El fiscal Luciani denunció que Cristina Kirchner creó un canal ilegal y secreto de pagos para Lázaro Báez

Al finalizar el quinto dia de alegatos en el juicio de Vialidad, el fiscal Diego Luciani afirmó que Cristina Kirchner, siendo presidenta, dispuso la creación de un canal de pagos ilegal, preferencial y secreto, para abonar de manera anticipada las obras que realizaban las empresa de Lázaro Báez y denunció que la perito de la vicepresidenta basó sus conclusiones acerca de la inexistencia de sobreprecios en las obras públicas analizadas en trabajos de alumnos universitarios.

Luciani retomará el alegato el próximo viernes, cuando se analizarán también los planteos de recusación en su contra y contra el juez del tribunal Rodrigo Giménez Uriburu efectuados por la vicepresidenta, a los que se sumaron las defensas de Julio de Vido, Báez y Nelson Periotti, extitular de Vialidad Nacional.

El canal de pago preferencial al que aludió Luciani es la resolución 899/2010, dictada en mayo de ese año, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Esa norma permitía pagos anticipados a los contratistas con la sola determinación de Periotti por causas de fuerza mayor, como inundaciones, terremotos, nevadas. Fue dictada, dijo Periotti, tras un alud que dejó tres muertos en Comodoro Rivadavia por un deslizamiento de tierras.

Pero Luciani analizó su uso y entendió que el alud fue en febrero, la resolución se dictó en mayo de ese año y que nunca se invocó el alud para su dictado. Dijo que esa resolución en cambio fue utilizada para pagar de manera anticipada a la empresas de Báez en 1317 casos, mientras que el resto de las empresas la usaron en seis, cinco y una ocasión.

“Esta maniobra servía para crear un canal preferencial de pago y darle trámite prioritario a los pagos de Lázaro Báez por sobre otros contratistas, porque Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Crisitna Kirchner”, dijo Luciani. Mencionó además que se utilizó la tragedia del alud para justificar el dictado de esta norma que en realidad ocultaba una maniobra para darle apariencia de legalidad a los pagos que se efectuaban a las empresas de Báez.

“No hay límites, la realidad fue otra: se usó la tragedia, las alusiones de Periotti al alud no fueron más que excusas para crear este canal exclusivo de privilegio de pagos y por eso buscaron esta tragedia como excusa”, enfatizó.

Luciani dijo que la resolución 899/2010 nunca se publicó en el Boletín Oficial ni en ningún otro canal oficial, que la Cámara Argentina de la Construcción la desconocía, que los empresarios que declararon como testigos dijeron que no sabían de su existencia y que si lo hubieran sabido habrían festejado con algarabía.

“Con esta resolución se creó una herramienta para que ningún funcionario de menor jerarquía obstaculizara esta decisión de los jefes de la asociación ilícita”, que según la acusación son Néstor y Cristina Kirchner, continuó Luciani. Y reiteró: “Este privilegio es porque Lázaro Báez era Néstor Kirchner y era Cristina Fernández”.

La perito de Cristina Kirchner

Antes de esta referencia al canal exclusivo para pagar a Báez, Luciani analizó los peritajes realizados por los expertos de las defensas y de la fiscalía. Se detuvo en el análisis que realizó la perito de parte de Cristina Kirchner, Alejandra Alperovich, y lo criticó con dureza.

Dijo que la especialista no tenía experiencia en cálculos de presupuesto de la obra pública y que entre la bibliografía en la que basó las conclusiones de su trabajo sobre la inexistencia de sobreprecios se cuentan tesis universitarias de alumnos de universidades de Perú, Guatemala o Medellín, que no se sabe siquiera si fueron aprobadas o si podrían tener el rigor académico necesario como antecedente de un peritaje judicial tan complejo como este. Mostró las caratulas de esos trabajos.

Indicó además que la especialista faltó a 16 de las 30 reuniones de peritos que se efectuaron para analizar las conclusiones que se expusieron en el tribunal y que Alperovich justificó esas insistencias en que se había ido de vacaciones o había tenía cita con el médico.

Dijo que las conclusiones de Alperovich fueron la combinación de su inexperiencia y desaciertos, sus ausencias y la utilización de bibliografía de dudosa rigurosidad académica, “lo que selló su labor pericial con serias inconsistencias”. Habló de su grado de desorientación y de falta de credibilidad en sus conclusiones.

Párrafo aparte le merecieron para el fiscal Luciani la actuación de los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF), que pidieron la absolución de la vicepresidenta y del resto de los acusados. Nuevamente los dejó al descubierto. Dijo que rara vez la fiscalía tiene que contestarle a una parte acusadora como debería ser la UIF (que depende del Poder Ejecutivo) y que en general su trabajo es responde a las defensas.

Pero indicó que en este caso era necesario contestarle al abogado Leandro Ventura de la UIF. Dijo que se sumó a último momento, que no lo vio en la instrucción ni en los tres años que lleva el juicio y descalificó sus conclusiones, Sostuvo que Ventura había dicho que para entender las conclusiones del perito de la fiscalía había acudido a consultas con profesionales de la materia.

“La información sobre la que se basó el doctor Ventura para solicitar la absolución fue la consulta con algún profesional y esto nos lleva a preguntarnos quién asesoró al doctor Ventura, que título tenían estos profesionales para emitir opiniones y juicios sobre un peritaje que llevó 10 meses, y qué constancias dejaron de su intervención. “¿Con que profundidad conocían los 100 cuerpos de la causa y las toneladas de documentos relevantes. ¿Quién les dio acceso a esa prueba? ¿Qué vieron? ¿De cuánto tiempo dispusieron? Todo eso lo desconocemos”, dijo la fiscalía.

“La UIF no contempló cómo la administración pública benefició de manera impropia a Lázaro Báez, avasallando los principios de igualdad con pagos anticipados, creados a la medida de Lázaro Baéz”, concluyó

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