El Gobierno busca apurar el llamado a las audiencias públicas para avanzar con los pliegos de Lijo y García-Mansilla

A más de una semana del ingreso formal de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla al Senado, el Poder Ejecutivo busca acelerar su tratamiento en la comisión de Acuerdos, que preside la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro). Tal como estipula la Constitución Nacional, las nominaciones de los magistrados que ocuparán un lugar en la Corte Suprema de Justicia deben ser ratificadas por dos tercios de la Cámara alta, una mayoría difícil de obtener. Sin un plazo reglamentario que cumplir, el Gobierno apunta a tener los consensos cerrados previo a iniciar el procedimiento parlamentario que incluye un llamado a audiencias públicas antes de que las nominaciones puedan ser sometidas al pleno del recinto.

Si bien aún no están definidas las fechas de las audiencias, cerca de Tagliaferri aseguraron que “no se van a demorar mucho”. Aseveraron, además, que la senadora está en conversaciones con referentes de la Casa Rosada. “Son dos candidatos del Poder Ejecutivo y es un tema relevante”, indicaron a LA NACION. Por eso, a falta de un intervalo de tiempo detallado por el estatuto de la Cámara alta, los tiempos se consensuarán con la administración libertaria, que espera concluir el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal para emprender este nuevo desafío parlamentario. El Gobierno apuesta a tener el aval definitivo de las iniciativas fundacionales de Javier Milei el jueves 27 de este mes.

Lo que sí estipula la letra chica del reglamento del Senado es que el llamado a las audiencias deberá hacerse quince días antes de la fecha establecida. A partir de ese momento, habrá siete días corridos para la presentación de impugnaciones y adhesiones. Con esta definición, se especula con que Tagliaferri recién tenga una resolución para finales de julio.

Según pudo saber este medio, se harán dos audiencias por separado, una por cada nominación y en días distintos “por la duración que pueden tener”, aseguraron fuentes oficiales. Para ello, se prevé que, una vez conseguido el quorum de la comisión y se inicie el debate del primer pliego, se pase a un cuarto intermedio y al otro día se discuta el otro.

Desde el anuncio de su candidatura, el pasado 20 de marzo, Lijo recibió una extensa lista de impugnaciones, impulsadas desde entidades profesionales y jurídicas hasta empresarias, pasando por asociaciones civiles y organismos internacionales, que apuntaron tanto a su desempeño como juez y a las acusaciones que recibió a lo largo de su carrera como a su falta de antecedentes profesionales y académicos para acceder al máximo tribunal.

Tras analizar registros públicos, el instituto Inecip lo definió como el magistrado “más ineficaz de Comodoro Py” y el que más demora en resolver las causas por corrupción. La Federación de Colegios de Abogados (FACA) concluyó que no tiene antecedentes para la Corte. El Colegio de Abogados de la Ciudad subrayó que su formación académica “no trasciende las fronteras de su título de grado”. Y también fue objetado por el Foro de Convergencia Empresaria, que agrupa a 64 entidades.

Negociaciones

Las conversaciones entre el oficialismo y la oposición para que los pliegos pasen el filtro del Senado van por un carril diferente al de la Ley Bases. En esta nueva búsqueda de avales no aparece, por ahora, el ministro político, Guillermo Francos, una figura clave en el tejido de alianzas que logró destrabar la discusión de los primeros proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo. Tampoco figura la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien supo contener los arrebatos de insurrección durante la última sesión y cuya buena sintonía con los distintos espacios políticos del Senado resultó determinante.

A principios de mayo, Villarruel encabezó una reunión para analizar un proyecto que propone sostener el equilibrio de género en la Corte Suprema de Justicia. Se mostró con la cordobesa Alejandra Vigo (esposa del exgobernador Juan Schiaretti), a quien recibió en su despacho junto a su par rionegrina, Mónica Silva, y las juezas Susana Medina y Teresa Day, que integran la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA), una organización que exige al Gobierno una presencia femenina para cubrir los lugares disponibles en el máximo tribunal. El gesto de la vicepresidenta se leyó como una diferenciación de las nominaciones del Presidente.

Esta asociación también presentó una impugnación contra los candidatos, con una carta dirigida al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Denunció “desigualdad estructural”. Previamente, la titular de la Cámara alta ya había mostrado su disconformidad con la postulación de Lijo. “No me deslumbra”, deslizó en una entrevista televisiva. Estos gestos no pasaron desapercibidos a la mesa chica que rodea a Milei y es probable que Villarruel tenga poco margen en esta negociación.

Si bien se podría suponer que Cúneo Libarona es una pieza fundamental en el ajedrez político que definirá la suerte de Lijo y García-Mansilla, no es así. Según pudo saber este medio, su trabajo en este periplo terminó en el mismo momento en el que envió, junto al Presidente, las nominaciones al Senado.

La interlocución de la Casa Rosada con la Cámara alta la lleva una persona del círculo íntimo de Milei. Los reflectores señalan a Santiago Viola, el apoderado nacional del frente libertario que cargó con acusaciones en la Justicia, pero que mantiene un vínculo de confianza con la secretaria General de la Presidencia y hermana del primer mandatario, Karina Milei. No obstante, cerca de Viola niegan que esté al frente de esta tarea.

Lo cierto es que la postulación de Lijo genera incomodidad entre propios y ajenos. Como juez federal, lleva causas sensibles para un amplio espectro dirigentes políticos cuya voluntad podría verse trastocada, a favor del nominado, por estas sutilezas judiciales. Será clave la postura del bloque kirchnerista, que cuenta con 33 de 72 senadores, fundamentales para obtener los dos tercios necesarios para prestar acuerdo. Hasta ahora, los legisladores que responden a la exvicepresidenta Cristina Kirchner no adelantaron qué postura tomarán. De todos modos, su representante en el Consejo de la Magistratura, el abogado y exdiputado Héctor Recalde, desalentó el avance de una denuncia contra el juez.

Lijo fue postulado para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco en octubre de 2021 cuando renunció. García-Mansilla, en tanto, es candidato para suplir la vacante que dejará en diciembre próximo Juan Carlos Maqueda, tras cumplir los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para ser magistrado.

A pesar de que en Unión por la Patria no descartan de plano el acompañamiento de la nominación de Lijo, estiman poco probable que sea en remplazo de Highton de Nolasco por el incumplimiento del cupo femenino. García-Mansilla, en cambio, es indigerible para una buena porción de esta bancada.

No obstante, LA NACION contó que Lijo confirmó a sus interlocutores que ya tiene los votos en el Senado para ser miembro de la Corte Suprema. Con terminales políticas en diferentes sectores de la oposición, el Gobierno delegó en el juez nominado la búsqueda de sus propios avales en el Congreso. Previo a pasar el filtro del recinto, sin embargo, deberá someterse a un nuevo escrutinio de la ciudadanía, que podrá volver a presentar, en el marco de la comisión de Acuerdos, sus impugnaciones.

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