El Gobierno anuncia tiempos de censura
La libertad de expresión está reconocida para que la sociedad critique al Gobierno. En el mundo del revés, sólo puede florecer el autoritarismo.
La acusación del ministro del Interior, Florencio Randazzo, contra LA NACION y Clarín es una verdadera confesión de la intención que tiene el Gobierno respecto de la prensa: censurarla.
¿Es ésta la libertad que quiere garantizar un gobierno que levanta la bandera del pluralismo? Y si el derecho que ejerce la prensa gráfica -que se asienta en principios constitucionales firmes e indiscutibles- está amenazada, ¿qué libertad podrán esperar las señales de TV y radios si la controvertida ley de medios estuviese plenamente vigente?
Randazzo, lamentablemente, olvidó los principios más elementales de la convivencia democracia:
La Constitución nacional y los tratados internacionales no reconocen la libertad de expresión en beneficio del gobierno de turno, sino de toda la sociedad y de todos sus sectores, sean mayoritarios o minoritarios.
La función de la prensa gráfica y audiovisual es investigar, cuestionar, criticar e incomodar al poder de turno. Así fue siempre, aquí y ahora, y, también, desde el mismo nacimiento de esta libertad, en Estados Unidos, Francia y Suecia, hace 250 años. No importa que detrás de los medios haya empresas o sectores, con sus particulares intereses. Lo que protege la Constitución es preservar un ámbito de total tolerancia.
Aun cuando hubiese una sola persona que criticara al Gobierno, y aun cuando estuviese equivocada, también debe reconocérsele su libertad de expresión.
Entonces, ¿por qué iban los medios a callar las objeciones que se hicieron al escrutinio provisorio y al sistema de boleta vigente si varios partidos de la oposición e, incluso, el juez federal Manuel Blanco y la Cámara Nacional Electoral habían hecho observaciones similares? Si la Argentina no corrige su sistema electoral, correría el riesgo de transformar una elección de resultado ajustado en la antesala de una crisis política de magnitud. ¿No haría Randazzo mejor su trabajo, en beneficio de la calidad institucional, si se preocupara por mejorar el sistema electoral, en lugar de criticar al mensajero?
En un fallo en el que condenó a Venezuela, en la gestión de Hugo Chávez, la Corte Interamericana resolvió en 2009 que un gobierno también tiene derecho a participar en el debate democrático, pero le reclamó que debe ser mucho más cuidadoso que un particular o un medio, por el impacto de sus palabras.
Tal vez, Randazzo intuye que la palabra oficial -que él mismo u otros ministros encarnan- ya perdió todo valor como instrumento de gestión. Tal vez, por eso, prefirió desnudar la visión del Gobierno con la prensa, para que el apriete sea leído con claridad y se comprenda la dimensión de los tiempos que se avecinan.
Randazzo también olvidó que, en 1993, el Congreso derogó del Código Penal la figura del desacato, luego de un acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Argentina, con las declaraciones de su ministro, parece haber retrocedido casi veinte años, a la tan denostada época menemista.
Es difícil imaginar que el ministro haya querido tocar de oído la música del Código Penal, cuando dijo que " LA NACION y Clarín atacan a la democracia", para luego, ayer, agregar que estos diarios "condicionaron a los gobiernos durante los últimos treinta años": ¿estará sugiriendo Randazzo que los diarios son autores del delito penal de atentado contra la democracia? Y si realmente condicionaron a los gobiernos, ¿cómo fue posible que Néstor Kirchner concluyera su mandato? El argumento de Randazzo cae por el peso de la propia historia. Sin libertad de expresión no hay democracia posible.
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