El expediente caliente que enfrenta a los Moyano con Marcos Galperin quedó a un paso de la sentencia
Camioneros busca impugnar en la Justicia laboral el convenio que habilitó la gestión de Macri para que Mercado Libre selle un acuerdo más flexible con el gremio de Carga y Descarga
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LA NACION
Cuatro años y dos meses después, el peregrinar de un expediente caliente quedó a un paso de la sentencia en la Justicia laboral. Se trata de la causa 12568/2020 en la que la Federación Nacional de Camioneros, encabezada por Hugo Moyano, acusa al Ministerio de Trabajo de la gestión de Cambiemos por haber homologado un convenio colectivo a medida de Mercado Libre, el gigante del comercio electrónico que creó Marcos Galperin.
La causa que enfrenta al sindicalista más poderoso del país con el empresario más exitoso, radicado desde hace ya algunos años en Uruguay, se libra en el juzgado laboral N°63, a cargo de María Alejandra D’Agnillo. La jueza fue nombrada en 2012 por Cristina Kirchner y mantiene un bajísimo y reservado perfil. “No está ideologizada ni politizada como muchos otros. Su nombramiento fue en una tanda, cuando el Poder Ejecutivo no interfería”, la definió un importante camarista del fuero.
D’Agnillo realizó en 2022 una inspección en el centro de distribución que Mercado Libre montó en Villa Madero, donde en 2019, cuando abrió sus puertas, trabajaban 70 operarios afiliados a la Unión de Carga y Descarga y hoy lo hacen 2400. Fue la única inspección que hubo, en la que pudo verificar que la empresa no cuenta con una flota de transporte propia, lo que tumbaría uno de los argumentos a los que apeló Moyano. La jueza cerró la etapa de recolección de pruebas, testimonios y alegatos, y desde el lunes pasado entró en plazo para sentencia. Corren ya los 30 días hábiles de tiempo para una definición. El expediente está en su despacho a la espera de la firma.
Hasta el momento, tanto los peritajes como los recursos presentados fueron desfavorables a los deseos de Moyano, según fuentes al tanto del expediente. Un fallo en contra del planteo que hizo el sindicalista ratificaría que Camioneros no podrá representar gremialmente a los trabajadores del depósito de Mercado Libre y despejaría de cualquier objeción el trato acordado entre la empresa y Carga y Descarga. Si el fallo es favorable, en cambio, se anularía el convenio sellado y se abre una nueva pulseada que no necesariamente beneficiaría a Moyano.
Una última instancia, en caso de que se reflote la disputa por la agremiación, sería resolver la puja por el encuadre convencional entre Camioneros y la Unión Carga y Descarga en el comité arbitral de la CGT, donde hoy Moyano no contarían con la mayoría para torcer la disputa. El comité está hoy presidido por Carlos Sueiro, jefe del Sindicato de Aduana y alineado en el ajedrez interno cegetista con el sector de los autodenominados “independientes”, cuyos referentes son Gerardo Martínez (Uocra) y los estatales Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (AySA). Los dictámenes del comité suelen ser respetados por la Secretaría de Trabajo y la Justicia laboral.
En el expediente está en juego mucho más que el encuadramiento sindical de los empleados. Por un lado, está la fantasía de Moyano de meter un pie en la compañía más exitosa del país, que está en expansión permanente, con proyectos en desarrollo para abrir nuevos centros de logística en diferentes puntos del país. También se dirime una pelea política de fondo por una reforma laboral encubierta.
Todo comenzó en julio de 2019. Enfrentado con el macrismo, Moyano fue a la Justicia para impugnar el acuerdo que habían sellado Mercado Libre y la Unión Carga y Descarga, homologado por Dante Sica, para aplicar un convenio laboral más flexible en el centro de distribución que se inauguraba en Villa Madero. “Hubo un pacto fraudulento y espurio entre el Ministerio de la Producción y Trabajo, una empresa fantasmática y un sindicato sin representación”, planteó el líder camionero en la denuncia. Los Moyano, Hugo, y sus hijos Pablo y Hugo Antonio, quienes se jactaban de haberle volteado a Mauricio Macri su plan para reformar la legislación laboral, llevaron este caso a la Justicia. Para ellos, se trató de una especie de microreforma laboral en un gremio determinado: la letra chica de aquel acuerdo establecía modificaciones en lo relativo a la jornada laboral, la creación de un banco de horas, la polifuncionalidad de tareas, la eliminación de los delegados por turno, la limitación para ejercer el derecho a huelga y la garantía de guardias mínimas para garantizar el funcionamiento de la planta.
En el depósito de Villa Madero no hubo reclamos ni quejas por las reglas, que están en regla. Daniel Vila, el jefe de la Unión Carga y Descarga que aceptó flexibilizar su convenio, no se arrepiente hoy de nada. Todo lo contrario. Exhibe con orgullo la planilla salarial de sus operarios, con salarios que van desde 890.000 a 1.550.0000 pesos, con beneficios adicionales por presentismo (un 15% extra) y por determinadas tareas. Vila reconoce que haber negociado un convenio distinto le abrió la posibilidad de ampliar su gremio, que cuenta hoy con 13.000 afiliados en todo el país. “Si la Justicia falla a favor de Camioneros no cambiaría nada porque se aplicaría el convenio madre, el 508/07″, dijo Gustavo Vila, hijo y mano derecha de Daniel. En la CGT, los Vila juegan con lo que quedó del barrionuevismo.
Los Vila conocieron en persona a Galperin hace dos semanas, cuando el empresario, escoltado por el presidente Javier Milei, anunció una inversión de US$ 75 millones para un nuevo centro de almacenamiento, en el que se emplearían a 2300 personas. Hubo un apretón de manos y una reunión reservada. De ninguna de las dos orillas dejaron trascender demasiado, aunque en Carga y Descarga advirtieron que no están de acuerdo para su actividad el proyecto de fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones que promueve el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “No sería beneficioso para nosotros porque no tenemos tanta rotación de personal”, argumentaron.
La estrategia judicial de Moyano es ejecutada por su hijo Hugo Antonio, quien ya negoció otras veces con Mercado Libre por diferentes bloqueos que hubo en algunos centros de distribución que no pertenecían a la compañía, pero almacenaban mercadería comercializada por la plataforma. Quien lleva adelante las presentaciones judiciales por parte de la empresa es Juan José Etala, un abogado laboralista muy cercano a Macri que integró una suerte de consejo asesor del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Sica.
A diferencia de otras épocas, el vínculo entre los Moyano y Mercado Libre atraviesa hoy un buen momento. No hay conflicto ni tensión, y se mantiene a rajatabla una suerte de pacto no escrito: acordaron que, de la puerta de los centros de logística hacia adentro, el gremio que seguirá mandando será el de Unión Carga y Descarga. Pero de la puerta hacia afuera, Moyano podrá avanzar con el encuadre sindical de cualquier trabajador que distribuya la mercancía. Mercado Libre, además, se comprometió a darles el servicio de la distribución a empresas de correo postal que tuviesen a sus trabajadores bajo el convenio 40/89 de los camioneros y limitó la entrega de sus paquetes a choferes autónomos y monotributistas que eran vistos como una amenaza para los Moyano, según fuentes gremiales. Da la sensación de que este pacto seguirá vigente más allá de qué lado caiga la sentencia de la jueza D´Agnillo.
Alerta por los bloqueos
Moyano (h.), en paralelo al expediente en el juzgado N°63, sigue muy de cerca la reglamentación de la letra chica de un artículo del capítulo laboral de la Ley Bases. Se trata del 94, que configura como “grave injuria laboral” los bloqueos y deja expuestos a sus responsables a ser despedidos con causa. La pulseada entre sindicalistas, empresarios y la Secretaría de Legal y Técnica de Milei es para definir si la valoración la realiza el empresario afectado o la Justicia. No está aún resuelto. Su desenlace condiciona de alguna manera la tregua pasajera que mantienen la CGT y Milei.
Las demoras en la reglamentación llevan casi dos meses y abrió una disputa inquietante en el corazón del Gobierno. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, se mostró a favor de excluir a los delegados sindicales de las eventuales sanciones por este tipo de prácticas. Apeló al argumento de la tutela sindical, un mecanismo que protege a los trabajadores que desarrollan actividad gremial impidiendo que se los suspenda, despida o modifiquen sus condiciones laborales. Sin embargo, hay un sector del oficialismo que pretende ir contra todos por considerarlo un método extorsivo, un delito. Encabeza esa cruzada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La funcionaria, que fue ministra de Trabajo durante la gestión de la Alianza, lanzó esta semana un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad contra los bloqueos sindicales. La rigidez de la medida sembró dudas en la negociación que lleva adelante Cordero con los asesores legales de la CGT.
Fuentes al tanto de las conversaciones, aseguraron que Bullrich actuó influenciada por Florencia Arietto y Verónica Lucía Razzini. Arietto es hoy senadora provincial aliada a la Libertad Avanza y asesoró como abogada penalista a empresas que sufrieron protestas sindicales de este tipo. Razzini es una empresaria rosarina que estuvo a cargo de una distribuidora de materiales de la construcción y que creó en 2021 el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo, que nació con el impulso de ocho pymes y cuenta actualmente con 63 empresas adheridas y 150 participantes activos. Razzini es hoy diputada nacional de Pro.
Después de la jugada de Bullrich, la CGT reactivó gestiones con sus interlocutores del Gobierno. Un grupo de dirigentes trasladó la inquietud al asesor presidencial Santiago Caputo y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Uno de los sindicalistas con mejor diálogo con la Casa Rosada se chocó con una sorpresa: percibió que Francos está más afuera que adentro de la gestión. “Que no te sorprenda que se vaya a una embajada importante, tal vez a la de Madrid”, dijo el experimentado sindicalista, preocupado por el futuro del ministro que construye los acuerdos políticos de Milei.
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