El Gobierno busca avanzar con el nombramientos de jueces a pesar de las diferencias internas

Más allá de que el Consejo de la Magistratura no logró en los últimos meses los consensos para elevar ternas de jueces al Poder Ejecutivo, de los 246 cargos que están vacantes en el Poder Judicial hay 90 que siguen en esa situación porque hay 53 ternas en manos del Presidente. Además, existen otros 37 pliegos que ya fueron enviados desde el Poder Ejecutivo al Senado y que todavía no fueron tratados. De esas 53 ternas que ya elevó el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo, Alberto Fernández tiene que elegir al candidato más idóneo y enviar su pliego a la Cámara alta. La última vez que el Gobierno mandó pliegos de jueces al Senado fue en agosto de 2020.

Dos fuentes del Consejo de la Magistratura que suelen estar alineadas con el oficialismo dijeron a LA NACION estar al tanto de que el Poder Ejecutivo enviaría un paquete de pliegos de jueces al Senado “antes de junio”. Señalaron que un conjunto de pliegos serían de candidatos para cubrir vacantes de juzgados federales de dos provincias y que otro paquete de pliegos -unos quince, aproximadamente- para llenar las vacantes de tribunales orales criminales y correccionales de la Capital Federal. En el Ministerio de Justicia y en la Presidencia, sin embargo, no respondieron a las consultas respecto de estas decisiones.

El reclamo por la cantidad de vacantes en el Poder Judicial y su impacto sobre el servicio de Justicia se hizo sentir hoy en Rosario, a donde acudieron los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia junto a un centenar de jueces federales para respaldar a los tribunales locales en la batalla contra el narcotráfico. En un reclamo conjunto, le demandaron al Poder Ejecutivo y Legislativo cubrir las vacantes judiciales pendientes. “Tiene que haber una decisión política muy firme”, pidió Horacio Rosatti, el presidente de la Corte.

Apenas asumió como presidente, Alberto Fernández retiró del Senado más de 100 pliegos de jueces que había mandado Mauricio Macri. Algunas ternas fueron nuevamente enviadas al Senado en 2020. Pero la mayoría de las ternas que tiene el Poder Ejecutivo bajo análisis fueron aprobadas por el plenario del Consejo de la Magistratura antes del cambio de gobierno, en 2019.

La falta de consenso para aprobar los nombramientos no solamente se explica por las diferencias entre el oficialismo y la oposición: la fractura que sufre el Gobierno dificulta aún más la instancia de selección de estos pliegos. “Por lo que está pasando en el Frente de Todos no es el mejor momento para que el Presidente mande nada, si el pliego de [Daniel] Rafecas estuvo trabado por no tener el visto bueno de Cristina [Kirchner] y con el de la interventora de la AFI [Cristina Caamaño] pasó algo similar”, dijo un consejero de la magistratura a LA NACION.

¿Conflicto en puerta?

Entre los candidatos y candidatas para cubrir cargos de la justicia federal hay muchos hombres y mujeres de carrera judicial que son apadrinados por camaristas o jueces que, eventualmente, podrían tener que fallar en causas relevantes para la vicepresidenta. Ese es un factor que puede incidir en la elección del pliego, señaló la misma fuente. Un funcionario que interviene en los temas judiciales señaló que quien lleva la gestión dentro del Ministerio de Justicia no es el jefe de esa cartera, Martín Soria, sino el subsecretario, Juan Martín Mena. “Los nombres los define el Ministerio [de Justicia]”, afirmó.

Un dirigente del Frente de Todos deslizó, en diálogo con LA NACION, que algunos de los candidatos que enviaría el Poder Ejecutivo al Senado fueron vetados por el propio Presidente en febrero pasado. “Alberto se enteró de que un sector del kirchnerismo había arreglado para nombrar al menos a dos candidatos en juzgados federales y tribunales orales dentro de la provincia de Buenos Aires y se cayó la gestión”, dijo. Cerca del Presidente no hubo respuesta respecto de esta versión, que sí fue acreditada por otro dirigente cercano al kirchnerismo duro.

Según supo LA NACION, uno de los candidatos cuyo pliego se cayó entonces era el secretario del juez federal de Quilmes Luis Armella, Pablo Wilk, que forma parte de al menos cuatro ternas distintas, y quien fue cuestionado cuando se conoció el contenido del expediente que tramita en los tribunales de La Plata por la causa “Gestapo”, por haberse comunicado telefónicamente con un exfuncionario de la Agencia Federal de Inteligencia.

Otra de las candidatas cuyo pliego quedó congelado es una funcionaria judicial que trabaja en la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal, donde hay definiciones pendientes en causas que involucran a la vicepresidenta y a exfuncionarios y empresarios afines a sus gobiernos.

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