El oficialismo aprobó en Diputados el recorte de subsidios al gas, con promesas de beneficios a gobernadores aliados
El Gobierno ofreció exenciones tarifarias al consumo de energía a provincias del norte y el litoral; persigue un ahorro fiscal de $272.000 millones, mientras que las facturas aumentarán en once provincias, incluida Buenos Aires
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A fuerza de grandes concesiones, el Gobierno logró aprobar una limitación de las denominadas “zonas frías” que busca recortar subsidios a la provisión de gas natural en once provincias, incluida Buenos Aires. El proyecto titulado “medidas energéticas” por el Poder Ejecutivo obtuvo 132 a favor, 105 rechazos y 4 abstenciones. Y ahora deberá ser debatido por el Senado.
En la votación en particular, todos los capítulos resultaron aprobados. A cambio, el Gobierno se comprometió a subsidiar la energía eléctrica en provincias del norte y el litoral. Con esta medida, el Gobierno persigue un ahorro fiscal de $272.000 millones. En las “zonas frías” afectadas por el recorte, las facturas para residencias e industrias podrían aumentar al menos un tercio.
A la hora de la votación, el oficialismo fue acompañado por sus aliados de Pro, la UCR y el MID, además de los referentes legislativos de muchos gobernadores que sostienen la buena sintonía con la Casa Rosada. Se trata de Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalaqcua (Misiones), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).
Los catamarqueños de Raúl Jalil se abstuvieron, junto con el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
Los legisladores cordobeses aliados a Martín Llaryora, así como los santafecinos ligados con Maximiliano Pullaro, votaron en contra. Son dos mandatarios que suelen sostener una buena sintonía con la Casa Rosada.
La media sanción será girada al Senado para su sanción definitiva. Allí el oficialismo enfrentará un panorama aún más complejo que en Diputados por el peso político de las provincias afectadas.
El proyecto del Gobierno recorta el alcance del régimen de zonas frías: elimina el subsidio automático para usuarios de ingresos medios y altos en gran parte del interior del país y lo mantiene sin filtro de ingresos solo en la Patagonia, la Puna y Malargüe, aunque con una cobertura menor porque deja afuera los costos de transporte y distribución.
Además, cambia el sistema de pagos del gas, habilita al Ejecutivo a modificar el recargo que financia el fondo fiduciario, crea un esquema para saldar deudas eléctricas con Cammesa, extiende beneficios fiscales para energías renovables hasta 2045 y elimina regímenes de promoción para el sector hidrocarburífero.
La negociación
La estrategia oficial para reunir los avales necesarios consistió en la promesa del Poder Ejecutivo de compensar el recorte del subsidio al gas con beneficios sobre la tarifa eléctrica en provincias de altas temperaturas. Según pudo reconstruir LA NACION, el Gobierno prometió otorgar exenciones impositivas a la energía eléctrica por “zona cálida” a Salta, Chaco, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca y Santa Fe.
La medida se implementaría por fuera del proyecto de ley, a través de decretos presidenciales. Ese punto generó dudas entre los gobernadores, que desconfían de que el Gobierno cumpla con lo prometido. Según pudo saber LA NACION, los mandatarios pidieron incorporar garantías concretas en el texto aprobado, pero el oficialismo se negó.
“Quiero ver si después les cumplen con el premio de las zonas cálidas que les prometen”, ironizó Jimena López (UP), y acusó al Poder Ejecutivo de ser “sumamente incumplidor”.
La gran excluida de esa negociación fue Córdoba. El gobernador Llaryora rechazó públicamente la iniciativa y pidió a los diputados cordobeses votar en contra.
“Es un tarifazo masivo que incluye de manera automática a los 13 departamentos del sur y centro de nuestra provincia”, disparó la cordobesa Carolina Basualdo durante su intervención en el recinto.
El debate por los cambios
El Gobierno defiende su propuesta y argumenta que la ampliación de las “zonas frías” impulsada por el kirchnerismo en 2021 desvirtuó el esquema. “El Estado nacional está poniendo $500.000 millones para subsidiar a ricos y pobres”, dijo la libertaria Silvana Giudici. Explicó que esa ampliación incorporó al régimen de zonas frías 3.431.000 personas, “subiendo la tasa en la factura a los 47 millones de argentinos”. De esas zonas ampliadas, señaló, el 60% de la población tiene ingresos superiores a 4 millones de pesos.
La oposición, en cambio, cuestiona que la reforma recorta subsidios y puede encarecer las boletas de gas en zonas de bajas temperaturas, incluso para sectores medios y trabajadores. También advierte que el Gobierno mantendrá el recargo a todos los consumidores que financia el fondo fiduciario pese a reducir beneficios y que avanzará sobre un régimen que consideran un derecho histórico de las provincias patagónicas y productoras de gas.
La diputada Mariana Salzmann (UP) señaló que en abril, una jubilada de la ciudad bonaerense de Marcos Paz que cobra la mínima pagó $26.000 por el gas y sin zonas frías hubiese pagado $45.500. “Estamos hablando de salarios deteriorados, jubilaciones bajas y tarifas que siguen aumentando”, planteó.
La propuesta del Poder Ejecutivo propone pasar de un sistema masivo, basado en criterios geográficos, a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares. El cambio afectará principalmente a la llamada “zona ampliada”, incorporada en 2021 por impulso de Máximo Kirchner, que extendió el subsidio automático al gas a amplias regiones del centro y norte del país.
Apunta a eliminar el subsidio automático del 30% a zonas del interior de Buenos Aires (como La Plata, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca), el sur de Santa Fe, el sur y centro de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan. Allí dejarán de recibir el beneficio los usuarios de ingresos medios y altos.
El gobernador más afectado será Axel Kicillof. Se estima que afectará a 1,3 millones de bonaerenses, que perderán el subsidio de manera automática. “Es una iniciativa anti provincia de Buenos Aires”, denunció Pablo Juliano (Provincias Unidas). “En el centro de nuestra provincia se experimentan hasta 40 heladas al año entre Azul y Tandil”, sostuvo.
En adelante, en estas regiones el descuento en la tarifa solo se mantendrá para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Es decir, hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), con certificado único de discapacidad (CUD), y veteranos de Malvinas.
En cambio, el proyecto preserva el subsidio pleno -sin filtro de ingresos- en las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”. Allí se incluyen la Patagonia (las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa), el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna (abarca zonas andinas de Jujuy, Salta y Catamarca).
Pero incluso en esas regiones el beneficio se reduciría. El subsidio cubriría únicamente el precio del gas en origen y dejaría afuera los costos de transporte y distribución. Esto disminuiría el monto subsidiado y explica parte del malestar entre los legisladores patagónicos.
El neuquino Pablo Todero (UP) expuso un ejemplo con números redondos. Explicó que una factura que hoy en su provincia asciende a $100.000 sin subsidio puede terminar reduciéndose solo a $80.000, pese a que el subsidio sobre el consumo se mantenga en el 50%, por el peso de los cargos que dejaría de cubrir el beneficio.
El proyecto también modifica el circuito de pagos del sistema de gas. El Estado pasará a compensar directamente a productores y proveedores de gas, en lugar de hacerlo a través de las distribuidoras. El objetivo, según el oficialismo, es evitar atrasos y deudas en la cadena de pagos, un problema recurrente del esquema actual.
El régimen de zona fría seguirá financiándose mediante el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, sostenido con un recargo del 7,5% en las facturas de todos los usuarios del país. Sin embargo, el proyecto habilita al Poder Ejecutivo a modificar ese porcentaje, hacia arriba o hacia abajo, en hasta un 50%.
“El único beneficiado es el ministerio de Economía”, explicó la diputada Mariana Salzmann (UP) sobre este punto.
La iniciativa incluye además un capítulo de regularización para el mercado eléctrico mayorista. Propone un mecanismo excepcional para que las distribuidoras con deudas con Cammesa -provinciales, municipales y, también, para Edenor y Edesur- puedan cancelarlas mediante compensaciones asociadas a créditos acumulados durante los períodos de congelamiento tarifario.
La diputada kirchnerista Paula Penacca cuestionó con especial énfasis este punto y lo definió como “una transferencia de recursos públicos hacia empresas privadas del sector”. En ese marco, vinculó el proyecto con la intención del gobierno de avanzar con las privatizaciones y mencionó el caso de Transener, una de las principales transportadoras de energía. “Casualmente está en manos de los hermanos Neuss”, ironizó Penacca. Los hermanos Patricio y Juan Neuss son empresarios cercanos al asesor presidencial, Santiago Caputo.
En paralelo, incorpora nuevas pautas de transparencia en las facturas. Los costos de la energía deberán trasladarse de manera directa a las tarifas y se busca limitar la incorporación de tributos locales ajenos al servicio.
Como contrapartida a los recortes, el proyecto extiende hasta 2045 los beneficios fiscales para energías renovables y propone eliminar regímenes de promoción y acceso a divisas para el sector hidrocarburífero, con el argumento de reducir gastos tributarios.
En concreto, la iniciativa prorroga la ley 27.191 de energías renovables y elimina el decreto 929/2013, que creó un régimen especial para Vaca Muerta y permitió a las petroleras exportar libremente el 20% de su producción una vez superado un umbral de inversión de US$250 millones. De aprobarse, el nuevo esquema de zonas frías tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.
Hojarasca y tratados internacionales
Antes, la Cámara baja aprobó el proyecto de ley “Hojarasca”, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa, orientada a derogar leyes que el Gobierno considera obsoletas o restrictivas de la libertad, obtuvo media sanción con 138 votos afirmativos, 96 rechazos y 9 abstenciones, y deberá ser girada al Senado.
La sesión continuó luego con la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales. Diputados dio luz verde al convenio de cooperación con La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños y a los tratados de extradición con Chile, Polonia y Costa Rica.
También avanzaron hacia el Senado los convenios de cooperación jurídica y penal con Serbia, Cuba e Italia, además del Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio.
Además, se convirtió en ley el acuerdo marco entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y el acuerdo de cooperación con Uruguay para la vigilancia y control del espacio aéreo.
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