El Gobierno abre una auditoría sobre la gestión de Laura Alonso
LA NACIONMaia Jastreblansky
El Gobierno hará una auditoría sobre todas las compras y contrataciones realizadas por la gestión de Mauricio Macri para la Oficina Anticorrupción (OA), que comandó Laura Alonso, una de las exfuncionarias que más activamente se involucraron en las investigaciones contra el kirchnerismo por corrupción.
La decisión se tomó a raíz de un pedido que el actual titular de la OA, Félix Crous, le hizo a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el organismo de control interno del Estado que realiza auditorías periódicas en todas las dependencias del Gobierno.
Crous informó que detectó "una serie de irregularidades" en contrataciones de servicios y compras para la Oficina Anticorrupción y desde la Sigen ordenaron realizar una auditoría especial e integral, que estaría lista dentro de un mes.
La decisión se tomó en las últimas horas en una reunión que en las oficinas de la Sigen mantuvo Crous con el síndico General de la Nación, Carlos Montero -amigo y hombre de confianza de Alberto Fernández- junto con los síndicos adjuntos, Irma Miranda y Máximo Borzi De Lucía.
En la Oficina Anticorrupción y en la Sigen no quisieron brindar detalles de la investigación.
Sin embargo, según pudo conocer LA NACION, en el Gobierno pusieron la lupa sobre presuntos trabajos de consultoría que habrían sido brindados a la OA durante la gestión anterior.
Alonso es una de las exfuncionarias más apuntadas por el kirchnerismo duro, porque bajo su gestión, la OA se constituyó como querellante en decenas de causas vinculadas a la corrupción de la gestión de los Kirchner
Informe de TV y hackeo
Un informe del canal C5N que trascendió en los últimos días reveló mails internos de personal de la OA que hacían alusión a una persona que figuraba como "capacitador de arrepentidos" y a una empresa que analizó cables de WikiLeaks.
Cerca de Alonso revelaron que existió un "hackeo" de los correos de una empleada y que evalúan realizar una denuncia judicial porque podría tratarse de una intromisión ilegal en la correspondencia.
Entre los mails que trascendieron periodísticamente figuran averiguaciones sobre "los honorarios y la modalidad de contratación" de una persona de apellido "De Luca" que en el correo figura como "capacitador sobre arrepentidos".
Esos correos también exponen que en poder de la OA habría estado un informe realizado por la firma QL con análisis sobre los cables de los WikiLeaks.
La Justicia, en tanto, investiga una denuncia por contratos para la OA de los consultores Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giudice durante 2017 y 2018, por un monto mensual de $44.000 y $38.500, respectivamente, para "tareas de comunicación estratégica".
Actualmente esos contratos son investigados por el juez federal Sebastián Casanello y por el fiscal Carlos Stornelli, quienes todavía no llamaron a indagatorias y que aguardan un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Consultados por LA NACION, cerca de Alonso aseguraron que "QL no fue contratada para realizar ningún tipo de servicio para la Oficina Anticorrupción" y que tampoco "ningún Sr. De Luca fue contratado para brindar ningún tipo de capacitación en relación a la figura del arrepentido".
Respecto a los contratos bajo la lupa de la Justicia, informaron que "Facundo Sosa Liprandi prestó servicios para asistir en la coordinación de la comunicación institucional, mientras que Giudice prestó servicios para el diseño de contenidos de redes sociales, ambos bajo la modalidad de locación de servicios".
A su vez, agregaron que la Oficina Anticorrupción no tenía capacidad de contratar, sino que lo hacía el Ministerio de Justicia.
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