El Gobierno avanza por decreto para controlar los gastos de las universidades

El Gobierno emitió tres decretos, uno de ellos de necesidad y urgencia, que se completarán con un cuarto en las próximas horas, con los que apuntan a lograr una mayor transparencia en las compras y contrataciones de las universidades nacionales. La decisión, en la que están involucrados el Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación; el de Economía y el de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a modificar la normativa actual sobre compras y contrataciones del Estado.

A partir de estos cambios -plasmados en los decretos 1091/2024, 1092/2024 y 1093/024 publicados este viernes en el Boletín Oficial-, el Gobierno dispondrá que las universidades nacionales queden formalmente incluidas en las normativas y sistemas que regulan la administración financiera y las contrataciones públicas electrónicas del Estado, pese a la autonomía que las ampara. La información fue confirmada a LA NACION y otros medios por el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña. Respecto de los gastos, Fariña sostuvo: “Tiene que ser en el mismo marco de igualdad que cualquier empresa. No tiene que existir la posibilidad de un camino indirecto que permita una vía de gasto de dinero poco transparente”.

En el Gobierno creen que en principio no habría oposición de las universidades, al afirmar que una parte de ellas ya tienen incorporado el sistema de compra, aunque no descartan que la Universidad de Buenos Aires (UBA) pueda presentar resistencia. De todos modos, Álvarez, al momento de la charla, estaba acompañado en su despacho por Víctor Morinigo, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a través de quienes se comunicarán todas las decisiones a las casas de altos estudios. Pese a estar en el momento de la charla, Morinigo no participó de la conversación. “No hay una oposición del Consejo”, adelantó Álvarez.

Las decisiones del Poder Ejecutivo establecen plazos y condiciones para que las 62 casas de altos estudios nacionales se incorporen a los sistemas vigentes que regulan estos aspectos en la administración pública nacional. El propósito, según explican desde el Gobierno, es garantizar la transparencia en el uso de los recursos del Estado, asegurando que las universidades, como todas las instituciones financiadas con fondos públicos, se rijan por normas y sistemas unificados.

Buscan, según consignan, de esta manera, que se fomente la neutralidad en los procedimientos de contratación, compras, administración financiera para minimizar los riesgos de prácticas ineficientes y costosas, “habituales en los monopolios estatales”, afirman.

Otro de los decretos establece que a las instituciones superiores también les corresponde utilizar el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) para la administración de sus recursos. Con este marco legal se promueve la digitalización y automatización de los procesos, lo que aumenta la seguridad y reduce los tiempos en la ejecución de transacciones.

Por último, el decreto sobre contrataciones elimina la posibilidad de que las reparticiones públicas contraten a las universidades de manera directa, a excepción de cuando se acredite que son el único proveedor disponible.

A partir de estos cambios, las universidades nacionales quedarán formalmente incluidas en las normativas y sistemas que regulan la administración financiera y las contrataciones públicas electrónicas del Estado. La implementación será progresiva, conforme a lo dispuesto por la Oficina Nacional de Contrataciones y la Secretaría de Hacienda.

Las reformas abarcan desde la compra de bienes y servicios hasta la contratación de obras públicas, incorporando además a efectores de desarrollo local y economía social, con el objetivo de fomentar una mayor competitividad y participación en el ámbito nacional. Desde el Gobierno sostienen que no buscan interferir en las decisiones de las universidades dentro del marco de su autonomía.

Con dos grandes marchas en su haber durante la administración de Javier Milei, las universidades bajaron el tono de sus reclamos en el último tiempo. Desde el Gobierno siempre argumentaron la falta de rendición de cuentas y la opacidad de los gastos. El secretario Álvarez apuntó específicamente contra la UBA, al asegurar que tiene un 25% de la matrícula sin datos en el sistema. “La auditoría de alumnos no les está dando 300.000 alumnos. No quiero dar datos sin fundamentos, pero nosotros tenemos que el 25 por ciento de la matrícula no tiene registro”, aseguró Álvarez.

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