El Gobierno aumentó en un 778% los gastos reservados de la SIDE
El incremento por decreto de $100.000 millones sobre el presupuesto la ex-AFI, para “fortalecer el sistema de inteligencia nacional”, desató fuertes críticas de la oposición
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LA NACIONLaura Serra
La decisión del Gobierno de imponer, por decreto de necesidad y urgencia, un aumento de $100.000 millones para gastos reservados de la flamante Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) –organismo bajo la tutela del asesor presidencial Santiago Caputo–, desató fuertes críticas de la oposición, incluso de sectores afines al oficialismo, por la envergadura del incremento: en un marco de fuerte restricción del gasto público, las partidas para inteligencia aumentaron un 778% desde que el presidente Javier Milei asumió su mandato.
En efecto, cuando el Gobierno prorrogó el presupuesto 2023 el crédito asignado a la ex-Agencia Federal de Inteligencia (AFI) era de $15.557 millones. Ahora trepó a $136.741 millones, con el agravante de que todo este presupuesto será, de ahora en más, reservado. Esto significa que sus autoridades podrán hacer uso discrecional de esos gastos y no estarán obligadas a rendir cuentas sobre su ejecución, salvo ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Seguridad e Inteligencia del Congreso. Un cuerpo cuya conformación viene demorada hace ocho meses por la obsesión del oficialismo de controlar su funcionamiento.
Tal como anticipó LA NACION el domingo, la resurrección de la SIDE –a cargo de Sergio Neiffert, hombre de Caputo– tiene como objetivo que empoderar al organismo con amplias facultades operativas y presupuestarias –incluidos los gastos reservados–, y concentrar en él la supervisión de todo el sistema de inteligencia nacional. Por medio del DNU 614, publicado la semana pasada, dispuso crear cuatro órganos desconcentrados que formarán parte de la SIDE: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).
El refuerzo de $100.000 millones está destinado a financiar el funcionamiento de estas nuevas áreas, según establece el decreto. La pregunta -sin respuesta en el documento oficial- es por qué el Gobierno dotó de carácter reservado a ese incremento presupuestario.
En la oposición se tejen todo tipo de suspicacias. “No hace más que abonar la hipótesis de que el Gobierno pretende crear un poderoso aparato de inteligencia para destinarlo al espionaje, a la manipulación de la opinión pública por medio de su ejército de trolls y la persecución política”, alertan en el kirchnerismo.
Expertos en inteligencia consultados por este diario especulan con que el grueso de esta partida de $100.000 millones tendría como destino la compra de material y equipos tecnológicos para la flamante Agencia Federal de Ciberseguridad, uno de los organismos desconcentrados de la SIDE que estará dirigido por Ariel Waissbein, especialista en criptografía.
“Hoy la Argentina está desprotegida frente a eventuales ciberataques, por lo que una hipótesis es que esos fondos se utilicen para la compra de equipos con fines preventivos. Son equipos muy sofisticados que permiten acceder a información extremadamente compleja, por lo que su costo es millonario; difícilmente esta partida de 108 millones de dólares alcance”, explica un experto en la materia a LA NACION, desconcertado por el hecho de que el Gobierno haya hecho público semejante incremento presupuestario.
En la oposición predominan las suspicacias y las críticas. “Es todo muy raro. Por un lado el Gobierno dice que ‘no hay plata’ y, por el otro, destinan partidas millonarias para gastos reservados que, por lo general, siempre se han destinado al pago de sobresueldos o al espionaje ilegal. En medio de rumores de espionaje a periodistas y opositores esto no da buena espina”, deslizan desde uno de los bloques dialoguistas.
Lo cierto es que durante el gobierno de Alberto Fernández los gastos reservados de la ex AFI constituían un porcentaje menor dentro del presupuesto global del organismo, menos del 10%. Sin embargo, con la llegada de los libertarios, esta partida creció de manera exponencial y llegó a su apoteosis con este último DNU.
“La SIDE pasó de tener un presupuesto donde los gastos reservados eran el 8.6% del total, a un presupuesto con 75% de gastos reservados, discrecionales y sin control -advirtió el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)-. Este Gobierno tendrá 100.000 millones de pesos para espionaje. Para algunas cosas ‘sí hay plata’”.
Contraste
No hubo partida presupuestaria que se haya beneficiado con un aumento semejante al que tuvo la SIDE en lo que va del año. Ni siquiera los programas sociales destinados a atender los problemas de la pobreza, la educación y la salud.
El contraste es elocuente. Mientras que los gastos reservados de la SIDE tuvieron un aumento del 778%, en lo que va del año las partidas asignadas a Promoción y Asistencia Social obtuvieron una suba del 30,8% nominal en estos casi ocho meses de gestión. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, durante este primer semestre las jubilaciones y pensiones cayeron un 23% en términos reales año contra año mientras que uno de los programas alimentarios se derrumbaron en un 17,9%, también en términos reales.
“Es una locura. Después dicen que ‘no hay plata’”, cuestionó un legislador que suele acompañar las iniciativas del Gobierno.
Desde el kirchnerismo las críticas fueron feroces y ya preparan una batería de medidas para intentar voltear el decreto.
“La ley 24.156 de administración financiera establece que quedan reservadas al Congreso las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia. Ergo, este DNU viola la ley”, enfatizó el diputado Leopoldo Moreau, quien presidió la Comisión Bicameral de Inteligencia durante la gestión pasada.
Esta comisión es clave ya que, entre sus facultades, está la de auscultar los gastos reservados de los organismos de inteligencia. Mientras el oficialismo se demore en constituirla con sus nuevos miembros, la presidencia continuará en manos de Moreau. Todo un incordio para los libertarios que, hace dos semanas, intentaron constituirla de apuro con apenas ocho integrantes -sin incluir al kirchnerismo- para imponer las autoridades, pero la jugada terminó frustrada por lo chapucera. No solo eso: los libertarios se ganaron el encono de Hacemos Coalición Federal, bloque que preside Miguel Pichetto, luego de que Martín Menem, presidente de la Cámara baja, vetara a Emilio Monzó para colocar en su lugar a un representante libertario.
El conflicto amenaza con extenderse al bloque Pro, aliados naturales del Gobierno. Como anticipó LA NACION, Santiago Caputo pretende ungir al frente de esta comisión estratégica al senador Edgardo Kueider (Entre Ríos), en pago por su voto favorable a la Ley Bases. Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había pedido que esa silla fuese para el senador de Pro Martín Goerling, una designación que contaba con la venia del jefe del bloque Luis Juez y de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.
“Patricia quería un hombre de confianza al frente de la comisión para cubrirle las espaldas frente a las trapisondas que le puedan hacer los representantes del kirchnerismo. Pero Caputo está concentrando demasiado poder, está obsesionado con el manejo de las redes y la inteligencia”, deslizan desde la bancada amarilla.
No es la primera zancadilla de Caputo a Bullrich. En virtud del decreto de su creación, la nueva SIDE tendrá una fuerte injerencia sobre el funcionamiento operativo y los respectivos presupuestos de la Dirección de Inteligencia Criminal, bajo la órbita de la ministra, y la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar, que depende de su par de Defensa, Luis Petri. Ambas, si bien mantienen su autonomia dentro del sistema de inteligencia nacional, estarán condicionadas en los hechos por el organismo madre -la SIDE- que tendrá la facultad de condicionar el flujo de sus fondos presupuestarios según la ejecución de las misiones que lleven a cabo, pudiendo incluso suspender o interrumpir sus presupuestos.
Por Laura Serra
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