) al nuevo reglamento. "No sabe nada, se entera por los diarios de que algunos la ponen en ese lugar", afirman cerca de la ministra de Seguridad.
"Lo que planteamos es poner las cosas del lado correcto, que la víctima deje de ser el delincuente y el victimario la fuerza de seguridad", dijo la ministra ayer, en un acto junto al intendente de Lanús, Néstor Grindetti.
Por Jaime Rosemberg
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