El Gobierno apuesta al desembarco de los nuevos jefes de ARCA para enfrentar la escalada con los gremios
En las filas libertarias se muestran convencidos de que la experiencia y los contactos de Vázquez y Velis podrán contener los conflictos en el ente recaudador
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LA NACIONCecilia Devanna
Tras la oficialización de la disolución de la AFIP y la creación de la flamante Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA), el Gobierno apura ahora los desembarcos de Andrés Vázquez y José Velis al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA) y de la Dirección General Impositiva (DGI), respectivamente, para intentar frenar los conflictos con los gremios. Se trata de las dos áreas que quedan bajo el paraguas de la ARCA, que hoy tiene alrededor de 22.200 empleados en todo el país. La administración libertaria ya advirtió que reducirá 3155 puestos.
Los tres gremios que cohabitan dentro del organismo iniciaron protestas, apenas conocidas las novedades. Tanto fuentes del organismo como de la propia Casa Rosada prevén una escalada del conflicto, que tendrá su primer pico el próximo 30 de octubre, con un paro. Coincidirá con la huelga de los transportistas.
Por eso el apuro en concretar ambas designaciones, que aparecieron el último viernes en el Boletín Oficial, bajo la premisa de “frenar posibles acciones de los gremios”. En las filas libertarias confían en que Vázquez y Velis, que conocen internamente el organismo desde hace años y a buena parte de su personal, podrán amortiguar las reacciones.
Cerca del presidente Javier Milei identifican como “especialmente sensible” la situación en Aduanas. “Porque los muchachos juegan con otras reglas”, afirman, en relación a la “opacidad” del organismo, pero sin dar mayores precisiones. En el Gobierno juran que “no les preocupa” lo que hagan los gremios, pero también se amparan en que “Vázquez está acostumbrado a jugar con ellos” por su pasado en la institución.
En ese sentido, empleados históricos del organismo señalan que “con la llegada de Vázquez va a estar la inteligencia dentro del organismo”, confirmando lo que dio cuenta LA NACION cuando se conoció su designación: que el contador y referente insoslayable de la llamada Dirección de Inteligencia Fiscal del organismo tributario, hace ya casi un cuarto de siglo, tejió desde esa área vínculos con el poder y el espionaje de Francisco Larcher (referente de la actual SIDE durante el kirchnerismo) y, más aún, Antonio Stiuso, el jefe operativo de la central de espías durante décadas. Vázquez es un cultor del bajísimo perfil, hasta el punto de que no hay fotos de él disponibles en sitios de internet y en redes sociales.
En el Gobierno justifican la elección del funcionario en que la Aduana maneja “información sensible” y abren el paraguas ante posibles repercusiones de la designación. “No eran modificaciones urgentes y ahora habrá más presencia de servicios”, retrucan a LA NACION los históricos de la institución.
Aunque en las filas libertarias eluden definir a los cambios –que se anunciaron el lunes pasado y que se empezaron a concretar oficialmente este viernes– como una “purga massista”, en referencia a la salida de funcionarios ligados al exministro de Economía Sergio Massa, admiten que consideran que la gestión anterior “estuvo plagada de irregularidades”. En esa línea apuntan especialmente a lo que sucedía en Aduana.
Vázquez llega con su propia mochila: durante el kirchnerismo fue quien lideró un megaoperativo de la AFIP contra el Grupo Clarín, en 2009; tuvo bajo su órbita la vigilancia de actividades de Cristóbal López y Lázaro Báez, y quedó en la mira judicial cuando en 2010 LA NACION reveló que controlaba dos cuentas no declaradas en el exterior con casi medio millón de dólares.
Las acciones gremiales, in crescendo
Pese a la decisión de apurar las designaciones de Vázquez y Velis para intentar amortiguar las acciones gremiales, en las filas libertarias agregan que no les “preocupa lo que hagan” los sindicatos. Incluso ante la posibilidad de que las protestas escalen. El miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, los gremios iniciaron una suspensión de actividades en las sucursales, de 10 a 12 horas, y un apagón informático. “No vamos a negociar”, insisten en la Casa Rosada.
En el ente recaudador sostienen que aún no hay una definiciones sobre cómo se procederá en los próximos días ante los cambios anunciados. “Todavía no hay nada, más allá del título efectista, porque claramente lo que se anunció produjo efecto. Pero aún no hay nada a nivel formal”, apuntó una fuente de la ex-AFIP, en referencia a la reestructuración del organismo y el pase a disponibilidad de 3155 empleados, anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni. Ese recorte afectaría principalmente al personal que ingresó a la AFIP durante el último año de gestión de Alberto Fernández.
El “apagón informático” de dos horas que se realizó el miércoles, jueves y viernes tampoco preocupó demasiado en el Gobierno, ni en el propio organismo recaudador. “No tiene consecuencias para el sistema” de recaudación, afirmaron, para ampliar: “El sistema sigue funcionando, al único que se perjudica es al empleado, que después de ese apagón de su computadora se le acumula trabajo, o a la gente que por algún motivo se acerca a alguna agencia y tiene que esperar para hacer algún trámite. Pero no afecta al sistema central, ni a la información”.
“Es una medida absurdísima”, resumió un funcionario con varias décadas en el organismo. “Lo único que van a lograr es que más ciudadanos de a pie nos insulten o compren el discurso de que somos vagos”, completó.
En referencia a los sueldos jerárquicos que serán recortados, desde las filas de los empleados de ARCA juran que solo afecta a las “remuneraciones altas, monstruosas y fuera de convenio, para cargos puestos por la política”. Según informó el Gobierno cuando anunció los cambios, la titular de la AFIP, Florencia Misrahi, percibía un salario “de aproximadamente 32 millones de pesos”, y los jefes de la Aduana y la DGI, unos 17 millones de pesos. Todo en virtud de la distribución de fondos de la llamada Cuenta de Jerarquización, creada en 2001, que ata los salarios jerárquicos a la recaudación del organismo. Adorni anunció que esos funcionarios percibirán lo mismo que un ministro y un secretario de la Nación, en torno a los 4 millones de pesos.
Cerca del organismo agregaron luego que Misrahi ya se había bajado su sueldo –y el de otros cargos jerárquicos– el 10 de mayo pasado, en una disposición que no se dio a conocer públicamente.
El futuro de Misrahi no es puesto en duda en el Gobierno. Incluso, pese a que algunas fuentes del ente recaudador afirman que Misrahi se “enteró por la tele” de los cambios, en la Casa Rosada afirman que el jueves 17, por la tarde, la funcionaria participó de los preparativos por los últimos detalles del anuncio. Qu llegó al primer piso de Balcarce 50, en el área donde tiene sus oficinas Santiago Caputo, pocos minutos después que el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo. Queda la duda sobre si su margen de acción se verá recortado ante la llegada de Vázquez y Velis, dos pesos pesados.
En la ex-AFIP creen que desde el Gobierno “largaron una bomba con todos los anuncios, para después sentarse a negociar”. Advierten que “no son todos vagos” los que ingresaron en los últimos años y confían en que se pueden aplicar “filtros, exámenes y hasta cursos” para luego decidir cuántos empleados serán desvinculados. El Gobierno, en principio, no parece decidido a hacerlo de ese modo.
Por Cecilia Devanna
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