El Gobierno busca desprenderse de hospitales nacionales y choca contra el rechazo de Axel Kicillof
Las diferencias abrieron la puerta al análisis de la privatización o tercerización de establecimientos como el Posadas; ambas administraciones reclaman deudas; las situaciones de Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires
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LA NACIONCecilia Devanna
La decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar en el traspaso de hospitales nacionales a la órbita de las provincias, por considerar que la salud es responsabilidad de las diferentes jurisdicciones, se topó con la negativa del gobierno de Axel Kicillof. Con un agravante: en su provincia está la mayor parte de los hospitales nacionales.
La negativa abrió un nuevo foco de tensión entre ambas administraciones, que arrastran diferencias desde el comienzo de la gestión libertaria, como la resistencia a otro traspaso: el de las obras públicas.
Los diálogos con el gobierno de Kicillof por el traspaso de los hospitales se dieron entre el ministro de Salud nacional, Mario Lugones, y el bonaerense, Nicolás Kreplak. En ambas orillas admiten que ellos se conocen desde hace años y tienen buen trato, lo que se mantiene más allá de los ataques que intercambian Milei y Kicillof, pero resaltan que en este nuevo conflicto no hubo ningún punto de acuerdo.
La provincia solo aceptaría el traspaso de los hospitales con el total de los fondos asignados para el funcionamiento de los mismos por parte de Nación, lo que en la Casa Rosada descartan de plano.
El gobierno libertario, según reconstruyó LA NACION, a la hora de abordar el tema del traspaso propuso que fuera “decreciendo la participación del Estado Nacional en el presupuesto de esos hospitales”, con la mira puesta en que, “en principio en cuatro años”, estuviera casi saldado el traspaso.
Este mecanismo apunta principalmente al Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (Samic), uno de los dos grupos en los que se dividen los hospitales en los que tiene participación la Nación. En este grupo, la Nación aporta en promedio un 70% de los fondos, en tanto que el 30% restante se divide entre aportes provinciales y municipales.
La decisión del gobierno bonaerense de no aceptar el traspaso gradual fue “tajante”, según describieron desde Nación. En La Plata defienden el rechazo al sostener que no aceptan el gradualismo. “Ya sabemos que eso no termina bien. Se hizo con [el expresidente Carlos] Menem, que traspasó de esa manera Seguridad y Educación, y fue un verso lo de los fondos, que en la práctica nunca termina sucediendo”, afirman en el gobierno bonaerense.
De todos modos, en La Plata sostienen que no dan por cerrado el tema. “La primera condición es que esté toda la plata para que funcionen los hospitales”, alegan, para explicar: “Costeamos muchos hospitales nosotros y ayudamos a los hospitales municipales. Con los nacionales no tenemos cómo hacer frente a los costos. Nos achican la plata y encima nos piden que nos hagamos cargo de todo. No tiene manera la provincia de enfrentar esos gastos”.
El rechazo de la provincia hizo que en Nación empezaran a pensar en un “plan B”. “Si ellos no aceptan el traspaso, los hospitales no se pueden traspasar”, explican. Ante ese escenario, en las filas libertarias deslizan que empezaron a pensar en cómo manejar una deuda millonaria de la provincia, de la que tomaron conocimiento hace poco tiempo. Se trataría de aportes que la provincia no realizó al sistema Samic. “Se está evaluando qué hacer”, dicen.
“La deuda la están contando desde el gobierno de [María Eugenia] Vidal y no tenemos por qué hacernos cargo de eso”, replican desde el gobierno bonaerense, que ya presentó varios reclamos concretos a la Nación en los tribunales. “Los últimos cuatro años nos deben más ellos. Lo vamos a netear y nos van a seguir debiendo plata”, retrucan, sobre los servicios de salud. A eso suman la deuda judicializada en la Corte Suprema de Justicia, “que es infinitamente superior a lo de los Samic, así que lo de la deuda es una chicana berreta”, disparan.
El otro escenario que analizan en la Casa Rosada es apuntar a una eventual privatización y hasta “tercerización de los servicios” en los hospitales nacionales, entre los que está por ejemplo el Posadas, que atiende según estimaciones del área a alrededor de un millón de personas por año. Para poder avanzar con alguna de esas dos opciones, miran modelos de funcionamiento del sistema en otros países, entre ellos el caso de España.
En el Gobierno explican que tanto la posibilidad de la privatización como de la tercerización “están siendo analizadas, pero aún en una fase muy inicial”. Advierten, no obstante, que el funcionamiento de los hospitales “está garantizado en el presupuesto del año próximo”, cuyo tratamiento apenas avanzó en Diputados. Resaltan que nadie “se quedará sin atención” y que se buscará cómo recuperar fondos a partir del cobro a las prepagas y obras sociales de quienes se atienden en esos centros de salud públicos.
Pese a las dudas, en el Gobierno enfatizan que todas las opciones están sobre la mesa para lograr que “el Estado se desprenda de su participación en los hospitales nacionales”. Una decisión sobre la que consideran que “no hay marcha atrás”.
Los hospitales en la mira
En la provincia de Buenos Aires está la mayor parte de los hospitales que financia el gobierno nacional. Cuatro son de gestión directa: Baldomero Sommer, en General Rodríguez; Ramón Carrillo, en Luján; el Posadas, en Morón, y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Juan Otimio Tesone”, en Mar del Plata.
A eso se suman seis Samic en los que la administración nacional aporta los presupuestos más altos: el de alta complejidad El Cruce, en Florencio Varela; el Cuenca Alta, en Cañuelas; el Bicentenario, de Esteban Echeverría, y el René Favaloro y el Presidente Néstor Kirchner, en La Matanza.
También hubo diálogos por los traspasos de otros hospitales nacionales en Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires. Mientras que la administración de Claudio Vidal rechazó el traspaso, la de Jorge Macri mostró voluntad de diálogo y hubo varios encuentros entre los ministros Lugones y Fernán Quiroz.
En la Ciudad se discute la situación del hospital de salud mental Laura Bonaparte y el pediátrico Juan Pedro Garrahan. En Santa Cruz, la Casa Rosada apunta al hospital El Calafate.
El Garrahan no entraría en la ecuación de traspaso de jurisdicción. El razonamiento en el gobierno libertario es que, a diferencia de los otros casos, este centro tiene un “sentido nacional”, al tener un “60% de pacientes” que provienen de todo el país”.
“Se hacen allí la enorme mayoría de los trasplantes pediátricos y es referencia pediátrica nacional”, agregan. En esa misma línea ubican al hospital El Cruce, de alta complejidad, destacado en las filas de Salud por su excelencia y porque recibe pacientes derivados de distintos puntos.
Por Cecilia Devanna
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