El Gobierno abre una negociación con la Ciudad por la coparticipación y una deuda de $350 mil millones

Mientras encara las dificultades más urgentes por la crisis y enfrenta resistencias a su ambicioso plan de reformas liberales y su shock de ajuste, el gobierno de Javier Milei se alista para abrir en los próximos días una negociación de alto voltaje político para desactivar una de las bombas económicas que heredó de la administración de Alberto Fernández. Se trata del largo conflicto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por el recorte de los recursos coparticipables para financiar a la Policía porteña.

La primera reunión entre representantes de ambas partes para debatir el tema se dará el próximo jueves en el Palacio de Hacienda. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, citó ese día a Jorge Macri y Néstor Grindetti, jefe de Gabinete, para explorar alternativas y discutir un acuerdo con la Ciudad, que reclama al Estado nacional por los fondos de coparticipación y una deuda de alrededor de 350 mil millones de pesos. “Las conversaciones están avanzadas”, anticipa un alto funcionario que frecuenta la sede porteña de Uspallata, donde confían en destrabar el asunto más pronto que tarde. En la Casa Rosada lucen más prudentes debido a “la situación de emergencia” económica y el estado de las arcas públicas, aunque muestran predisposición a entablar una negociación para buscar una solución consensuada y evitar que el conflicto escale aún más en la instancia de la Justicia.

El litigio es de larga data y tiene varias aristas. Apenas asumió como jefe porteño, Jorge Macri avisó que le reclamaría a Milei que cumpla con la medida cautelar que dictó la Corte Suprema a favor de la Ciudad a fines de diciembre de 2022. En ese fallo, el máximo tribunal dispuso que, hasta que se resuelva la cuestión de fondo en la causa por la quita de fondos de un punto que dispuso Fernández, en 2020, en plena pandemia de coronavirus, el Estado Nacional debía entregarle a la administración de Horacio Rodríguez Larreta el 2,95% de la masa coparticipable para solventar la policía porteña. Sin embargo, Fernández recusó a los jueces -una presentación que fue rechazada por la Corte diez días después del balotaje presidencial- y no acató el fallo, al que consideró de “imposible cumplimiento”. Al no ejecutar lo dictado por los jueces en la sentencia, el antecesor de Milei siguió pagando el 1,4%, el porcentaje que había sido establecido por la ley 27.606, sancionada en el Congreso con el apoyo del kirchnerismo y los gobernadores del PJ. Por esa razón, la Ciudad presentó ante la Corte una serie de pedidos de embargo contra la Nación. Y ahora le reclama al Estado nacional una deuda de 350 mil millones de pesos. Ese monto, señalan fuentes porteñas, refleja la diferencia entre el 1,4% que depositó hasta ahora el Banco Nación en las arcas porteñas y el 2,95% que había establecido la Corte.

Desde que llegó a la Casa Rosada, Milei le dio continuidad al esquema de pago de Fernández a la espera de que se inicien las tratativas con la Ciudad. En otras palabras: le transfiere el 1,4% al Ejecutivo porteño, no el 2,95%. El primer funcionario de la primera línea del Gobierno que escuchó el reclamo de Jorge Macri fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien visitó al sucesor de Larreta el 18 de diciembre pasado en la sede del Ejecutivo porteño. Ese día el alcalde le adelantó su intención de discutir un esquema para hallar una salida política. Su máxima prioridad es que Milei comience a depositar -la coparticipación se paga con transferencias diarias que realiza el Banco Nación por goteo a las provincias- el 2,95% de los recursos que fijó la Corte en su medida cautelar.

En paralelo, Jorge Macri propone buscar un mecanismo para que el Estado nacional le devuelva a futuro la deuda de 350 mil millones de pesos, según la estimación de las autoridades porteñas, que se acumuló desde diciembre de 2022, cuando el gobierno del Frente de Todos optó por no acatar la sentencia de la Corte.

Entre los altos mandos de la Ciudad evalúan el caso en un clima de optimismo moderado ante el cambio de signo político en la Casa Rosada. “Creemos que van a pagar, por una cuestión ideológica de Milei. Tienen que cumplir el fallo”, aventuran. En los últimos días hubo contactos informales con Caputo y notan intenciones de resolver el tema. “Tenemos voluntad de ponernos de acuerdo, pero necesitamos que cumplan ya con el fallo. La deuda la podemos discutir a futuro”, señala un integrante del círculo de confianza de Jorge Macri.

A sabiendas de que Milei afronta una situación crítica por los desequilibrios económicos y financieros que heredó de Fernández, funcionarios de la administración porteña tienen expectativas moderadas: aspiran a que al menos Caputo ponga sobre la mesa un esquema financiero para que la Ciudad cobre la deuda acumulada. Especulan con que la nueva gestión nacional podría apelar a una estrategia para postergar el compromiso y ofrezca un instrumento financiero -por ejemplo, bonos-, para recuperar el dinero. A la cumbre con Caputo asistirían Jorge Macri, Grindetti y Guillermo Romero, un hombre de extrema confianza del jefe porteño. De hecho, el primo del expresidente propuso a Romero como vicetitular del Banco Ciudad, una designación que debe pasar el filtro de la Legislatura.

En la Ciudad denuncian que Fernández incumplió con el fallo de la Corte de diciembre de 2022 e incluso dejó de transferir el monto establecido para solventar la policía porteña que preveía la ley aprobada por el Congreso en 2020. En rigor, al dictar esa cautelar, los jueces del máximo tribunal del país suspendieron lo dispuesto por esa normativa.

A fines de noviembre, once días después de que Milei derrotara a Sergio Massa en la segunda vuelta, la Corte rechazó las excusaciones y recusaciones que presentó la administración de Fernández contra los jueces antes de dejar el poder. Y quedó en condiciones de resolver la cuestión de fondo en la causa y los pedidos de embargo que presentó la Ciudad en los últimos meses.

No obstante, la Corte apuesta ahora a que, como se produjo el recambio de autoridades en el gobierno nacional y el Ejecutivo porteño, Milei y Jorge Macri encuentren una solución consensuada. De esa forma no sería necesario que ellos intervengan para resolver el conflicto. Incluso los jueces podrían volver a convocar a las partes a una audiencia. De hecho, esa posibilidad sobrevoló la charla que mantuvieron Francos y Jorge Macri en Parque Patricios. En la cúspide de la jefatura porteña pretenden llegar a esa eventual instancia en la Corte con un acuerdo político ya cerrado con Milei.

En el Palacio de Hacienda manejan la cuestión bajo un fuerte hermetismo. LA NACION hizo reiteradas consultas a Caputo para conocer si piensa o no cumplir con el pago del 2,95 que establece la Corte en la medida cautelar, pero hasta el momento no respondió. En los despachos oficiales repiten como un mantra el eslogan que patentó Milei para justificar su plan de ajuste: “No hay plata”. Eso sí: altos funcionarios de la Casa Rosada se muestran proclives a escuchar el reclamo de la Ciudad y encontrar una vía para solucionar el conflicto y cumplir con el fallo.

En la cúpula gubernamental prefieren ser cautos porque Milei afronta una batería de reclamos de los gobernadores, quienes se quejan por el recorte de fondos que implicó la reforma de Ganancias de Massa en plena campaña -una medida celebrada y apoyada por los mandatarios del PJ- o la decisión del Presidente de disminuir “al mínimo” de las transferencias discrecionales a las provincias” o paralizar la obra pública. El DNU y la ley ómnibus profundizaron las diferencias.

En la Casa Rosada, sobre todo, remarcan que deben hacer equilibrio a la hora de abordar el caso porteño para no detonar el vínculo con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien también reclama al Estado nacional por el reparto de la coparticipación. “Aportamos casi el 40% de la coparticipación, recibimos poco más del 20%”, lanzó al asumir su segundo mandato.

Días atrás, en una entrevista con LA NACION, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, reconoció que el caso de la Ciudad genera inquietud en el Ejecutivo. “Son pequeñas bombas de tiempo y riesgo. Es una preocupación, pero creo que tenemos tiempo”, dijo.

Entre los funcionarios que más frecuentan a Milei deslizan que será difícil para el Gobierno restituir los fondos que reclama la Ciudad por la situación de emergencia económica. “Hay que esperar la conversación con la Ciudad. Si hay un fallo de la Corte, se va a cumplir. Pero la provincia también está con dificultades”, grafican en Balcarce 50. En la tropa libertaria en territorio porteño apuestan a que el Presidente no cumplirá ahora con la solicitud de la Ciudad. Lo analizan en la lógica del toma y daca: sostienen que Jorge Macri no podrá comprometer a diputados de Pro para ayudar a Milei a aprobar sus reformas en el Congreso.

Otra negociación

La pelea por los fondos coparticipables no es el único asunto que Jorge Macri planea dirimir con Milei. A corto plazo deberán discutir los términos del traspaso de los juzgados nacionales a la Ciudad que incorporó el Presidente en su megaproyecto de ley ómnibus. En Uspallata celebraron esa decisión de Milei y dejan entrever que pedirán que la Nación transfiera los recursos si avanza con el traspaso. “Esto es una deuda pendiente desde que se sancionó la reforma constitucional en 1994″, indicaron fuentes oficiales a LA NACION.

Además, aspiran a “completar las transferencias de competencias pendientes” y lograr una autonomía plena de la Ciudad. Por caso, Jorge Macri quiere que Milei le transfiera el Puerto de Buenos Aires, la terminal de ómnibus de Retiro, la Inspección General de Justicia y el fuero laboral. La negociación está abierta.

Claves del conflicto

• La disputa se originó después de que Fernández recortara los fondos de la Ciudad con el argumento de que Macri le había transferido un excedente de coparticipación a Larreta cuando traspasó la Policía Federal a la órbita del gobierno porteño, en 2016. En ese momento, Macri subió el coeficiente de la Capital del 1,4% al 3,75%. Luego, se redujo al 3,5% con el pacto fiscal de 2017.
• El 10 de septiembre de 2020, Fernández le quitó por decreto un 1,18%. Después lo redujo al 1,14% cuando el kirchnerismo aprobó por ley un nuevo esquema de financiamiento de la Policía porteña. En esa normativa, Fernández añadió que, para solventar los gastos que implicaba el traspaso de la Policía, la Nación le transferiría una suma predeterminada que cada año se incluye en el presupuesto nacional.
• Larreta recurrió a la Corte. El 21 de diciembre de 2022, los jueces, por unanimidad, dictaron una medida cautelar a favor de la Ciudad. Ordenaron que Fernández le transfiera el 2,95% hasta resolver la cuestión de fondo. La Capital aporta a la masa coparticipable entre el 22% y el 25% del total y ahora percibe el 1,4%.

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