Eduardo Freiler intenta volver a la Cámara Federal, mientras se reactiva un diálogo que parecía imposible

El exjuez Eduardo Freiler, destituido por el Jurado de Enjuiciamiento en 2017, pidió ser repuesto en la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa los fallos de los doce juzgados federales de Comodoro Py. Fue echado por “mal desempeño”, acusado de haber acumulado un patrimonio que no pudo justificar. Según él, su remoción fue parte de un plan “sistemático de persecución y acoso” del macrismo.

Por eso, Freiler pidió que el Consejo de la Magistratura anule el trámite que terminó con su destitución y que suspenda el concurso destinado a cubrir dos vacantes en la Cámara a la que pretende volver. Se trata de un planteo al que no le auguran mucho futuro en el Consejo, donde todos están mirando ese concurso, pero con otros planes: kirchneristas y opositores reactivaron los diálogos para destrabarlo. El oficialismo tiene mayoría, pero no cuenta por sí mismo con los dos tercios necesarios para aprobar ternas de jueces.

“No está fácil. Tenemos que ponernos de acuerdo, también dentro de nuestros propios bloques”, dijo a LA NACION un consejero oficialista que relató que trabajan en un pacto de “moderados”, para acordar candidatos aceptables para todos, uno elegido por el oficialismo y el otro, por la oposición. “El problema es que de los dos lados tenemos halcones”, se sonrió. El trámite está ahora en manos de una subcomisión formada por la diputada kirchnerista Vanesa Siley y el juez Ricardo Recondo (del bloque opositor), que tiene que revisar las calificaciones después del proceso de impugnaciones. Por el momento, los números los están haciendo del lado de Siley; Recondo no muestra interés por acelerar un acuerdo. Sin embargo, los bloques ya intercambian nombres de “votables”.

Hasta la semana pasada, una deuda de Alberto Fernández hacía impensable que este concurso, el de mayor peso político que tiene para resolver el Consejo, pudiera destrabarse. “No cumplieron. Así no les podemos votar nada”, decían en la oposición, que en diciembre pasado aportó los votos necesarios para la designación en la Cámara Federal de Roberto Boico, exabogado de Cristina Kirchner, como parte de un acuerdo “más amplio”, que incluía la designación de otros jueces cuyas designaciones impulsaba por la oposición. Pasaban los meses y los nombramientos seguían frenados en la Casa Rosada hasta que el jueves pasado el Presidente envió al Senado, para su acuerdo, 25 pliegos de magistrados; incluidos varios de los “adeudados”. Si bien hay quienes se quejan de que todavía “faltan algunos”, eso reimpulsó las tratativas.

Pero el camino no está del todo allanado. El primer obstáculo que encuentra el kirchnerismo es que hay un núcleo duro en la oposición, con Pablo Tonelli (Pro) a la cabeza, que no tiene ninguna intención de acordar ahora ese concurso. En ese grupo aparece también Recondo. Pero el kirchnerismo no necesita a todo el bloque opositor, le basta con convencer a dos de los seis. “Tenemos muchas cartas, son un montón de juzgados”, dijo un oficialista que está en las conversaciones, en referencia a la gran cantidad de vacantes por cubrir; entre ellas, por ejemplo, la del juzgado federal con competencia electoral de Jujuy, sin dudas muy importante para el gobernador radical Gerardo Morales, jefe político de la senadora y consejera Silvia Giacoppo. El “gran paquete” incluye también cargos en la Cámara en lo Penal Económico, en la justicia federal de Corrientes, en los juzgados de primera instancia de Comodoro Py. “No estamos lejos de juntar nueve votos para la Cámara, pero queremos juntar 13″, se ilusiona un kirchnerista.

El segundo problema es que en la lista de los que podrían ser “votables” de los dos lados, según los diálogos preliminares, hay algunos candidatos que quedaron muy lejos de una posición expectante después de la corrección de los exámenes y la valoración de los antecedentes. Es el caso del juez penal económico Pablo Yadarola, impulsado por distintos sectores de la oposición, pero con apoyos también dentro del oficialismo, que quedó 26°. Es una situación parecida a la de Cecilia Incardona, que se sacó 90 en el examen pero 62 en antecedentes y quedó en el puesto 20° (con una ventaja, en cada una de las ternas debe entrar al menos una mujer y eso mejora sus chances). Incardona fue la fiscal de la causa donde fueron procesados los exjefes de la AFI macrista y si bien no avanzó contra Mauricio Macri ni contra su secretario privado Darío Nieto, el antecedente le genera cierta resistencia en el Pro. Con la respuesta a las impugnaciones y las entrevistas personales el ranking puede cambiar, el tema es cuánto.

La oposición, además, tiene otro elemento que la disuade de acordar: mientras no se destrabe el concurso seguirán ocupando esos cargos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Trasladados a la Cámara durante el gobierno de Macri, la Corte decidió -a instancias del kirchnerismo- que deberán irse una vez que se hayan designado sus reemplazantes.

El aviso de Irurzun

En modo optimista, el kirchnerismo empezó a hacer cálculos contemplando la posibilidad de que las vacantes a negociar en un futuro no muy lejano sean tres, confiando en que dejará la Cámara Martín Irurzun (el juez de la doctrina de las prisiones preventivas y según Cristina Kirchner, referente del “lawfare”). Con una generosidad propia de quien ofrece lo que no tiene, cuentan en la oposición que hasta hubo algún kirchnerista que ya les habló de la posibilidad de hacer un “2-1″, dejándoles elegir al reemplazo de Irurzun y a uno más.

El plan tiene un problema insalvable: el propio juez niega que esté pensando en irse. “No voy a renunciar para jubilarme”, dijo Irurzun a LA NACION. El camarista le inició incluso una demanda a la Anses cuando el organismo instó a renunciar a los funcionarios judiciales que tenían concedida la jubilación pero no la habían hecho efectiva. Además, con 69 años, a Irurzun le quedan todavía seis antes de necesitar un nuevo acuerdo del Senado para seguir en funciones.

El pedido de Freiler

Mientras tanto, Freiler pretende que el Consejo suspenda el trámite del concurso para cubrir las dos vacantes de la Cámara. Presentó la semana pasada un escrito en el Consejo de la Magistratura en el que solicitó una “investigación sobre la legalidad del procedimiento llevado a cabo en los expedientes” que dispusieron su suspensión y la apertura de su juicio político. Sostiene que entre 2015 y 2019 existió un “plan sistemático de persecución y acoso” de jueces, fiscales y funcionarios, y que él fue una de las víctimas.

Pidió la suspensión del concurso porque, de prosperar su planteo, una de las dos vacantes debería ocuparla él. El objetivo de Freiler es que el Consejo de la Magistratura, donde empezó el proceso que terminó en su destitución, promueva una acción judicial (“de lesividad”) que declare nulo aquel trámite y, en consecuencia, lo devuelva a su viejo cargo.

Cuando lo destituyó, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sostuvo que “entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de octubre de 2016 inclusive, [Freiler] efectuó egresos patrimoniales que superan sus ingresos justificados por un monto que supera la suma de veinte millones de pesos, fondos cuyo origen se desconoce”, que falseó datos en sus declaraciones juradas y que “incumplió en forma reiterada y sistemática sus obligaciones y deberes de naturaleza fiscal”.

En el Consejo de la Magistratura, dijeron a LA NACION que, por lo pronto, el planteo será incorporado dentro de la próxima reunión de labor, de la que participan todos los presidentes de las comisiones y allí decidirán qué trámite van a darle. Nadie manifestó especial apuro por tratarlo.

Un gesto para Servini

Lo que sí se va a tratar esta semana -y el kirchnerismo planea aprobar con o sin los votos de la oposición- es la designación de Juan Carlos Cubría, el hijo de la jueza federal más poderosa del país, María Romilda Servini, como secretario de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, una comisión que hoy no tiene secretario. Cubría es “planta permanente” del Consejo y en 2016 fue nombrado interinamente administrador general del Poder Judicial. Tuvo entonces un fuerte cruce con el radical Ángel Rozas, que en medio de un plenario lo acusó de haber dispuesto en 15 días unas 150 designaciones y promociones.

En 2013, Juan Cubría ya había sido nombrado secretario de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, un órgano que controla la legalidad de lo que hace el administrador. Entonces, fue designado con el apoyo de la Corte, que quería evitar que La Cámpora lograra imponer a su candidato. Aquel día, el kirchnerismo, sabiendo que perdía, prefirió faltar el bloque antes que sentarse a votar en contra del hijo de la jueza electoral.

Hoy las relaciones son otras y esta vez todo el kirchnerismo lo promueve y va a votarlo. La reunión de plenario donde planean nombrarlo será el jueves. Si bien Recondo preside la comisión de Disciplina, el oficialismo tiene la mayoría necesaria para la designación. En la oposición dicen que no avalan este nombramiento. Les tocará a ellos decidir, en pleno año electoral, cuánto quieren escenificar su resistencia.

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