El Gobierno acumuló más de 1000 denuncias por el manejo de planes sociales y acusará a los intermediarios por extorsión

Con una auditoría a punto de arrancar para determinar la situación real alrededor de los planes sociales y con la mira puesta en desplazar a los intermediarios entre el Estado y los beneficiarios, el oficialismo cifra también parte de sus expectativas en el tema en lo que pasará en los tribunales de Comodoro Py. Allí se radicó, a finales de la última semana, la denuncia por el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes en base a los reclamos recibidos en la línea 134. La línea, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, fue dispuesta por el Gobierno para que quienes sufren amenazas, aprietes o extorsiones, puedan denunciar. Hasta ayer, ya se habían recibido más de 20.000 llamados en menos de una semana.

De esas comunicaciones, para el Ejecutivo, hay al menos 1100 denuncias que encajan en los delitos señalados, de acuerdo a fuentes gubernamentales. Quienes se comunicaron relataron mecanismos de extorsión de diferentes organizaciones, como pedidos de dinero cada vez que cobran los planes, multas de 7000 u 8000 pesos para quienes no asistan a los cortes o marchas y amenazas de dar de bajas planes si no asisten a determinadas convocatorias, entre otros hechos.

La denuncia realizada por la cartera de Seguridad recayó por sorteo en el juzgado federal de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal, Gerardo Pollicita, a cuyo despacho llegó el caso a última hora del viernes. A partir de este martes, cuando reanude la actividad judicial Pollicita y su equipo empezarán a analizar el caso, en tanto que para el miércoles está prevista la ratificación de la denuncia por parte de los representantes legales del Ministerio. Junto a la ratificación, según pudo saber LA NACION acercarán el material sobre el que trabajaron desde que empezaron a recibir las denuncias.

Eso incluye la lista de 32 personas, identificadas con nombre y apellido por los denunciantes y que en breve, se descuenta, empezarán a ser investigadas por la justicia. Muchas de esas personas fueron denunciadas por personas que dieron su identidad al momento de la denuncia, otras, la mayoría, aportó los datos de forma anónima. Todos, denunciados y denunciantes, permanecen bajo reserva tanto para resguardar lo que pueda suceder con la investigación, como la integridad de quienes dieron el testimonio y que en los próximos días se espera que empiecen a recibir “acompañamiento” desde la cartera de Capital Humano.

En base al material denunciado por quienes se comunicaban con el 134, Seguridad georreferenció las denuncias, por las zonas a las que aludían los denunciantes, también agruparon de manera general el material recibido, y complementaron con “informaciones de fuentes abiertas”. La mayoría de los denunciados pertenecen a distintas agrupaciones y tienen actividades de tipo social o políticas. Todo eso a nivel general, para luego separar de una manera más pormenorizada la información recibida sobre quienes realizan las extorsiones que reciben las personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad social y económica. Ese material es el que se aportará a la justicia, junto con lo que se siga recibiendo.

En el Gobierno creen que lo que se empezó es a dar una lógica distinta a la que venía sucediendo. “Donde el control lo lleva el Estado y no los intermediarios, y que esas personas carecerán de autoridad para decidir sobre las personas que reciben los planes”, sostienen. Parte de eso también afirman es lo que se vio en la marcha del 20, cuando bajó drásticamente el número de asistentes luego de los mensajes bajados por el Gobierno.

Un anuncio que movió los cimientos del universo de las organizaciones sociales

El lunes 18, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dio su primer mensaje público. En poco más de dos minutos dejó varias definiciones. La primera, en línea con lo dicho por el presidente Javier Milei, “el que corta, no cobra”, en referencia a las futuras marchas. Luego, anunció el fin de los intermediarios y se refirió a la auditoría que se haría sobre los planes sociales.

Sobre ese punto, tal como contó LA NACION este fin de semana, comenzará a darse a partir del próximo 1° de enero y se espera que dure tres meses. En principio, el universo de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo asciende a 1.200.00 personas y no está en carpeta agrandarlo.

El primero demandaría que cada persona complete o actualice su información y los de su núcleo familiar, y luego se pasaría a la etapa de análisis y entrecruzamiento de bases de datos. Para eso prevén usar como eje central la información de Anses y cruzarla con la de otros organismos. Por ese motivo está prevista una reunión operativa entre Pablo de la Torre, Secretario de Niñez y Familia en Capital Humano, y el titular de Anses, Osvaldo Giordano.

En lo inmediato, y en vistas a esperar los resultados que arroje la auditoría, se espera que el Gobierno prorrogue la decisión de Sergio Massa, cuando aún estaba al frente del Palacio de Hacienda, de pasar los planes a la órbita de Trabajo. Los libertarios tienen en carpeta la idea de, en base a los datos, hacer una segmentación de los planes de acuerdo a los perfiles de los beneficiarios y agruparlos bajo las órbitas de diferentes secretarías. De este modo, el actual Plan Potenciar Trabajo desaparecería como tal y tendría nuevos nombres y características.

“Hoy se está a ciegas. Hay que auditar y ver dónde estamos parados”, reconocen en el Gobierno sobre el tema. De momento sí saben que un 80% de los planes está en manos de organizaciones, a las que esperan remover como intermediarias

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