El Gobierno apunta contra dos intendentes del PJ y denunciará por “sedición” a los manifestantes que detuvo en la protesta del Congreso

El Gobierno denunciará por los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada a las 124 personas que detuvieron este miércoles las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso, durante la protesta por el ajuste a los jubilados. Lo hará pese a que una jueza porteña liberó a los detenidos, con el argumento de que no hay pruebas para mantenerlos encarcelados. Así, la administración de Javier Milei endurecerá su postura ante los cuestionamientos que cosechó el megaoperativo que estuvo bajo la conducción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En forma paralela, la administración libertaria mantuvo durante la jornada la acusación que comenzó a desplegar en la víspera la propia Bullrich. Así, apuntó contra dos intendentes del PJ del conurbano que, según sostuvo la ministra de Seguridad, avalaron o fogonearon la concentración de manifestantes a las puertas de sus municipios para luego trasladarse a la zona del Congreso. Los mencionados, en ese caso, fueron los jefes comunales de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermin. El primero juega en la interna bonaerense del lado del gobernador Axel Kicillof; el segundo, en la tropa de Cristina Kirchner.

A Bullrich no le alcanzaron las explicaciones que intentó darle Otermin. “Hoy llamó al Ministerio de Seguridad el intendente de Lomas de Zamora diciendo que él no tenía nada que ver con las manifestaciones. Sin embargo, en el playón de la municipalidad de Lomas se juntaron todos estos violentos. Se organizaron ahí. Entonces, si no tiene nada que ver, ¿por qué los deja organizarse ahí?, acusó. Y sobre Espinoza, apuntó: “Lo mismo pasó en La Matanza. En la intendencia se juntó otra cantidad de gente, que nosotros ahora estamos investigando. Investigamos todos esos micros que salieron de estos lugares”.

En su descargo, Patricia Bullrich -que habló ayer por la mañana en Bahía Blanca y volvió a hacerlo en LN+ por la tarde- también acusó a un “protegido de Luis Barrionuevo” como el “máximo organizador de la marcha” del miércoles. Se refirió así a Leandro Capriotti, del club Chacarita Juniors, cuya hinchada fomentó la movilización de los simpatizantes de los clubes, calificados como “barrabravas” por el Gobierno. La arremetida de la ministra contra Barrionuevo no tuvo reparo en que el histórico sindicalista había apoyado a Milei en la campaña presidencial de 2023.

Según pudo saber LA NACION, el Gobierno hará una presentación mañana ante la Justicia federal para abonar su denuncia de que la marcha del miércoles fue parte de un intento para desestabilizar a la administración libertaria. Por ese motivo, los abogados del ministerio de Seguridad señalarán que “conforme a lo previsto en los artículos 226, 229, 230, 213 bis y 210 del Código Penal de la Nación”, los manifestantes que fueron detenidos -y luego liberados- cometieron “los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada”.

De esta forma, la administración mileísta buscará desplazar del centro de la escena a la jueza porteña Karina Andrade, quien liberó a los detenidos el miércoles, e incluso anticipó que iniciará acciones contra la magistrada en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por un “posible incumplimiento de sus funciones”, según anticipó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en sus redes sociales. Para corroborar la fortaleza de la advertencia, el propio presidente Milei reposteó el mensaje en su cuenta de X. “No merece ser jueza, liberó a los detenidos sin verificar sus antecedentes y no dio tiempo a la Policía para recibir las actuaciones; los liberó por WhastApp”, arremetió por su parte Bullrich.

Ante la ausencia presidencial y el silencio del portavoz Manuel Adorni, la posición del Gobierno fue comunicada este jueves por Patricia Bullrich. Lejos de ensayar alguna autocrítica por lo sucedido el miércoles, la ministra de Seguridad justificó el accionar de las fuerzas tanto en el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió una cápsula de gas lacrimógeno en el cráneo y sufrió una pérdida de masa encefálica; como en el caso de la jubilada Beatriz Bianco, de 87 años, quien golpeó la cabeza contra el suelo tras ser empujada por un policía. A la mujer la llamó “patotera”, mientras que al fotógrafo lo calificó de “militante”.

“La Policía actuó dispersando una violencia que, si no la dispersaba, no sé en qué lugar estaríamos hoy en el país. El policía lo que hizo fue tirar el disparo como dicen los manuales”, sostuvo Bullrich en diálogo con LN+. Y abundó: “Ese disparo de una granada de gas lacrimógeno lo que hizo fue rebotar en el piso o una estructura metálica muy dura y quemada que ellos mismos [los manifestantes] habían puesto ahí como una barricada. Y por mala suerte, como el fotógrafo estaba sacando una foto tirado en el piso, en el rebote le pegó en la cara. El policía tiró al granada correctamente. No vamos a juzgar a un policía”, enfatizó.

El endurecimiento del Gobierno, no solo contra los manifestantes sino también al denunciar a dirigentes de la oposición como parte de una supuesta maniobra para desestabilizar al presidente Milei, tendrá un correlato en la vereda de enfrente. Las dos centrales sindicales de la CTA anunciaron este jueves que se movilizarán junto a los jubilados el próximo miércoles en el Congreso, mientras que la CGT anticipó que comenzó a discutir internamente el llamado a un paro general “antes del 10 de abril”. A su vez, las universidades nacionales y los gremios de ese ámbito convocaron a una protesta para lunes y martes próximos.

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