El futuro del DNU | El bloque de Miguel Pichetto se suma al reclamo a Martín Menem para que conforme la Comisión Bicameral
Diputados de Hacemos Coalición Federal preparan un pedido formal al presidente de la Cámara, en sintonía con el planteo del radicalismo
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LA NACIONLaura Serra
Los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados suman presión para que el presidente del cuerpo, Martín Menem, designe a los miembros que deben integrar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de revisar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo. Entre ellos, el decreto 70/23 que el presidente Javier Milei dictó, a fines del año último, para desregular la economía.
Además del radicalismo, el bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Pichetto, reclamará a Menem que constituya la Comisión Bicameral lo antes posible, ya que el Congreso está en mora en su deber constitucional de revisar los decretos presidenciales. Al tratarse de una comisión permanente –es decir, que debería funcionar todo el año, aun durante el receso de sesiones ordinarias-, la mora ya lleva dos meses.
Está claro que la estrategia del oficialismo es demorar el debate y ganarle tiempo al megadecreto; mientras el Congreso no se pronuncie al respecto, su vigencia seguirá firme. Solo si ambas cámaras lo rechazan de manera expresa, éste queda derogado. El oficialismo teme que su DNU –que incluye 366 artículos y contempla reformas políticas, laborales y sociales- sea desguazado por el Congreso; desconfía de los bloques de oposición dialoguista, en particular de la UCR y de Hacemos Coalición Federal, a los que acusó de “traidores y delincuentes” al responsabilizarlos por el fracaso de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, la semana pasada.
La discusión sobre el futuro del DNU promete agitar aún más las aguas. El lunes pasado el radicalismo le reclamó a Menem que constituya “con urgencia y sin más demoras” la Comisión Bicameral correspondiente.
“Si el gobierno anterior se aprovechó de su mayoría para bloquear el funcionamiento de la Comisión durante dos años, asistimos hoy a una nueva degradación institucional en la que este gobierno ni siquiera la constituye”, argumentaron los legisladores radicales encabezados por el senador y jefe de la UCR, Martín Lousteau, el titular de la bancada de diputados, Rodrigo De Loredo y su par del Senado, Eduardo Vischi.
En el radicalismo hay diferencias internas sobre cómo abordar el DNU una vez que se trate en la Comisión Bicameral. Los más críticos proponen abordarlo por capítulos, es decir, aprobar unos y rechazar otros. En cambio, la diputada Pamela Verasay, mendocina que responde sin cortapisas al gobernador Alfredo Cornejo, marcó distancia de esta postura.
“Muchas de las reformas planteadas al DNU del gobierno fueron trabajadas por el radicalismo”, alegó, en un claro mensaje hacia los colegas de su bloque enrolados en la oposición al Gobierno. “El rechazo completo huele más a capricho que a convicción. Quedarnos con el mismo discurso que el kirchnerismo no solo es errado, sino que también va en contra de las demandas que nos plantearon nuestros votantes”, aleccionó.
Al coro de reclamos para que se constituya la Comisión Bicameral se suman los legisladores de Hacemos Coalición Federal. “No existen motivos para la dilación de las responsabilidades que nos corresponden”, advirtió la diputada Margarita Stolbizer, quien reclamó que ni bien se integre la Comisión Bicameral, ésta se ponga en marcha de inmediato.
Esta tarea le corresponde a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien si bien ya formalizó la designación de los ocho miembros de ese cuerpo –la comisión cuenta con 16 integrantes-, viene esquivando la discusión del DNU en el recinto, pese a los reclamos airados del kirchnerismo.
El argumento perfecto
En la Cámara de Diputados, en tanto, Menem encontró el argumento perfecto para demorar la designación de los ocho miembros que corresponden a este cuerpo. Los bloques ya presentaron sus postulantes, pero un entredicho con Unión por la Patria impide que se complete su integración. En efecto, el bloque que conduce Germán Martínez reclama para sí cuatro representantes, pretensión que el oficialismo rechaza.
“De acuerdo a la cantidad de integrantes de su bloque (99) sobre el total de la Cámara (257) le corresponde el 38,52 por ciento de representación –expresó Menem por nota dirigida a Martínez-. Ese porcentaje sobre ocho integrantes implica la cantidad de 3,08″. Y remarca: “Su bloque en ningún caso puede pretender la integración de cuatro diputados, ya que implicaría arrogarse el 50% de representación”.
Acto seguido, el presidente de la Cámara baja advirtió que si el bloque de Unión por la Patria insiste en su postura, él mismo elevará la nómina correspondiente con tres integrantes, en lugar de cuatro. Es la actitud que adoptó Villarruel en el Senado en diciembre pasado, cuando el kirchnerismo intentó lo mismo.
El jefe de la bancada peronista kirchnerista calificó de “chicanita” la actitud de Menem quien, sostuvo, demoró deliberadamente la conformación de la Comisión Bicameral pensando que, mientras tanto, iba a aprobarse la ley ómnibus en el Congreso. “Imaginó que [con la ley aprobada] iba a tener un mejor respaldo para sostener el DNU. Pero ahora que se cayó la ley, tambalea el mega decreto”, advirtió Martínez en declaraciones radiales.
El tema preocupa al oficialismo, ya que en el Senado el bloque de Unión por la Patria está a cuatro votos del quorum (37 voluntades). En la Cámara de Diputados, si bien está lejos de la mayoría, hay sectores de la oposición dialoguista –entre ellos, el radicalismo- que propondrán que se desglose el DNU para discutirlo por capítulos. Esta posibilidad hoy está vedada por la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia.
Uno de los puntos más conflictivos que contiene el DNU es el capítulo laboral, que quedó suspendido por la Cámara del Trabajo a instancias de un amparo presentado por la CGT. La reforma incluye la extensión del período de prueba de tres a ocho meses; la reducción de las indemnizaciones y limitaciones para la realización de huelgas. Además, establece que las empresas no están más obligadas a ser agentes de retención de la cuota sindical de sus empleados y que estos deberán dar su consentimiento para que se les descuente de su salario el porcentaje de la cuota gremial.
Entre los puntos más polémicos del DNU figuran, también, la derogación de la ley de alquileres; la liberación de las cuotas que cobran las empresas de medicina prepaga y una serie de desregulaciones que impactan en las compras con tarjetas de crédito, entre ellas la eliminación del tope al interés punitorio por demoras en el pago.
Por Laura Serra
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