El fiscal general de La Plata apeló a la Cámara de Casación para que reabra la causa contra Julio “Chocolate” Rigau

LA PLATA.- El fiscal general Héctor Vogliolo presentó hoy el recurso de casación contra el fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata que declaró nula la causa abierta contra Julio “Chocolate” Rigau.

Vogliolo se apoyó en el argumento del juez Fernando Mateos -que votó en disidencia, por mantener abierto el caso- para recurrir el fallo mayoritario de la Sala III de la Cámara de Apelaciones.

Mientras se tramita este recurso, la UFI°2, a cargo de la fiscal Betina Lacki, intentará que el juez Federico Atencio avale que el caso siga adelante con nuevas medidas de prueba.

La nulidad de la instrucción penal preparatoria abierta contra Rigau por el supuesto delito de defraudaciones reiteradas fue dispuesta hace una semana, con los votos de Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, que sostuvieron que estuvo viciada la actuación policial en el Banco Provincia de 7 y 49, que dio inicio a esta causa.

Los dos camaristas hicieron lugar al planteo de la defensa de Rigau respecto de que “la policía injustificadamente se entrometió en su privacidad sin justificar comportamiento delictivo alguno por parte de nuestro asistido, dando origen a la presente investigación violentando garantías constitucionales como ser la libertad ambulatoria, privacidad y debido proceso”.

En cambio, Mateos opinó en disidencia que “en el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial”.

“El estrépito social o el desconcierto y descrédito para el común de la gente que (...) implicaría sellar la suerte de una investigación que razonablemente podría relacionarse con la Convención Interamericana contra la Corrupción () y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (), que, entre otros criterios y en lo que cuenta, mandan asegurar la eficacia de medidas y acciones para -en su caso- sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio (), y adoptar las medidas que sean necesarias para proceder efectivamente al enjuiciamiento y el fallo de los delitos relacionados con la corrupción”, argumentó Mateos.

Vogliolo se apoyó en este voto en minoría para presentar su recurso en un plazo inferior al establecido por la ley que fija siete días para presentar la reserva y veinte días para elevar el recurso al tribunal de alzada.

Casación deberá sortear en cuál de las salas recae la apelación presentada este mediodía por el Fiscal General de La Plata. Una vez sorteada la sala no hay plazo establecido por la ley para que el Tribunal se expida. En tanto, será el juez Atencio quien tendrá potestad para resolver si la fiscal puede seguir investigando mientras el fallo está recurrido.

En caso que Atencio interprete que el fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones es sin efecto suspensivo la Fiscal Betina Lacky puede continuar. Pero si determina que es con efecto suspensivo no tendrá más que esperar a que Casación dictamine sobre la constitucionalidad del fallo.

En caso que el juez haga lugar la fiscal podría avanzar con las pericias del teléfono del puntero político y otras medidas como continuar con las declaraciones de los testigos.

La fiscal le envió a Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, un oficio la justicia el 11 de septiembre último para que detalle sobre los cargos, contratos o empleos de los 45 titulares de las tarjetas de débito halladas en poder de Julio Rigau.

Solo un puñado de los 45 empleados de la Cámara de Diputados titulares de las tarjetas de débito halladas en poder de Julio Rigau llegó a declarar ante la Unidad Funcional de Instrucción N°2.

Los titulares de los 45 plásticos hallados en poder de Rigau son: María Eugenia Rodriguez; Damián Lucas Lucero; Oscar Vrcic; Ramón Sosa, Ezequiel Tocci; Maximiliano Rigau; Paula Valdata; Carlos Ravaetllat; Graciela Anivarro; Lourdes Degollada; Esrnesto Crivaro; Marisol Correa; Flavia Dirrosa; Daniel Mederos; Patricia Pietro; Sheila Maroni; Raúl Boragina; Mabel Alvear; Ricardo Sánchez; Cecilia Raimondo; Aldana Rodriguez; Arturo Falcón; Diego Berón; Enzo Plana; María D Ovidio; Rosana Delgado; Agata Plana; Juan Vallejos; Silvia Ramos; Diego Koster; Brenda Caro; Raúl Folone; Ricardo Gonzalez; Ramiro Pascal; Ricardo González; Mendivil Rubén; Silvia Perez; Degollada María; Gerardo Rigau; Malmacena Dilia; Pecile Matías; Alvaro Abra; Juan Martín Menéndez y José Daponte.

LA NACION informó ayer Rigau y nueve de estas personas aparecerían en las listas de aportantes del Frente Renovador en 2013.

La mayoría de los que ya prestaron testimonio ante la justicia dijeron haber entregado voluntariamente el plástico a Rigau para que les cobre el sueldo. Pero no todos: Ezequiel Tocci relató que le ofrecieron ser asesor en la Cámara de Diputados. No recordaba asesor de quién. Pero sí recordaba que enero de este año le llegó una tarjeta de débito a la casa. Poco después le informaron que el contrato finalmente no lo habían firmado así que no iba a salir su empleo. Luego le pidieron devolver la tarjeta de débito.

El testigo afirmó que entregó la tarjeta de débito -secuestrada luego a Rigau- en la Cámara de Diputados de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires los primeros días de enero.

La misma tarjeta fue hallada en septiembre en poder de Rigau, mientras extraía dinero de un cajero automático del Banco Provincia. Su testimonio consta en la Investigación que se abrió ante la sospecha de “defraudaciones reiteradas -177 (ciento setenta y siete) hechos consumados y 45 (cuarenta y cinco) tentados, todos en concurso real, que fue declarada nula jueves 21.

La fiscal, además, liberó oficios a la gerencia del Banco Provincia para tener los videos de la sucursal entre los días 5 y 9 de septiembre. Y detalles de los movimientos de los titulares de las cuentas.

La presidencia de la Cámara de Diputados envió los legajos de los 45 titulares de las tarjeteas de débito. De allí surge que serían varios los bloques políticos que participaron de los nombramientos. Y que los empleados no fueron contratados este año.

En tanto el recurso para intentar re abrir la causa se tramita en los tribunales penales este mediodía hubo una manifestación frente a la Legislatura de la provincia en contra de los “ñoquis” y la “caja negra” convocada por el Frente de Trabajadores de Izquierda.