El Gobierno avanza con el decreto de Sturzenegger para que las propinas se paguen con medios electrónicos

El Gobierno viene anunciando una agenda muy pretenciosa para los próximos meses, pero en los papeles tiene avanzado solo algunos asuntos puntuales. Una de las iniciativas que ya tiene cuerpo y que podría salir vía Boletín Oficial en los próximos días es la vinculada al pago de propinas con medios electrónicos, un cambio con impacto en la vida cotidiana que busca paliar la falta de efectivo en la calle y que acarreó una discusión con el gremio de los gastronómicos y con las cámaras del sector.

Se trata de uno de los miles de proyectos que tiene en carpeta el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y que ya tiene avanzado su periplo burocrático para tomar forma de decreto de necesidad y urgencia. Por sus implicancias, en el trámite está participando el Banco Central (BCRA). Según pudo saber LA NACION, en la idea colaboró el exvicepresidente de esa entidad Lucas Llach, un economista que no es funcionario pero siempre trabajó cerca de Sturzenegger y estuvo muy abocado a todo lo referido a pagos por vías electrónicas.

El Gobierno quiere cambiar regulaciones para permitir que la propina que se le ofrece a mozos y otros trabajadores de comercios se pueda incluir en el ticket y que pueda abonarse con tarjeta de débito, crédito o con billeteras electrónicas. Actualmente, la mayoría de los comercios no permiten este mecanismo debido a que la Ley de Contratos del Trabajo indica que la propina, si es habitual, debe ser considerada parte del salario. Por ese motivo, los empleadores pretenden que se pague en negro, cash, para que no tenga un posterior impacto en las indemnizaciones.

La gestión de Milei pretende cambiar esa norma para que la propina ya no sea considerada parte de la remuneración. Según pudo reconstruir LA NACION, el decreto que está elaborando el Gobierno propone dos mecanismos: que los trabajadores puedan tener una “cuenta propina” en donde automáticamente sea depositado este concepto por cada pago, o que sea el empleador el que tenga un CBU especial cuyos depósitos luego sean distribuidos de forma equitativa entre los empleadores. Esta segunda opción es la que prefieren los sindicatos.

Fuentes oficiales aclararon que la propina no pasará a ser obligatoria, como ocurre en algunos países, sino que seguirá siendo opcional. La idea es que este tipo de pagos no queden impactados por el impuesto a los débitos y créditos, de modo que los montos lleguen sin descuentos a los bolsillos de los empleados.

Tratativas con los gremios

Un punto que está en evaluación es el de fijar en el decreto la prohibición expresa de que los sindicatos gastronómicos reciban algún tipo de comisión por estos pagos electrónicos.

Funcionarios del Gobierno mantuvieron distintas conversaciones en las últimas semanas, tanto con las cámaras del sector como con los gremios de gastronómicos. Hubo contactos con la rama que conduce Luis Barrionuevo y con la que comanda en la Capital Federal su excuñado, Dante Camaño, ahora enfrentado con el histórico pope sindical.

Según pudo saber LA NACION, el secretario gremial de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Juan José Bordes, mantuvo una reunión con colaboradores de Sturzenegger. Allí, sobre la mesa, se colocó un borrador del decreto para que el sector gremial hiciera sus observaciones. Desde Uthgra pusieron especial énfasis en la necesidad de que los movimientos bancarios por el pago de propinas no estuvieran impactados por impuestos. Los gremios habían llevado la problemática de las propinas al Congreso, ya que Julio Cobos venía trabajando un proyecto en la misma línea. Pero la gestión de Milei quiere acelerar el tema vía decreto.

El decreto del Gobierno no saldrá exactamente en la misma línea que reclamaba Barrionuevo. El histórico mandamás de los gastronómicos –que en la campaña volcó recursos para apoyar a Milei y luego se despegó– pretendía que la propina fuera obligatoria y que representara un porcentaje del total de la cuenta. Propuso cifras que oscilaban entre el 14% y el 18%, dependiendo del nivel y categoría del establecimiento. Sin embargo, en Casa Rosada son tajantes y aseguran que las propinas seguirán siendo voluntarias.

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