El Gobierno aplicó un doble estándar para condenar violaciones a los Derechos Humanos

A mediados y fines de la década del ochenta, y luego del trágico saldo que dejó la dictadura militar, la Argentina que gobernaba Raúl Alfonsín era considerada un “ejemplo mundial” en materia de derechos humanos. Prueba de ellos fueron la creación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y el Juicio a las Juntas Militares, que recogían elogios de países y organizaciones de todo el mundo. Casi cuatro décadas después, esas mismas organizaciones y países fustigan al gobierno de Alberto Fernández y sus “zigzagueos” en política exterior y su imagen de alineamiento con países acusados de violar los derechos humanos.

En esos vaivenes, la Argentina exhibió en los últimos meses pronunciamientos aparentemente contradictorios. La postura concesiva en los casos de Venezuela, Nicaragua o China no fue seguida en casos como los de Belarus, Siria o Myanmar, donde la Argentina se sumó a las condenas.

El reciente rechazo de Argentina a una iniciativa de Canadá en la ONU para investigar denuncias sobre campos de concentración establecidos por China contra minoría en la región de Xinjiang se suma a los dos informes que, en los últimos días, desistió de apoyar contra la Nicaragua de Daniel Ortega (uno en la OEA, el otro también paralelo en la sede de la ONU en Ginebra), que le valieron la crítica unánime de Estados Unidos y Europa y el alejamiento con sus socios del Mercosur, que no avalaron las críticas a Beijing pero sí suscribieron los documentos contra el gobierno sandinista. La defensa, o al menos el rechazo parcial a las sanciones directas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por las persecuciones y muertes de opositores denunciados en el informe Bachelet y los buenos vínculos con Cuba (aliado de China y Rusia) en los foros internacionales terminan de conformar el cuadro crítico. La Argentina participó hace pocos días de la 29va votación de la ONU contra el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos a Cuba, que rige desde 1962.

La Cancillería defiende estos pronunciamientos como parte de su política de “no injerencia” en la política interna de otros países, lejos de la OEA de Luis Almagro (que consideran demasiado cercano a Estados Unidos) y más cómodos con Bachelet y la mayoría de sus dictámenes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La declaración de la Cancillería que condenaba a Israel por el “uso desproporcionado de la fuerza” en el desalojo de barrios palestinos en Jerusalén Este, que finalmente no se produjeron, y que no mencionaba al grupo terrorista pro-iraní Hamas, responsable de miles de misiles enviados contra población civil israelí, también provocó rechazos de la comunidad internacional.

En este y otros casos, y a través del canciller Felipe Solá, el Gobierno continuó afirmando, en respuesta a las críticas, que por norma general no objeta leyes internas de otros países, como razón para no firmar el documento contra Nicaragua. Lo hizo dos veces, una en la OEA y otra en el Consejo de DD.HH. de la ONU en Ginebra.

Algo similar ocurrió esta semana con China. La Argentina no apoyó una declaración ante la ONU que cuenta con el respaldo de 44 países, sobre la preocupación acerca de la situación de los derechos humanos en Xinjiang, en China, que fue escrita por la embajadora y representante permanente de Canadá ante la ONU, Leslie Norton.

“Las leyes de cualquier país pueden ser inconsistentes en sí mismas con estándares internacionales de DD.HH. y es habitual que otros estados las critiquen”, le respondió esta semana el referente de Human Right Watch, José Manuel Vivanco, quien incluso dio un listado de casos en los que la Argentina sí objetó leyes de otros países en resoluciones alentadas por Bachelet. Y escribió, en su cuenta de Twitter: “Durante la historia democrática, Argentina normalmente ha tenido una posición coherente de defensa de DD.HH. y hoy tiene un rol que cumplir. Esta postura zigzagueante basada en decisiones ad hoc daña la credibilidad del país”.

Sin embargo, la Argentina no tuvo la misma posición en otros pronunciamientos similares. En marzo pasado, el Gobierno se sumó al pronunciamiento del Consejo de DD.HH. por la situación en Siria. Allí se denunció “la grave situación de los derechos humanos en toda la República Árabe Siria” y se exigió “a las autoridades sirias que asuman su responsabilidad de proteger a la población siria”. Allí el presidente Bashar al Assad ganó elecciones el mes pasado denunciadas por irregularidades,

El año pasado, el gobierno de Alberto Fernández también sentó postura respecto de las situaciones que atraviesan Myanmar y Belarus. En junio, la Argentina votó a favor de exhortar a las fuerzas armadas de la exBirmania a “poner fin a la violencia y a todas las vulneraciones del derecho internacional, incluidas las transgreciones de los derechos humanos de Myanmar”. Lo hizo a través de la resolución 43/26 de la ONU.

Un mes después, volvió a aparecer la firma argentina en otra resolución del Consejo, la 44/19, en la cual se lamentaba “la respuesta inadecuada y la falta de cooperación del gobierno de Belarus ante las solicitudes formuladas por el Consejo, en relación con el acceso al país de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos”. Allí, Alexander Lukashenko, también habían ordenado persecuciones a políticos, periodistas y militantes.

“No firmamos documentos contra un país, pero si Bachelet propone una resolución la firmamos”, afirmaron fuentes diplomáticas del Gobierno en respuesta a Vivanco.

“Instamos a que el Gobierno se posicione de manera clara y contundente en contra de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se cometen en Venezuela”, expresó esta semana en un comunicado Amnistía Internacional, luego de la decisión del Gobierno de retirar su denuncia sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

En este marco, desde la oposición denunciaron “anteojeras ideológicas” respecto de los pronunciamientos variados del gobierno argentino, mezcladas con “impulsos” en materia internacional. “No hay política exterior, cada día agarramos el mapa y decidimos con quien nos peleamos”, afirmó a LA NACION el ex embajador en Washington y Pekín, Diego Guelar, para quien “incluso Rusia y China tienen problemas con nosotros, si no no se explicaría que las vacunas hayan tardado tanto en llegar”. En declaraciones a LN+, el exembajador en Rusia Ricardo Lagorio habló de “excesiva ideologización y falta de un hilo conductor” en política exterior, y calificó de “imposible de justificar que la Argentina, con la historia que tiene, en un tema de derechos humanos se abstenga de votar”, en relación al voto del embajador Raimundi en la OEA por las denuncias contra Ortega.

“Somos coherentes, por eso recibimos críticas. Para los kirchneristas duros somos complacientes, para la derecha y los yankees somos chavistas”, justificó un veterano dirigente del peronismo hoy dedicado a la diplomacia y resignado a las críticas.