El extravagante gabinete de “no ministros” que arma Alberto Fernández

Era inevitable. La imagen de Alberto Fernández se ha ido delineando por su relación con Cristina Kirchner. En la campaña electoral y durante los primeros meses de gestión, apareció como un aliado capaz de mantener sus propios puntos de vista alrededor de muchos temas. Después comenzó a crecer el títere, alimentado a veces por sus propios fallidos: “Hice lo que me mandaste”, dijo, mirando a la vicepresidenta, en La Plata, el 20 de diciembre.

Entre uno y otro modelo anida, hipotético, el líder llamado a romper con su mentora. El gólem que se rebela ante su artífice. Autonomía, subordinación, tensión, pueden ser conceptos que iluminen un fragmento de la escena oficial. Pero también impiden advertir una dimensión importantísima del juego: el modo en que Fernández se conduce como funcionario, la manera en que administra. Allí hay comportamientos muy extraños, ajenos a la mujer que lo designó.

La salida de Marcela Losardo del Ministerio de Justicia es una ventana inmejorable para observar esa realidad. El lunes 1º, con su discurso ante el Congreso, el Presidente puso a la Justicia en el centro del debate público. Siete días después produjo en ese mismo campo un desaguisado que ahora le cuesta muchísimo resolver. Algunos observadores interpretaron que la embestida judicial había sido un ardid para superar el escándalo de los vacunatorios de privilegio. “Con lo de las vacunas tenía al 100% de la sociedad en contra. Con lo de la Justicia redujo ese frente a la mitad”, creyó ver un peronista sagaz como Joaquín de la Torre. Sobreinterpretaba. Fernández partió de las vacunas para escalar a una tormenta más intensa, generada por él mismo. Porque si la vacunación de privilegio puso en evidencia una asignación aberrante de prestaciones del Estado, el reemplazo de Losardo puso en evidencia cómo funciona el cerebro del Presidente cuando toma decisiones.

Un consenso perezoso determinó que a Losardo la echó la señora de Kirchner. Hay antecedentes por los que esa versión es verosímil. Solo verosímil. La ministra siempre estuvo bajo sospecha por haber sido funcionaria del gobierno de Mauricio Macri en el área de Derechos Humanos. También por haber mantenido en la cúpula del Servicio Penitenciario a Emiliano Blanco y Cristian Suriano, quienes fueron procesados el 19 de febrero pasado por el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, acusados de organizar el espionaje clandestino que llevaba la AFI de Gustavo Arribas sobre los exfuncionarios presos en el penal de Ezeiza. La vicepresidenta pronunció una desautorización explícita de Losardo cuando afirmó que el proyecto que había enviado al Congreso para modificar los tribunales no merecía el nombre de reforma judicial. Por esta y otras razones, es posible que haya celebrado el alejamiento de la funcionaria. Pero de eso no se deduce que pidió su cabeza.

La hipótesis de la expulsión por orden de Cristina Kirchner, además de basarse en muy poca evidencia, oculta un aspecto muy interesante de ese movimiento. Losardo se fue, como dijo el Presidente, porque estaba agobiada. Y decidió alejarse después del ardiente alegato de la señora de Kirchner ante el tribunal de Casación. Si, a raíz de esta salida, Alberto Fernández quedó expuesto como un títere de su vicepresidenta, no fue por su vicepresidenta. Fue por Losardo. La ministra demostró tener un límite que él no encuentra.

El factor Cristina Kirchner oculta otro rasgo inquietante del proceso que tiene poco que ver con ella: el estilo de su pupilo para encarar la encrucijada. Fernández protagonizó una escena inédita. Cuando se esperaba una entrevista en la que diera precisiones sobre sus reformas judiciales, se dedicó a explicar a Gustavo Silvestre que esa área estaba en crisis porque la ministra lo estaba abandonando.

Después aclaró que Losardo dejaría el gabinete siempre y cuando le consiguiera un reemplazante. Enseguida, maquillado y con un audífono en la oreja, se puso a examinar alternativas. Habló de Ramiro Gutiérrez y de Martín Soria. En el caso de Soria aclaró que no es tan kirchnerista como se lo supone porque su hermana, María Emilia, había votado a favor del desafuero de Julio De Vido. Ese mérito de la intendenta de General Roca le valió un tuit de De Vido, quien, con una prosa yrigoyeniana, habló de la “miserabilidad inconmensurable” del Presidente. Por tratarse ese lunes del Día Internacional de la Mujer, Fernández batió un récord: echó por televisión a una ministra, especulando con reemplazarla por un varón, y le atribuyó a una exdiputada haber votado por orden de su hermano. La deconstrucción presidencial tiene para un rato.

La socia

La salida de Losardo puso en apuros a Fernández. Por eso la demora en encontrar al sucesor. Una razón es que la ministra está entre sus amigas más cercanas. Hay que recordar lo que el interventor en el yacimiento Río Turbio, Aníbal Fernández, reveló en 2010, hablando de la compra a precio vil de terrenos fiscales en El Calafate: “Las tierras las compraron un montón, porque Alberto Fernández, no sé si a nombre de él o de Marcela Losardo, que es su socia, también compró tierras y nadie dice nada”.

Además de la familiaridad, Losardo prestaba un servicio inigualable: hizo las veces de ministra para un área que se gerencia en otra parte.

Es evidente que las relaciones con la Justicia son una responsabilidad de Eduardo “Wado” de Pedro. El ministro del Interior ejecuta algunos de sus movimientos con su hermano, Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Coordinado con ellos actúa Juan Martín Mena. Los tres están alineados con Cristina Kirchner desde el primer día. Por eso es razonable pensar que la salida de Losardo no fuera para ella un asunto urgente. Por eso para el Presidente es un inmenso desafío conseguir a un “no ministro”. Es decir, alguien que esté dispuesto a ocupar el cargo sin interferir en esa dinámica preexistente.

El mayor fastidio de Fernández no se originó en el alejamiento de su amiga. Él suelta la mano de sus allegados con llamativa facilidad: María Eugenia Bielsa, Alejandro Vanoli, Sergio Lanziani, Guillermo Nielsen, Ginés González García, se fueron en un trámite sencillo. “Te estoy cuidando”, le dijo a algunos de ellos. Salvo en el caso de González García, que dejó el lugar a su segunda, Carla Vizzotti, todos los demás fueron relevados por soldados de la vicepresidenta. En el entorno presidencial susurran que, si se repitiera el criterio de Salud, en lugar de Losardo iría el ultrakirchnerista Mena, bajo el estruendo del previsible banderazo.

Como se advierte, esta vez la operación es más compleja. La señora de Kirchner ya maneja los hilos del Ministerio. Hace falta identificar a un “no ministro”. El Presidente se mostró irritado frente a sus íntimos porque se lo quisieran imponer por los diarios. Aun así, a lo Meghan Markle, consideró en sus confesiones televisivas el nombre de Soria. Y el de Gutiérrez, sobre quien pesa un antecedente complicado. Fue, a pedido de Sergio Massa, el autor de la Ley del Arrepentido. Aprobada en 2006 a instancias del actual presidente de la Cámara de Diputados, esa norma es, para el kirchnerismo, la principal palanca del lawfare. La coalición gobernante está basada, sobre todo, en el olvido.

En la danza de nombres, ayer circuló también el de Marisa Herrera, integrante de la denominada “Comisión Beraldi” y autora de dictámenes que el Gobierno suele adoptar como propios. Por ejemplo, el del tribunal sobre sentencias arbitrarias. Herrera había sido, hasta ahora, una brumosa candidata a ocupar un lugar en la Corte Suprema. Siempre y cuando Elena Highton, maestra de Losardo, ceda a la presión oficial y abandone el tribunal por tener más de 75 años.

Es curiosa la obsesión por que se cumpla ese requisito de salida: Cristina Kirchner aprobó el pliego de Silvia Mora, la esposa del consejero de la Magistratura Ricardo Recondo, para que pueda seguir siendo jueza con más de 75 años. Esa flexibilidad alimenta la versión de que el acuerdo para Mora está en la raíz del pase de Recondo a votar con el oficialismo en el Consejo.

Más allá de estos detalles, la designación de colaboradores se ha convertido en una pesadilla para el Presidente. Desplazada Losardo, ninguna persona ligada a él cuenta con la mínima garantía de no convertirse en un fusible ante la primera turbulencia. Solo los leales a la vicepresidenta tienen derecho a la estabilidad. Hay, entonces, funcionarios de primera y de segunda. Como en el vacunatorio.

Energía

Así como Cristina Kirchner se aseguró el control de la relojería de Justicia, en los últimos meses está colonizando la sala de máquinas de otra área que para ella es estratégica: Energía. El manejo de ese rubro es crucial porque no se trata de un campo sectorial. El caudal de subsidios es tan voluminoso, que la gestión energética está en el núcleo de la administración fiscal.

Además, las importaciones de petróleo y gas llegan a niveles tan exorbitantes que comprometen las reservas monetarias y determinan, por lo tanto, la política cambiaria. Quien domina el frente energético domina la macroeconomía.

La vicepresidenta tomó para sí los organismos de control: el Enargas, a cargo de un leal como Federico Bernal, y el ENRE, que tiene al frente a Soledad Manín, también ultrakirchnerista.

En la Secretaría de Energía, Alberto Fernández entregó a Sergio Lanziani para dar lugar a Darío Martínez, aliado de Máximo Kirchner. De YPF se fue su amigo Nielsen para que llegue el diputado Pablo González, exvicegobernador de Santa Cruz.

El corazón de la gestión está definido hoy por la fijación de los cuadros tarifarios y de los precios de los combustibles, mercado en el que YPF es un agente principal.

El Ministerio de Economía realizó un estudio muy detallado sobre tarifas. Allí se identificó el costo fiscal de distintos escenarios para la tarifa del gas (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/infome_-_audiencia_publica_0.pdf ). El estudio establece que la partida presupuestaria prevista para el subsidio supone que el Estado se hace cargo del 35% del precio. El resto correría por cuenta del usuario. Esa proporción es hoy de 60% por parte del Estado y 40% por parte del usuario.

Para respetar el Presupuesto la boleta de gas promedio debería incrementarse en un 27% en verano y 35% en invierno.

Los cálculos de los subsidios deben leerse a la luz de esta premisa: para Guzmán el Presupuesto es el programa económico y, por lo tanto, la plataforma de sus negociaciones con el Fondo. Él pretende que la masa completa de subvenciones no supere el 1,7% del PBI.

Sin embargo, los funcionarios identificados con la vicepresidenta vienen planteando objeciones durísimas a la propuesta de Guzmán. Le reprochan, entre otras cosas, trasladar a los consumidores el subsidio que dispuso el Estado para la producción gas. Pero, en rigor, le recriminan que con el aumento que propone se perderían las elecciones. Cristina Kirchner es quien con mayor claridad ha expuesto este planteo, auxiliada por Axel Kicillof.

Guzmán recaudará sumas no previstas por el rebote en la actividad, el aumento del precio de la soja y el impuesto a la riqueza. Podría cumplir con sus objetivos fiscales nominales por un camino muy distinto del deseado. Él es el ministro que tiene a cargo la Energía. Pero sus subordinados no se le subordinan. Guzmán tiene estabilidad: se otorga ser el nexo con el Fondo Monetario Internacional. Pero le están pidiendo que se convierta en un Losardo. De a poco Fernández va armando un gabinete extravagante. Un gabinete de “no ministros”.

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