El Gobierno apuntará a la responsabilidad de exfuncionarios en la causa por extorsión en los planes sociales

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, espera ser aceptado como querellante en la causa que investiga a miembros de organizaciones sociales por extorsionar a personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Si eso sucede, lo que se definirá en las próximas horas, la cartera ya tiene lista una estrategia “híper ofensiva” para desembarcar en el expediente, convencidos de que se trató de un “gran plan criminal sistemático” y con la que buscarán apuntar a la línea de responsabilidades hacia exfuncionarios que desempeñaron su rol entre 2020 y 2023. De los análisis que ya se hicieron se desprende, según explican fuentes del tema, que el “mayor descontrol” se vivió tras la pandemia de Covid-19.

“Ha encontrado un montón de desastres, le acaba de sacar la careta al peronismo. El peronismo vivió ufanándose de que era el movimiento que protegía a los pobres y sucede que en realidad creaban pobres para convertirlos en esclavos. Eso lo está dejando en manifiesto Pettovello”, dijo ayer el presidente Javier Milei sobre Pettovello.

Pese a que en Capital Humano aún no pudieron acceder al expediente porque el pedido de constituirse como querellantes aún está siendo evaluado por el juez del caso, Sebastián Casanello, en las filas de Pettovello ya saben gran parte de lo que hay ahí. En los cuatro meses de investigación que llevó adelante la fiscalía de Gerardo Pollicita, ellos fueron los que aportaron la información que requería este último. “Seguridad denunció y Capital Humano fue el que aportó toda la información sobre lo investigado”, distinguen fuentes con acceso a lo sucedido desde que comenzó el caso en diciembre pasado. Fue luego de que la cartera a cargo de Patricia Bullrich denunciara lo que habían recibido en la línea 134, con testimonios de beneficiarios de planes sociales que daban cuenta de las situaciones a las que estaban expuestos por o para recibir la asistencia, las exigencias de ir a marchas, sanciones si no lo hacían y hasta la comercialización de bolsones de comida.

Desde diciembre, Pollicita le solicitó a Capital Humano prácticamente a diario, información del área, incluidos los sábados. Para determinar lo sucedido, la justicia pidió desde nombres y detalles de organizaciones sociales, así como si habían sido unidades de gestión bajo su órbita. También si habían recibidos fondos y solicitó detalles por los programas que había y las personas dentro del Potenciar Trabajo, entre otras. Además hubo pedidos específicos sobre cooperativas.

Capital Humano respondió tanto por la secretaría que engloba a lo que fue el Ministerio de Desarrollo Social como por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). En base a eso y a los testimonios que fueron recibiendo se conformó la causa que hoy tiene a 28 imputados y por la que esta semana se realizaron 27 allanamientos, en uno de los cuales se encontró un cuaderno en el que se plasma buena parte de lo denunciado.

Mientras que Casanello ya rechazó la posibilidad de que Seguridad sea querellante en la causa, en las filas de Pettovello creen que en su caso será diferente y esperan una resolución favorable del magistrado ante el pedido de ellos de formar parte del expediente. Entre los argumentos que creen deberían ser aceptados está que “los fondos mediante los cuales se financiaban las Unidades de Gestión y los extorsionadores, eran fondos de Desarrollo Social”.

Según la describen fuentes del área, se trata de una estrategia “híper pensada” de la que prefieren “no adelantar nada”, pero que si admiten que apuntará a probar que se trató de “un gran plan criminal sistemático a costa del hambre y la pobreza. Un plan sistemático para realizar actos de corrupción con el hambre de la gente. Fue una gran asociación ilícita. Organización criminal con la bandera de justicia”, apuntó una alta fuente consultada por LA NACION. La convicción es que “nada de todo esto pudo hacerse sin la complicidad de funcionarios”, aunque prefieren no dar nombres propios por el momento y agregan que las mayor cantidad de irregularidades se encontraron “desde el 2020″.

La falta de una base de datos común (”eran todos Excels separados”, aseguran) complicó buena parte del análisis del material, pero la confianza es que “los responsables” dejaron todos los dedos pegados”. “Lo bueno del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) es que ahí se ve todo”, completan. “Si sabían, tenían la obligación de ir a denunciar”, completan. En esas mismas filas evitan dar nombres propios, pero los tienen en la mira.

Durante los tres años bajo la lupa el ministerio tuvo tres ministros: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz; los dos últimos buscaron auditar los planes, y un grupo de distintos funcionarios que provenían de diferentes organizaciones, y que se mantuvieron a lo largo de todos esos años, entre ellos: Emilio Pérsico, del Movimiento Evita; Daniel Menéndez de Barrios de Pie, y Fernanda Miño, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), entre otros.

Dentro de Capital Humano también ven con esta causa la confirmación de la “necesidad que había de eliminar los intermediarios”, como sostuvieron desde su llegada a la administración pública, en diciembre pasado, y a lo que apuntaron desde entonces hasta marzo pasado, cuando anunciaron la disolución del Potenciar Trabajo, dividiendo a sus integrantes en dos grande grupos: el “Programa Volver al Trabajo”, bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad, y el “Programa de Acompañamiento Social”, en cabeza de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Y confirmaron el fin de las unidades de gestión.

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