El Gobierno apuesta a reconvertir 30.000 planes sociales en empleo genuino durante 2022

El tema regresa cada tanto a los primeros lugares de la agenda pública, pero acaba en un callejón sin salida. En vísperas del debate en el Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno volvió a poner sobre la mesa la necesidad de transformar los planes sociales en “empleo genuino”. Una idea largamente repetida que, sin embargo, esta vez vino acompañada de un anuncio concreto: el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, confirmó que no planea ampliar la cantidad de beneficiarios del Potenciar Trabajo, principal programa de su cartera y cuya cobertura ($16.000 mensuales) alcanza hoy a más de un millón de personas.

Jaqueado por el creciente reclamo de los grupos piqueteros, a quienes acusó de ejercer “extorsión”, Zabaleta se endureció. El exintendente de Hurlingham reafirmó su pretensión, resistida por las organizaciones sociales de izquierda, de garantizarles a quienes ya poseen un Potenciar Trabajo la posibilidad de optar por la unidad ejecutora en la que contraprestar las cuatro horas diarias que se les exige laboralmente. “Al pedido de más altas de planes estamos respondiendo con la posibilidad de aportar materiales y herramientas para poder generar trabajo”, precisó, en clara réplica a las críticas de los dirigentes sociales que lo acusan de “ajustar” a pedido del FMI.

Según fuentes consultadas por LA NACION, los esfuerzos de la Casa Rosada estarán puestos, de ahora en más, en alinear la política social detrás de dos coordenadas principales. Por un lado, asistir con mayores recursos a la “economía popular”, con el fin de que las cooperativas, donde se organizan los trabajadores informales, comiencen a generar ingresos propios y dejen de depender paulatinamente del Estado. Y, por el otro, firmar la mayor cantidad de convenios posibles con el sector privado para que, a partir de incentivos impositivos, las empresas se vean tentadas a contratar beneficiarios del Potenciar Trabajo.

El Gobierno lleva rubricados, hasta el momento, tres acuerdos. A los ya celebrados con el sector de la construcción y el rural, se les sumó recientemente otro con el sector gastronómico. Y hoy habrá un avance con el gremio de la industria de contenidos audiovisuales. De esa manera, al contemplar todas las actividades, la medida alcanza a un número estimado de 30.000 personas que irían incorporándose al mercado de trabajo a lo largo de 2022. Aunque desde la cartera admiten que el camino es “progresivo” y apuntan que todavía resta que se termine de definir la “letra chica” que evitará que esos nuevos ingresos de beneficiarios al empleo registrado “rompan” con los convenios colectivos de trabajo existentes en cada sector.

¿Mundos paralelos?

La pregunta se cae de madura. ¿Cuál es la garantía de que este nuevo intento de convertir planes sociales en empleo no derive en otra frustración, tras experiencias fallidas como el plan “Empalme” anunciado en 2018 por la gestión de Mauricio Macri? En el entorno del ministro Zabaleta lo responden sin titubeos, en línea con el optimismo que por estas horas envuelve a todo el ala “albertista” del oficialismo: la creciente demanda de mano de obra generada por el rebote de la actividad económica.

Sin ir más lejos, ese fue también el espíritu del proyecto de ley presentado en el Congreso por Sergio Massa en octubre del año pasado. Bautizado como “Un puente al empleo” y refrendado por el propio Alberto Fernández mediante un decreto en medio de la campaña electoral, el Gobierno frenó su tratamiento parlamentario y no lo incluyó en extraordinarias. “La intención es que cuando se apruebe la ley, los convenios con el sector privado ya estén listos”, deslizaron, por entonces, cerca del presidente de la Cámara de Diputados a LA NACION.

Lo cierto es que, apenas anunciada, la iniciativa fue calificada de “limitada” por el conjunto de la dirigencia social que forma parte del Frente de Todos. “Es una medida para el sector de compañeros que pueden recuperar empleabilidad en el sector tradicional del mercado, pero no genera cambios estructurales y trabaja sobre un universo muy pequeño”, indicó, el año pasado, Gildo Onorato, referente del Movimiento Evita y secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Hoy, ese mismo argumento sirve para vislumbrar los posibles alcances de los acuerdos firmados por el Ministerio de Desarrollo Social con empresarios y gremios. A la luz de los datos, se trata de una política que no busca estrictamente solucionar la problemática del desempleo (el 8,2%, al cierre del tercer trimestre de 2021), sino impulsar la contratación laboral de un segmento específico de la población: los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Para utilizar la metáfora del economista Juan Manuel Telechea, director del Instituto de Trabajo y Economía (ITE), si pensáramos en una fila de desocupados, el oficialismo pretende colocar delante de todo a quienes están más atrás.

En ese sentido, para que la hoja de ruta trazada por el Gobierno sea exitosa, las características etarias y de género de la población económicamente activa (PEA) deberían coincidir con las de las personas que cobran un programa. Sin embargo, si se toma la composición de la pirámide de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, se observa que está conformada por un 64% de mujeres y concentrada, sobre todo, en la juventud –el 41% de los beneficiarios tiene menos de 30 años–. Es decir, se asemeja más a la pirámide poblacional de las personas inactivas que a la de aquellas que buscan empleo.

En conclusión, de lo repasado se deduce que la medida, tal y como la promociona el Gobierno, correría el riesgo de fracasar de antemano, como sucedió durante la gestión de Mauricio Macri el denominado “plan empalme”, trazado por el exministro de Trabajo Jorge Triaca. Es que, lejos de tener problemas coyunturales para conseguir empleo, la población a la que está dirigida sufre de dificultades estructurales que le impedirían participar de manera activa del mercado laboral. En la analogía de Telechea, no sería posible adelantar a esas personas en la fila ya que directamente no estarían paradas en ella. Se trataría, en definitiva, de dos mundos paralelos.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, en tanto, matizan ese tipo de apreciaciones. Las consideran limitadas y que no contemplan la “heterogeneidad” de situaciones que viven los más de 1.200.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo. Así y todo, no dejan de admitir ante LA NACION que la política de creación de empleo genuino no está dirigida al conjunto de ese universo, sino que se centra en aquellas personas que buscan mejorar sus ingresos o que, aún cobrando el programa, no se encuentran incluidas en un esquema de trabajo cooperativo.

¿Trabajo o empleo?

“El empleo necesita un empleador, el trabajo no necesariamente, y el esfuerzo comunitario durante la pandemia lo dejo demostrado”, precisa Onorato, quien junto a la UTEP insiste en exigirle al Estado que reconozca como trabajadores a quienes realizan tareas no registradas, garantizándoles las condiciones laborales necesarias para llevar adelante sus propios emprendimientos. Una posición radicalmente opuesta a la de las organizaciones de izquierda, que ven en la noción de “economía popular” un ardid para enmascarar la “precarización” y eludir la lucha por “trabajo genuino”.

El dirigente del Movimiento Evita denuncia la preeminencia de una “mirada estigmatizante” acerca de los beneficiarios de programas sociales y que es reproducida, a su entender, por la política. En esa línea, la referente del Frente Popular Darío Santillán, Dina Sánchez, señala: “Nosotros no queremos pelearnos con nadie, pero hace tiempo venimos pidiendo que se entienda que el Potenciar Trabajo no es un plan, es un programa de fortalecimiento de la economía popular”.

Muchos de los beneficiarios de Potenciar Trabajo son personas que tienen experiencias laborales previas y determinados saberes específicos. Como se desprende de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), solo un tercio de los ingresos que perciben las personas de menores recursos proviene de prestaciones sociales. El resto lo consiguen mediante “changas”, de modo que los $16.000 que les provee el Estado mensualmente les funciona como una suerte de “salario base”.

La semana pasada, fue Sánchez quien volvió a insistir con un planteo que ya se convirtió en el sello distintivo de Juan Grabois: la necesidad de un salario básico universal “para la masividad no organizada en el sector de la economía popular”. En palabras de la dirigente, la aplicación de esa política “permitiría descomprimir el complejo escenario que se vive en las barriadas populares de todo el país”. Un anhelo que, bajo la tutela trimestral del FMI y sus condicionalidades, parece alejarse cada vez más.

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