El Gobierno aguarda la definición de la Justicia para avanzar sobre Vicentin
El plan consiste en utilizar la figura del cramdown para tomar el control de la empresa; antes se espera un fallo de la Corte de Santa Fe
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LA NACION
El Gobierno aguarda la resolución de la Justicia para avanzar con Vicentin. Como adelantó el presidente Alberto Fernández, la intención de la Casa Rosada es avanzar con la figura del cramdown, que les permite a los acreedores tomar el control de la cerealera.
Según confiaron fuentes cercanas al jefe del Estado, como principal acreedor a través del Banco Nación, el Estado no aceptará la propuesta de reestructuración de la deuda que presentó la empresa y buscará quedarse con el manejo de la firma. Al igual que con YPF, ese sería el primer paso para conformar una empresa testigo que le permita intervenir en el mercado de granos.
Sin embargo, según adelantaron desde Balcarce 50, no habrá movimientos hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo. La última semana la Corte Suprema de Santa Fe decidió intervenir el concurso de acreedores de Vicentin. La resolución se produjo dos semanas antes del vencimiento del período de excepción de la convocatoria.
“Primero: hay que evitar el fraude. La propuesta de Vicentín en el marco del concurso consiste en una quita del 80%. Es un ostensible daño al patrimonio colectivo. Inaceptable para el Banco Nación. Segundo: la propuesta de Vicentín abre la puerta a un probable desguace de la compañía y sus activos”, explicó en redes sociales Julia Strada, directora del Banco Nación.
Strada, excolumnista de C5N y exdirectora del Banco Provincia, sintonizó con las ideas que expresó en los últimos días el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, quien consideró que “la propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude”. La entidad es un acreedor “privilegiado” por unos US$300 millones.
Ayer, en una entrevista con Página 12, el Presidente planteó el tema. “A mí me parece que la Argentina tiene que repensar su estructura en materia alimentaria, así como en el tema de comercialización de cereales. Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor. Ahora, nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas”, sostuvo el mandatario.
Y agregó: “No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa Vicentin la descarté. En ese momento, dije lo descarto, porque era hacerles un favor a los acreedores, no a la Argentina”.
Según detalló el Presidente, “en el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown [opción que puede solicitar un acreedor], yo dije estudiémoslo porque es posible”.
La propuesta del Poder Ejecutivo provocó una dura reacción de la empresa desde donde dijeron que “no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos” y señaló que cualquier explicación sobre el “cramdown” en rigor “sólo llevan a confusión a la audiencia no especializada”.
Si bien nadie habló de tiempos, en la Casa Rosada aguardan un guiño de la Justicia para poder avanzar y estiman que la toma del control de la empresa podría significar unos 200 millones de dólares.
Como publicó LA NACION, el Banco Nación aprueba el plan que expresó públicamente el Presidente, aunque se desentienden del eventual manejo de la firma. El objetivo final de la entidad que lidera Hecker es recuperar la inversión.
“Teniendo en cuenta que el Banco Nación es de toda la sociedad y, por lo tanto, convalidar esa alternativa es un atentado al patrimonio colectivo”, explicó Hecker.
Además del Banco Nación, hay otras entidades bancarias que buscan recuperar sus préstamos. La compañía está en concurso de acreedores por 1575 millones de dólares.
LA NACION
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