El fin del pacto de silencio: un clima de paranoia por los “arrepentidos” que complican a Milagro Sala

SAN SALVADOR DE JUJUY.- (Enviado especial) La casa de Milagro Sala en el barrio Cuyaya, a minutos del centro de esta ciudad y donde cumple arresto domiciliario, es fácilmente reconocible. El jueves, en la vereda hay un ruidoso grupo electrógeno y un enjambre de cables y dispositivos que facilitarán la conexión a internet en esta vivienda, ubicada en Gordaliza 1711. La puerta de rejas que da a la vereda está abierta, y también la puerta de acceso a la casa, para permitir el ingreso de los cables de este equipo que, dicen quienes frecuentan la vivienda, provee el Poder Judicial jujeño.

La casa de Sala es de las más cuidadas de la zona. De dos pisos y terraza, tiene rejas negras, aleros de tejas y puertas de madera. Las medianeras están decoradas con dibujos de cultura indígena. En la vereda de esa casa, uno de sus colaboradores declina con amabilidad la propuesta de charla entre Sala y LA NACION, al finalizar la primera jornada de un juicio que la dirigente kirchnerista siguió por videoconferencia y en el que se la acusa de pagar para que se destruyera un expediente en el que se la investigaba por un tiroteo. Señala que estuvo todo el día “muy dolorida” en su pierna izquierda y con problemas de presión.

En los últimos días, Sala sumó un juicio oral más a su foja judicial, en la que hay al menos una docena de causas con acusaciones por corrupción y violencia. A esos procesos se añadieron los testimonios de arrepentidos, que fueron parte de su entorno y denunciaron en sede judicial delitos de su exjefa. En la política jujeña, nadie descarta que puedan aparecer más declaraciones como las de la arrepentida Mirta “Shakira” Guerrero. Mientras tanto, en su casa de Cuyaya, la dirigente social purga una prisión domiciliaria que no se traduce en uniformes policiales y patrulleros frente a su morada, a la que concurren políticos del oficialismo nacional y otras visitas de ese mundo.

En una entrevista con LA NACION, el gobernador Gerardo Morales se mostró atento a la aparición de nuevos arrepentidos. “Dios quiera”, señaló. Una fuente que frecuenta a Sala dijo a este diario que “van a aparecer más porque les están ofreciendo a todos”. Es de los que sostienen que a Guerrero le ofrecieron dinero desde el gobierno, lo que la administración del radical Morales desmiente.

“Esto es una fuente inacabable”, dijo sobre los arrepentidos Marcelo Nasif, diputado provincial y aliado peronista de Morales. “Si hubo un Estado paralelo, también hubo un Estado cogobernante. Algunos de esos personajes están en una megacausa que todavía no ha empezado”, agregó.

Cerca de Morales confían en que algunos juicios sobre Sala se empiecen a desarrollar a la brevedad, como el del acampe que la Tupac Amaru realizó en la plaza frente a la gobernación en el inicio del gobierno del radical, y que le valía sala la detención, en enero de 2016. Fuentes del sector creen que podría realizarse el juicio oral en noviembre. Otro que esperan que avance es el de la escuela de Campo Verde (el gobierno inauguró una escuela en donde había una cancha de fútbol), en la que se la acusa de instigar a cometer una agresión contra trabajadores que se dirigían a esa obre en camión. Menores expectativas tienen con la llamada “megacausa”, otro expediente por fraude con viviendas, que salpica también al exgobernador Eduardo Fellner.

Sala sigue el juicio por la desaparición y destrucción del expediente judicial desde su casa, sentada en una silla de ruedas, aunque puede caminar. Fuentes de su entorno contaron a LA NACION que lo hace porque la silla le permite tener la pierna izquierda levantada y mitigar el dolor. Hace poco más de un mes, estuvo internada por una trombosis y recibió la visita del presidente Alberto Fernández, un gesto que todavía despierta bronca en el gobernador jujeño, quien sostiene que Sala debe cumplir la condena en una cárcel común.

Aunque cerca del gobernador y en otros sectores del oficialismo provincial ven casi extinguida a Sala como dirigente (“Si alguien quiere que le vaya muy mal en la elección, levante la bandera de la Tupac y póngase una foto de Miagro”, sostuvo Nasif), en su círculo de confianza subrayan que la política sigue entre sus principales intereses. Según pudo saber LA NACION, Sala delegó por completo en sus abogados lo judicial y mantiene su foco político. A su casa -con una custodia de efectivos de civil, según contaron cerca de Sala a LA NACION- llegan políticos y sindicalistas oficialistas.

“La Tupac sale al frente aún sin su líder, se sigue organizando. No se hacen tantas marchas, pero se marcha. Por ejemplo, en las aperturas de sesiones de Morales”, dijo a este diario un colaborador de la Tupac Amaru.

Cuyaya -donde Sala vive desde hace unos 20 años, según dicen vecinos y allegados- es un barrio tranquilo, al que se llega en pocos minutos desde la zona céntrica de San Salvador. Está en un sector de mayor altura que el área más comercial de la ciudad.

Entre los vecinos de Cuyaya, aparecen testimonios variados. Tanto para el elogio como para la crítica, los lugareños eligen el anonimato, o dar solo un nombre de pila. “Cuando estuvo como dirigente, fue violenta. Ahora vivimos tranquilos”, aseveró una vecina que prefirió no ser identificada.

Abel, otro vecino del barrio de Sala, afirmó a LA NACION que el panorama en el barrio “es normal” y que no vio “agresiones contra ella”. A una cuadra, un hombre defiende a capa y espada a Sala. Obsequia un libro que resume épocas mejores para la Tupac Amaru, llamado “Vamos por más” e indica: “Milagro malversó fondos, pero para ayudar a la gente”. Tampoco da su nombre. Le sale al cruce otro vecino: “Lo que dijo Shakira lo sabíamos todos. Era un desastre la provincia”.

A la casa de Sala llegó, a paso acelerado, su abogado Luis Paz el último jueves, tras el cierre de la primera audiencia del juicio por la destrucción del expediente del tiroteo conocido como “la balacera de Azopardo”. Por el tiroteo, Sala fue absuelta, pero se la juzga como presunta instigadora de esa eliminación de las fojas. En la primera jornada del juicio por el expediente destruido, Sala optó por no declarar. Uno de los testigos, el exempleado judicial Jorge Ruiz, declaró que fue presionado para comparecer en contra de Alberto Bellido, exabogado de la Tupac Amaru que es juzgado junto a Sala en el caso.

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