El Gobierno acumula un listado de grandes anuncios, pero aún no avanzó con la reglamentación de la Ley Bases

Javier Milei siempre dice que hasta acá solo exhibió una porción pequeña de sus proyectos para que la Argentina sea “el país más libre del mundo”. Y afirma que tiene en carpeta “3200 reformas más”. En el Gobierno aseguran que el número no es azaroso. Que cuando el líder libertario se reunió con Federico Sturzenegger días antes de asumir, el ahora ministro de Desregulación y Transformación del Estado le presentó un corpus de iniciativas tan voluminoso que se debió hacer un primer filtro de cuatro columnas. Y que solo una cuarta parte quedó volcada en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 y en la Ley Bases, mientras que el resto sigue pendiente.

En las últimas semanas, sin embargo, se comenzó a abrir una brecha entre la cantidad de anuncios pretenciosos que viene haciendo el Gobierno y la ejecución real de esos proyectos. Distintos funcionarios y el propio Presidente vienen declamando una agenda muy ambiciosa de temas económicos, electorales, judiciales y administrativos para el segundo semestre.

Pero, en la práctica y pese a que transcurrió casi un mes, el Poder Ejecutivo aún no reglamentó ninguno de los capítulos de la esperada Ley Bases (sí lo hizo con el paquete fiscal) para que la norma pueda ponerse en práctica. Hay, incluso, partes del DNU 70/2023 que todavía están pendientes de reglamentación.

Tras la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, el Gobierno comenzó a dar a conocer una batería de proyectos legislativos que el Ejecutivo planea enviar al Congreso. La lista es larga e incluye: una reforma electoral (con un paquete de, al menos, cuatro proyectos separados); la “ley hojarascas” de Sturzenegger (que incluye la derogación de un compendio de leyes presuntamente obsoletas); el proyecto para permitir el juicio en ausencia contra los prófugos en la causa AMIA anunciado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el paquete de leyes en materia de seguridad impulsadas por Patricia Bullrich (la “Ley Antimafia”, que busca aumentar penas y habilitar intervenciones más duras para desmantelar organizaciones delictivas; la “Ley de Reiterancia”, para garantizar la cárcel de los reincidentes; la llamada “Ley de Orden Público” y la modificación a la ley de Seguridad Interior); el proyecto para bajar la edad de imputabilidad (que aún aguarda la firma de Milei) y la llamada “Ley anticasta” que anunció el Presidente a principios de marzo y que aún no tiene forma concreta.

A todo ello hay que sumarle el tratamiento de los pliegos de los candidatos del Gobierno a la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que se espera para finales de agosto. No se descarta que, como parte de las negociaciones para asegurarse los votos, el Poder Ejecutivo habilite la discusión para la ampliación del máximo tribunal a siete miembros. Todas ideas que el oficialismo pretende impulsar con una posición de debilidad numérica en ambas Cámaras.

A diferencia de diciembre, cuando el Gobierno remitió la primera ley Bases con un modelo elefantiásico de 600 artículos, en Casa Rosada admiten que para esta etapa la idea es que las iniciativas sean más acotadas. La reforma electoral, por ejemplo, tendrá tantos proyectos individuales como temas se aborden. Aún así, los bloques dialoguistas vienen reclamando que el Poder Ejecutivo establezca prioridades, una dinámica poco habitual entre los libertarios, que suelen hacer gala de su agenda refundacional.

Procesos y normas

Según pudo saber LA NACION, la prioridad número uno de la Casa Rosada en estos días es finalizar la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la Ley Bases, un trabajo que está en manos del Ministerio de Economía. Sería el primer capítulo de la ley –que se sancionó hace un mes- en tener reglamentación. Es que, hasta acá, el Gobierno solo publicó la letra chica de distintos capítulos del paquete fiscal (la Ley de Medidas Paliativas y Relevantes), como el nuevo monotributo, el blanqueo, el impuesto a las ganancias y la moratoria impositiva.

Pero no pudo concretar los avances técnicos con respecto a capítulos como las facultades delegadas, la reforma del Estado, las privatizaciones, el RIGI, la modernización laboral o la modificación a la Ley de Hidrocarburos.

En parte de la coordinación de estos aspectos técnicos trabaja la secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal Murphy, del riñón del asesor presidencial Santiago Caputo, aunque en rigor están involucradas un sinfín de áreas de los distintos ministerios. La última estación de este periplo burocrático recae en la secretaría Legal y Técnica de Javier Herrera Bravo. Su dependencia en general hace el control final de legalidad, los deriva para la firma del Presidente (en caso de los decretos) y procede a publicarlos en el Boletín Oficial.

Milei reconoció en sus últimas entrevistas que la dinámica que había establecido Nicolás Posse empantanaba la gestión diaria. El exjefe de Gabinete concentraba las decisiones y había instaurado un sistema de doble verificación de normas y decisiones que derivaba en un embudo administrativo. Sin embargo, a dos meses de su renuncia, todavía hay dinámicas internas que no lograron aceitarse. Hay quienes escucharon a Guillermo Francos decir que quiere mejorar los procedimientos internos en las próximas semanas.

En las últimas horas, desde la Casa Rosada aseguraron que, dentro del capítulo administrativo, se tomó la decisión política de avanzar con la eliminación de unos 60 organismos descentralizados (aquellos autorizados por la ley). No parece un plan de corto plazo. El cierre del Instituto Nacional contra el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se anunció en febrero, pero todavía no se implementó. Algo similar ocurrió con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), mientras que con la agencia Télam hubo distintos planes de reconversión, hasta que el Presidente ordenó cerrarla totalmente. Respecto a las privatizaciones, cerca de Milei reconocen que difícilmente haya un primer caso testigo antes de fin de año. Hay una complejidad extra: los funcionarios que estampan su firma en cada procedimiento tienen escasa experiencia, sus sueldos congelados, y saben que pueden quedar comprometidos desde lo legal.

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