El gobernador de Mendoza impulsa una reforma judicial porque los fallos están marcados por la “grieta política”

MENDOZA.- El gobernador mendocino Rodolfo Suarez (UCR) activó un plan de reforma de la Corte de Justicia provincial que deberá aprobar la Legislatura a raíz de una marcada “grieta política” en los fallos judiciales.

La jugada oficialista consiste en poner en marcha un “colegio de jueces”, eliminando las dos salas y sorteando las causas, con el objetivo de evitar el “forum shopping”, en referencia a la elección del foro más conveniente, y “transparentar” el funcionamiento del máximo órgano judicial de la provincia, compuesto por 7 miembros.

La iniciativa ya genera controversia, principalmente en las filas justicialistas. Es que el peronismo tiene mayoría de ministros afines en la Sala II, dedicada a lo penal y laboral. Curiosamente, allí, donde hay tres jueces, ingresa el 75% de los expedientes, lo que inquieta al Ejecutivo local, sobre todo cuando se presentan causas contra el Estado o sobre situaciones espinosas. Además, con la iniciativa, pasaría a tener poder de decisión el presidente de la Corte, un funcionario de extracción radical, al igual que el gobernador, más allá de las instancias plenarias, que también son motivo de polémica, porque ahí ya suele imponerse la voluntad del oficialismo.

Suarez pretende que la Corte se desempeñe de ahora en más como un tribunal colegiado o colegio de jueces en relación con todos los casos que ingresan al máximo tribunal provincial. De esta manera, desaparecerían la Sala I (Civil y Comercial), integrada por Julio Gómez, afín al peronismo, y por María Teresa Day y Pedro Llorente, vinculados al radicalismo; y la Sala II (Penal y Laboral), compuesta por los filoperonistas, Mario Adaro y Omar Palermo, y José Valerio, de extracción radical. Desde hace tiempo, los ojos del Gobierno se abrieron porque los abogados litigantes aguardan que esa sala se encuentre de turno, la segunda quincena de cada mes, para interponer las demandas, en cuanto a acciones procesales administrativas o planteos de inconstitucionalidad. Por eso, el Ejecutivo intenta poner fin al conocido “forum shopping”, la maniobra para especular qué sala es la más conveniente para los intereses de quien demanda y así obtener un fallo favorable.

La misión oficialista es terminar con “esta estructura burocrática y rígida y que las causas sean asignadas por sorteo a distintos miembros de la Corte, como también las causas de competencia originadas de la Suprema Corte de Justicia”, indican en el Ejecutivo local. Además, si uno de los ministros no puede participar en un determinado proceso, la iniciativa contempla que se realice inmediatamente un nuevo sorteo, a fin de no suspender el acto jurisdiccional.

Una alta fuente de la Justicia provincial, vinculada al justicialismo, se mostró en desacuerdo con la iniciativa. “La primera conclusión es que se trata de un problema de la política. Es una ley que atrasa; es vieja hasta en los términos y el modelo de gestión. Podrían haber hecho el cambio sólo para lo administrativo y constitucional, no con lo penal y laboral. Además, oculta sotovoce la hegemonía de la mayoría. Es una ampliación de la impunidad. Ahora vienen las causas penales de ellos”, expresó a LA NACION uno de los más reconocidos exponentes de los tribunales locales, afín al peronismo.

Por lo pronto, el proyecto ya está en manos de los legisladores, por lo que se espera un debate caliente, aunque el oficialismo Cambia Mendoza tendría los votos necesarios para avanzar.

El plan de Suarez, con impulso del subsecretario de Justicia, Marcelo D’ Agostino, y el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, hace mención a las modificaciones del sistema judicial comenzados por su antecesor Alfredo Cornejo, expresidente de la UCR nacional, para “adaptar el funcionamiento de la Justicia a la realidad que se vive en la provincia”, indicaron desde el Gobierno provincial. De acuerdo con fuentes del oficialismo, se pretende otorgarle instrumentos al alto tribunal para que pueda “desempeñar con mayor celeridad, transparencia y eficacia el servicio de Justicia que los ciudadanos merecen y reclaman”. En esto, ponen en valor el “ejemplo” que significa Mendoza para el resto del país con la oralidad en los procesos, los juicios por jurado y la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales.

“Resulta conveniente, luego de varios años de aplicación de este modelo, que ha acreditado su éxito, avanzar en la reforma del último estrato en la organización del Poder Judicial, es decir en la organización, gestión y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Esto se logrará mediante la modificación de la Ley 4969, la cual rige desde 1984″, señala el mandatario provincial en los fundamentos del proyecto. “De esta forma, que todos los miembros del alto tribunal, incluido el presidente, que hoy no cumple función jurisdiccional, entiendan en las causas de todos los fueros, sumando a la equitativa distribución del trabajo, mayor celeridad en las resoluciones y un juez siempre presente para intervenir en la resolución de las causas y dándole a todo el procedimiento mayor transparencia”, sostiene el Ejecutivo en los argumentos del proyecto.

“Más allá de sus responsabilidades administrativas, se busca que los magistrados tengan similar función y carga de trabajo. Esto responde a las estadísticas que se desprenden del relevamiento realizado sobre las causas ingresadas desde 2018 a junio de 2022. Allí se observa que 75% de las causas que ingresan anualmente al tribunal están destinados a la Sala II, es decir, a solo tres de sus integrantes, lo que implica un gran desequilibrio en el funcionamiento y el trabajo”, indicaron desde el Gobierno provincial para justificar el envío del proyecto.

Asimismo, hicieron hincapié que en la actualidad, cada una de las salas jurisdiccionales está integrada por tres jueces, por lo que el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, permanece eximido de funciones en ellas, salvo los casos excepcionales de subrogancia y plenos. “Hoy propongo revisar, toda vez que la asignación de materias por sala ha generado una desproporción de trabajo que ha afectado el correcto y esperado funcionamiento del cuerpo e incluso ha llevado a un uso cuestionado del sistema de asignación de causas originarias”, expone Suarez en el escrito enviado a la Casa de las Leyes.

Por último, sobre las causas donde se evoque un derecho colectivo o se plantee la inconstitucionalidad normativa, el proyecto estipula para estos casos la participación de todos los miembros del tribunal para que sea la Corte en pleno la que decida.

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