Los gobernadores dialoguistas afirman que acompañaron los artículos que acordaron, pero los libertarios desconfían

CÓRDOBA.- Los gobernadores -acusados de “traidores” por La Libertad Avanza- hacen circular desde minutos después de que la ley ómnibus volvió a la comisión un borrador del acta donde se muestra que sus legisladores apoyaron los artículos que habían acordado con el oficialismo. De esa manera buscan desligarse de la decisión del oficialismo. En el último tramo de las negociaciones, participó Santiago Caputo, quien habría dicho que si se cambiaba “una coma” de las privatización, a la norma “la volteaba” el oficialismo. La lectura de algunos mandatarios es que esa estrategia ya estaba preparada para responsabilizarlos a ellos y acusarlos de “casta”.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, enfatizó que los diez gobernadores de JxC “cumplimos los compromisos. Se termina agrediendo a los que acompañamos. Si se prioriza la supuesta épica de la ‘casta no me deja gobernador’ por sobre el consenso y el diálogo, el relato se va a ir acabando”. En declaraciones a TN, el mandatario rechazó las acusaciones que se hacen desde el Poder Ejecutivo: “Basta de tirar de la soga, basta de mentir. No vamos a permitir más una falta de respeto y hablo por todos”.

Desde la Casa Rosada apuntan al santafesino Maximiliano Pullaro, al cordobés Martín Llaryora y al salteño Gustavo Sáenz; también a Río Negro (Alberto Wereltinek) y Misiones (Hugo Passalaqua) A su vez, Torres pidió que el gobierno tenga “la humildad de entender que a nosotros también nos eligió el pueblo; nosotros no somos casta de nada” y enfatizó que si quiere seguir haciendo acusaciones deben “dar nombres”.

En un comunicado los 10 gobernadores de JxC, junto a los diputados nacionales que “representan a los ciudadanos de las diferentes provincias que gobernamos” señalaron que acompañaron “el paquete de emergencias y facultades pedidas por el gobierno nacional. Cumplimos el compromiso asumido públicamente de ayudar al Gobierno entrante con las herramientas que cree necesarias para hacer las transformaciones que requiere nuestro país. No corresponde entonces que nos responsabilicen a todos por igual ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte, cuando en realidad trabajamos incansablemente para lograr los consensos necesarios para que se apruebe la Ley Bases”.

Desde el mediodía las negociaciones por la votación en particular eran contrarreloj. El ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo contacto con los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), quienes después compartieron un zoom con los jefes de bloque y algunos diputados más. En ese marco aceptaron retirar de la discusión el impuesto PAIS para no terminar votando con el kirchnerismo, pero consensuaron plantearle al Ejecutivo incluir el gravamen en el paquete fiscal, a la vez que exigieron a a vez que se liberen fondos para las provincias.

Para aplacar un conato de rebelión de último momento, la administración libertaria hizo un gesto con los gobernadores dialoguistas. El ministro de Economía, Luis Caputo, llamó a Llaryora para insistirle en que deponga su posición con el impuesto PAIS y le dijo, según pudo saber LA NACION, que en pocos días discutirán los recursos con las provincias.

“El gobierno necesita por ley el aumento del impuesto que hizo por decreto -deslizó un mandatario de JxC-. Si lo quiere, que discutan todo el paquete fiscal impositivo con las provincias”.

Llaryora, quien viene insistiendo con la coparticipación del impuesto PAIS, le respondió que una alternativa es que del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses se pague a las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación. La de Córdoba es una de las que acumula más deuda; hizo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia el año pasado.

Con la decisión de los mandatarios de JxC, la posición del cordobés quedó en minoría. No alcanzaba el voto de los diputados que le responden para lograr la coparticipación del impuesto PAIS, que iba a ser vetada por el presidente Milei. Antes de su viaje a Israel, el mandatario ya había advertido a algunos opositores que si había más cambios en la ley, el propio oficialismo le daba de baja. Lo mismo que ratificó Caputo.

La desconfianza domina desde hace días las conversaciones entre los referentes del Ejecutivo, los gobernadores y legisladores “dialoguistas”. Fuentes de las provincias aseguraron a LA NACION que hay diferencias internas en JxC, donde el Pro estaba más dispuesto a acompañar la ley que la UCR. Al mismo tiempo, quedar pegados en la votación al kirchnerismo implicaría, según la lectura de la mayoría, romper puentes con la Casa Rosada.

Los gobernadores quieren el compromiso de Caputo de que se retomarán los giros discrecionales (por fuera de la coparticipación) que fueron reducidos al mínimo el mes pasado. Con la baja de la coparticipación por efecto de la modificación de Ganancias y el cierre de las transferencias, las finanzas provinciales están resentidas.

Caputo, en su contacto con Llaryora, le señaló que en unos días se empezará a discutir el paquete fiscal. Es decir, repitió lo del día que anunció el retiro del tramo fiscal de la ley. El cordobés lleva días argumentando que “se podría haber retirado solo una parte” porque había acuerdo en el blanqueo, en la moratoria y en bienes personales.

“Dejarlo era una manera de hacerse de recursos, tanto para la Nación como para las provincias, en un momento en que son necesarios para los dos niveles de gobierno”, sostuvo en su momento ante este diario. De manera urgente, Llaryora quiere cobrar la deuda que la Nación tiene con el sistema previsional provincial, porque sino es el Tesoro provincial el que debe poner ese dinero.

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