El Gobierno acusa a la izquierda por los incidentes

Las imágenes del violento desalojo de la empresa PepsiCo estuvieron en todas las pantallas de la Casa Rosada. A través de los ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Patricia Bullrich (Seguridad), el Gobierno siguió al detalle el desarrollo de un conflicto en el que, considera, "actuó como correspondía", y en el que adivina "intencionalidad política" a horas del comienzo de la campaña electoral.

"Fue un procedimiento que llevó la policía de la provincia de Buenos Aires y lo hizo bajo una orden judicial. Nuestro gobierno tiene como principio volver a la ley: cuando un juez da la orden de un desalojo hay que cumplirlo", dijo Bullrich. Cerca del jefe de Gabinete, Marcos Peña, insistían en que el Gobierno intentó mediar entre la empresa, que tenía decidido mudarse a Mar del Plata, y sus empleados. "El Gobierno estuvo presente desde un primer momento", afirmaron voceros oficiales. Destacaron las indemnizaciones que recibieron muchos trabajadores cesanteados, y pusieron énfasis en el "conflicto remanente" con trabajadores vinculados a agrupaciones políticas de izquierda, las mismas que tuvieron conflictos en Lear, Donnelly y Kraft.

"El conflicto quedó reducido al grupo que lidera la izquierda. Y a la CGT la corren por izquierda también", afirmó un vocero, en relación con la protesta anunciada por el sindicalista Héctor Daer.

Bullrich respaldó el accionar policial, previamente acordado con su par bonaerense, Cristian Ritondo, y culpó a quienes tenían tomada la planta. "Evidentemente hubo hechos de violencia, policías bonaerenses heridos, algunos con huesos rotos, por las cosas que tiraron. Buscamos que las cosas se hagan en paz y no vamos a aceptar de ninguna manera la violencia", afirmó.

"El trabajo lo estamos haciendo. Cresta Roja estaba prácticamente cerrada y hoy exporta [pollos] a Arabia Saudita, pero cuando se mete la intencionalidad política se puede hacer poco", detalló a LA NACION un alto funcionario del gobierno de Vidal, que ayer pasó por la Casa Rosada.

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