El Frente de Todos pide suspender los acarreos en la Ciudad hasta que se apruebe una nueva licitación: “Frenemos el negocio de las grúas”

El bloque de legisladores porteño del Frente de Todos presentó este martes un proyecto de ley para inhabilitar la utilización de las grúas de las empresas concesionarias Dakota y BRD hasta que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no realice una nueva licitación. La iniciativa tiene lugar luego de que se difundiera un dato revelador: el Estado le cobra a ambas compañías, que ejecutan el acarreo de autos en la ciudad de Buenos Aires hace más de 30 años, apenas $55.000 por mes.

“Frenemos el negociado de las grúas”, indicó el legislador porteño Juan Manuel Valdés en una publicación de su cuenta de Twitter, en la que adjuntó una imagen con los primeros artículos del proyecto. En uno de ellos, además, se le exige al gobierno porteño que “arbitre los medios necesarios para garantizar el acarreo de los vehículos que obstaculicen las rampas, plazas de estacionamiento o cualquier otro espacio destinado a la accesibilidad de personas con discapacidad”.

El dato que recoge la oposición a Rodríguez Larreta fue revelado por el auditor general de la Ciudad, Juan José Calandri, quien en declaraciones a Radio Urbana Play indicó que tanto Dakota como BRD tienen las concesiones vencidas desde hace más de 20 años y que el canon que le pagan al Estado se encuentra congelado desde 2014.

“Pagan $55.000 por mes, un monto realmente irrisorio, ya que es el promedio que se paga por un departamento de tres ambientes en la Ciudad”, señaló el funcionario, quien también es integrante de la Coalición Cívica. Y enfatizó en que es ”inentendible” la relación entre el canon que abonan las empresas y la tasa de acarreo que pagan los ciudadanos, cuyo número sí aumentó en varias oportunidades a lo largo de la última década.

“En el 2014, la tasa de acarreo era de $300 y hoy está en $6.525″, precisó Calandri. En ese sentido, aseguró que, si se tiene en cuenta que durante 2021 hubo 125.000 acarreos (345 por día), la facturación de ambas empresas concesionarias alcanzó el monto total de $547 millones, cuando el gobierno porteño recibió, en ese mismo período, apenas $1,3 millones de esos fondos: el 0,2% del total.

“Supuestamente se está elaborando un nuevo pliego. Esperamos que esa licitación pública se termine de adjudicar para resolver esta situación que es realmente inentendible”, insistió el auditor general porteño, al tiempo que subrayó “la importancia” de que las concesiones tengan preestablecidas un sistema de actualización del canon para que “la ecuación económica del contrato sea razonable”.

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